A partir de 2009 dos empresas mineras trasnacionales comienzan gestiones para la instalación de proyectos extractivos de litio en territorios ancestralmente habitados por comunidades kollas y atacamas: Salar de Olaroz (departamento de Susques, Jujuy) y Salinas Grandes (límite entre Jujuy y Salta). Si bien los dos conjuntos de comunidades se encuentran geográficamente muy cercanas entre sí y presentan tradiciones culturales y contextos institucionales similares, los procesos desencadenados resultaron en respuestas divergentes respecto de la instalación de los proyectos.

Por un lado, las diez comunidades de influencia del proyecto Sales de Jujuy (Olaroz) dieron su aprobación para la explotación y la empresa se encuentra extrayendo y exportando litio desde diciembre de 2014. De esta manera, la empresa Sales de Jujuy logró cierta legitimidad que le permite funcionar e integrar marginalmente a las comunidades de Olaroz en sus operaciones. 

En contraste, en la cuenca de las Salinas Grandes y la Laguna de Guayatoyoc, las 33 comunidades que habitan el territorio ( Salinas Grandes) se opusieron al ingreso de la empresa minera South American Salars, reclamando la implementación de una consulta previa mediante un mecanismo institucional elaborado por los propios comuneros. 

A partir de la creciente demanda china y el incremento inédito del precio de las commodities en las últimas dos décadas, se produjo una revalorización de los productos primarios y del atractivo y las ventajas de su explotación para los países de la región. Con todo, este “retorno del auge de los productos primarios” coincidió con la inclusión de la protección del ambiente y el reconocimiento de derechos específicos de los pueblos indígenas en las agendas públicas. 

En la práctica, esto genera una tensión entre un marco normativo protector de los derechos indígenas y un avance de proyectos de explotación de recursos naturales en territorios ancestrales.

En consonancia con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el artículo 75 de la Constitución argentina reformada en 1994 establece la preexistencia étnica y cultural de las comunidades de pueblos originarios y el reconocimiento tanto de su personería jurídica como de la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, la Constitución respalda la participación de las comunidades de pueblos originarios en la gestión de sus recursos naturales.

Las acciones que conformaron la estrategia de las comunidades ubicadas en la cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc fueron múltiples: 1) acciones legales-judiciales, 2) acciones directas y 3) acciones de reinterpretación comunitaria. Las mismas tuvieron como propósito central impulsar el efectivo reconocimiento e implementación de sus derechos constitucionales. 

En Argentina hay 38 proyectos para explotar litio, de los cuales apenas dos están en producción. El primero comenzó en Catamarca en 1998 con la estadounidense Livent, que extrae litio del salar de Hombre Muerto. Luego ingresó el consorcio de empresas Sales de Jujuy, que desde 2015 opera en el salar de Olaroz. En 2022 ambas empresas exportaron 696 millones de dólares de carbonato de litio. Hay seis proyectos que se encuentran en etapa de construcción, el paso previo a la producción. Con esto, el gobierno estima que las exportaciones pueden septuplicarse en los próximos tres años.

"Argentina es el país que más inversión está recibiendo en el mundo", celebró en un diálogo reciente con PáginaI12 José Alioto, gerente de asuntos públicos de la minera australiana Allkem, mayoritaria con el 66,5 por ciento del consorcio que explota el Salar de Olaroz. Las otras dos socias en el emprendimiento son la japonesa Toyota Tsusho, que tiene el 25 por ciento y la estatal jujeña Jemse. A través de Jemse y por ley, la provincia de Jujuy participa con un 8,5 por ciento del proyecto, monto que estos años fue destinado en su totalidad a amortizar el capital invertido pero con la esperanza de generar pronto una ganancia.

De acuerdo al gerente de asuntos públicos, el resto de los países que conforman el triángulo del litio cuenta con regulaciones negativas para atraer inversiones por su sesgo "estatista". En cambio, destaca que las regulaciones de Argentina son hoy "muy favorables": "Es fácil en términos de permisos. Hay mucho control pero se encuentra bien planteado. Además la Ley de inversiones mineras (que rige el marco normativo de la actividad y fue sancionada en 1993) nos da estabilidad fiscal, que es clave para una inversión costosa y a tan largo plazo. Que sea federal suma, porque el gobierno provincial ayuda y tenemos un régimen de regalías razonables", concluye.

Hace pocas semanas, el presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció la Política Nacional del Litio, que pretende expandir el sector con una posición dominante del Estado y hacer foco en la industrialización. Bolivia, tanto, nacionalizó el recursos en 2008. En Argentina, en tanto, en un reciente discurso público, Cristina Fernández de Kirchner advirtió sobre aquéllos dirigentes que "se ponen contentos porque en Bolivia y en Chile han sacado legislaciones que cuidan el litio, porque dicen ‘bueno, como les tienen muchas exigencias allá, van a venir acá". Advertencia que remató con una frase que se volvió emblemática: “Qué vocación de colonia, hermano, qué vocación por volver a ser Potosí”.

Mientras que el país cuenta con un tope de regalías de 3 por ciento de boca de mina, que reportan las propias empresas, en Chile se establecen regalías a través de una tasa de comisión escalonada, progresiva y marginal, que va del 6,8 al 40 por ciento, según los distintos compuestos de litio. El desafío está en encontrar la frontera que permita recaudar lo mayor posible sin desalentar la inversión.

Mientras tanto, las exportaciones de litio continúan en ascenso. Así lo demuestran los datos de mayo de 2023, mes en que se exportaron un total de USD 60 millones, lo que implicó un crecimiento interanual del 17%, marcando el récord histórico para el mes analizado.

Al mismo tiempo, en el mes de febrero del 2023, la industria del litio alcanzó los 3.788 puestos de trabajo, siendo un crecimiento interanual del 59%, generando en un año un total de 1.406 puestos de trabajo.

Al respecto, la Secretaria de Minería, Fernanda Ávila, destacó: “Estamos trabajando junto a Sergio Massa para poder generar las condiciones necesarias para que la industria minera logre aprovechar el potencial que tiene nuestro país, siempre generando empleo en las comunidades donde se emplea e impulsando el desarrollo de los proveedores locales.”

El litio explicó el 19% de las exportaciones mineras totales en el mes de mayo y en los primeros 5 meses del año, alcanzaron los USD 369 millones, creciendo un 84% interanual. Además, las cantidades exportadas en el acumulado exhibieron un incremento del 12,3%.