La Justicia ordenó que cesen los hostigamientos y amenazas de futuros traslados contra las internas de la Unidad Nº 5, luego de las dos denuncias presentadas por hechos de violencia institucional. Así lo resolvió la jueza Hebe Marcogliese al hace lugar parcial a un recurso de habeas corpus presentado por el Servicio Público de la Defensa Penal en representación de las mujeres detenidas en el penal de pasaje Thedy al 300 bis, por hechos que investiga la fiscal Karina Bartocci. La magistrada también hizo saber a la dirección de la Unidad que "deberá extremar los recaudos para el cumplimiento de los estándares internacionales y nacionales en materia de requisa de las internas y de las visitas". Al mismo tiempo, ordenó que se realice una evaluación del estado de salud psicológico de aquellas internas que lo soliciten, para iniciar los tratamientos correspondientes. En cuando a la interna que fue trasladada a Santa Fe, sugirió que la defensa presente la petición ante la autoridad de Ejecución Penal; e instó a las partes a reunirse en una mesa de diálogo. Hoy, a las 15, Mujeres Tras las Rejas hará una radio abierta, desde la U5, con la Multisectorial contra la Violencia Institucional.

En los últimos días, las internas denunciaron al menos dos hechos de violencia, que motivaron el recurso presentado por la defensora Soledad Carrozza y la apertura de una investigación en el Ministerio Público de la Acusación. Ayer, frente a la jueza Marcogliese, dos de las mujeres privadas de su libertad expresaron la situación que atraviesan. En ese contexto plantearon temer por su vida porque "son reiterados los hechos de violencia"; y se quejaron: "¿Qué clase de recuperación es ésta?", por lo que pidieron el fin de las agresiones. La defensora habló de hechos de "violencia por parte de personal del Servicio Penitenciario hacia las internas, que fueron lesionadas". En ese contexto, denunció "provocaciones, amenazas de traslados forzosos, amedrentamientos y burlas por parte del personal policial hacia las alojadas". Por ello, pidió que ‑entre otras cosas‑ "cesen las amenazas de traslados forzosos". Aunque aclaró que no se opone a la realización de requisas, solicitó que "se efectúen de manera tal que no afecten y atenten contra la integridad física de las internas". Finalmente, pidió que la interna M.Z. regrese para su alojamiento desde la ciudad de Santa Fe a Rosario, lo que fue rechazado, con el criterio de que debe ser planteado en otra instancia.

Desde la ONG Mujeres tras las Rejas se vienen denunciando "repetidas situaciones de violencia institucional y de género", por lo que reclamaron "el debido respeto a los derechos humanos inalienables e imprescriptibles de las internas y de los menores que se encuentran dentro del penal". Se trata de los sucesos del 26 de julio y del 7 de agosto pasados. "En los últimos 15 días el Servicio Penitenciario ha accionado repetidamente con violentas requisas, en una de las cuales participó personal masculino del Grupo de Operaciones Penitenciarias, que reprimieron brutalmente, provocaron destrozos, golpearon a las internas y utilizaron gas pimienta en un sector en el que se encuentran alojados siete menores", describieron en un comunicado. Y aclararon: "No fue un episodio aislado, sino que se enmarca en una intensificación de la política represiva dentro del penal, entre las que se cuentan los traslados compulsivos e injustificados, el destrato por parte de las agentes penitenciarias, violencias hacia los familiares en los horarios de visita y acosos constantes hacia las internas. Se utiliza la figura de la requisa para generar violencia institucional y justificar traslados ilegales, por lo que se presta al accionar malicioso de los oficiales a cargo. Esto se tornó implacable en las últimas semanas y se viene dando en el marco de una intensificación de la política represiva que redunda en más violencia", denunciaron.

Desde el MPA, Bartocci aseguró que los hechos están en investigación; mientras que desde el Servicio Penitenciario, en la audiencia de ayer, se habló de lesiones del personal policial interviniente y de los posteriores traslados de algunas internas. También se refirieron a daños materiales ocasionados por las detenidas. Y aprovecharon para anunciar que en tres meses las internas podrán ser trasladadas al nuevo edificio de 27 de Febrero.