“No queremos volver a los años setenta”

La CGT filial Salta repudió ayer la represión que ejerció el gobierno de Jujuy hacia distintos sectores, un proceso que comenzó con el reclamo docente por mejoras salariales, derivó en el acople de los pueblos originarios, y en el crescendo todos los sectores confluyeron finalmente en un reclamo unánime: la derogación de la nueva Constitución jujeña y la renuncia del gobernador Gerardo Morales.

Los gremios salteños confederados se manifestaron ayer “en contra de todas las acciones anticonstitucionales que el gobernador Gerardo Morales lleva adelante impunemente en la provincia de Jujuy”. En un comunicado subrayaron que “la violencia y la represión (…) son inadmisibles en un Estado de derecho”. Acerca de las escenas de ayer en la vecina provincia, que se precipitaron en dominó luego de la jura de la Carta Magna jujeña en el Palacio Legislativo, aseguraron que “empañaron los 40 años de democracia”, y recordaron en este sentido “a diciembre de 2001 y los 38 muertos sobre Plaza de Mayo”.

“No queremos volver a los años setenta”, reflexionó Carlos Rodas, de Bancarios y secretario general de la CGT Salta al ser consultado por este medio. “Lo que vimos es repudiable, inaceptable”, calificó. “Nosotros nos solidarizamos con todos los trabajadores jujeños. El gobierno jujeño quiere mantener una falsa autoridad con violencia”, prosiguió. “Hubo muchos heridos, algunos graves, y muchas mujeres golpeadas”.

Rodas también se refirió a las declaraciones de ayer por la tarde de la dirigencia de Juntos por el Cambio sobre lo que acontecido en Jujuy. “Fueron muy graves sus declaraciones”, opinó. A su entender los dichos de Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta ubicaron los hechos de la realidad en un plano secundario. “Me resultó llamativa la ferocidad con la que actuó (ayer) el gobernador de Jujuy”, agregó. Observó que durante la represión el gobierno jujeño recurrió “a los infiltrados para tener el pretexto de hacer tamaña salvajada. Recuerda a tiempos a los que nadie quiere volver, ni los estudiantes, ni los dirigentes, ni los ciudadanos desaparecidos”, recordó. "Todo el movimiento debe estar unido y hay que analizar si amerita la intervención”, sostuvo. Finalmente, sobre una frase que se repite (“Jujuy es un laboratorio”), insistió: “es muy grave lo que ocurrió, más en un país donde costó tanto la democracia, volver a estas actitudes tan violentas, propias de los genocidas, lleva a pensar que ya no les interesa la ley y que hay una cuestión sanguinaria al reprimir”.

Rodas recordó también que en la provincia de Salta fue posible desactivar el malestar social, gracias al diálogo y la “buena predisposición del gobernador Gustavo Sáenz”. Se refirió al proyecto de ley de las diputadas Socorro Villamayor y Cristina Fiore, de regulación de la protesta social, que fue tratado de manera express entre el 30 de mayo y el 1 de junio en la Legislatura salteña. “Nosotros le expusimos nuestro rechazo", "lo entendió y nos expresó su compromiso de no suscribir normas que violentaran los derechos de los trabajadores. Ahora tenemos que sentarnos a seguir dialogando en una mesa donde estaremos los trabajadores con trabajo y, también, los trabajadores sin trabajo”, dijo en alusión a la mesa técnica de diálogo que se iniciará con trabajadores autoconvocados de educación el próximo 26 de junio.

Los secretarios generales de la Asociación Bancaria también emitieron un comunicado en repudio “a la salvaje represión” en Jujuy. “Es inaudito e intolerable que fuerzas policiales repriman con tanta osadía, crueldad e irracionalidad al propio pueblo, por el solo hecho de expresarse, reclamar y peticionar ante las autoridades”, sostuvo el comunicado que circuló por redes sociales.

La docencia autoconvocada de Salta expresó también su repudio a la violencia institucional del gobierno dictatorial de Jujuy, y convocó ayer por la tarde a movilizarse contra la represión y la violencia del gobierno de Jujuy contra todo la ciudadanía de la vecina provincia. "Consideramos imprescindible enviar nuestro más enérgico grito en favor de la democracia y de la lucha de los pueblos" y reclamaron la inmediata liberación de los compañeros y compañeras detenidxs por luchar por sus derechos.

Pedro Serrudo, secretario general de la Unión de Trabajadores Municipales (UTM) y miembro de la comisión directiva de Confederación de Trabajadores Municipales de la República Argentina (CTM), describió como “una aberración” la actitud represiva del gobierno jujeño "sobre su población y sobre los originarios”, dijo. “Fue un ataque irracional”, destacó, en línea con el análisis de otros gremios. “Los trabajadores tenemos derecho a ganar un salario que, como mínimo, se equipare al costo de la canasta básica. Estamos en contra del accionar de ayer de la policía jujeña y también de los gobierno que buscan cercenar con leyes todos nuestros derechos”, opinó. Sobre la ley salteña, denominada de convivencia ciudadana, votada hace 20 días en la Legislatura salteña y vetada parcialmente hace 10 por el gobernador Sáenz, Serrudo fue taxativo: “hay que tener cuidado, puede volver a ocurrir (por nuevos intentos normativos). Fue un ataque contra la ciudadanía y no debemos permitir esa clase de atentados”.

Wichís en la Quebrada 

Integrantes de la Unión Autónoma de Comunidades Originarias del Pilcomayo, que reúne a comunides indígenas del Pueblo Wichí, residentes en Santa Victoria Este, en el extremo noreste de la provincia de Salta, se trasladaron ayer a Tilcara, en la Quebrada de Humahuaca para participar del Inti Raymi, pero ahí se encontraron con "la situación tremenda" de los pueblos indígenas del territorio jujeño y se sumaron a la protesta "por el grave presente que atraviesan las comunidades originarias de Jujuy con la sanción de la nueva constitución provincial", informó la organización.

La Uacop recordó que la reforma de la Carta Magna jujeña "deja desprotegidas a las comunidades originarias y los territorios que ocupan", además de que "avasalla a las comunidades" con el pleno dominio y la "titularidad exclusiva de la Provincia sobre los recursos naturales, biodiversidad, recursos genéticos y demás bienes ambientales comunes existentes en su territorio”.

Otro de los comunicados en repudio por la represión sobre el pueblo jujeño, fue el del  Consejo Kolla del Ayllu Isla de Cañas de Finca Santiago (departamento Orán en la provincia de Salta). Expresó “su máximo repudio ante las expresiones de violencia a los hermanos de Jujuy, entre ellos, los hermanos kollas”. Ante la represión policial del pasado 17 de junio contra integrantes de comunidades indígenas en la intersección de las rutas nacionales 9 y 52 en Purmamarca, recordaron “que los indígenas (son) sujetos de derecho” y que no toleran “atropellos ante violaciones a derechos consagrados por la Constitución Nacional, la Declaración de Derechos Humanos de Naciones Unidas para Pueblos Indígenas (2007), el Convenio 169 y otros documentos internacionales”.

En vísperas del Inti Raymi (año nuevo indígena), consejeros y consejeras kollas del Ayllu Isla de Cañas llamaron a la unidad de los pueblos originarios para defenderse del ataque "colonial, negacionista, con resabios racistas, genocidas, terricidas, y ecocidas”. Recordaron que las políticas interculturales representan una ilusión debido a que el buen vivir se encuentra condicionado por el sistema capitalista. “Hacemos llegar nuestro profundo reconocimiento a los maloneros” afirmaron en referencia al Tercer Malón de la Paz que llegó el 17 de junio pasado a la capital jujeña buscando frenar el proceso de aprobación de la nueva Carta Magna provincial.

El Rectorado y la Comisión de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Salta expresaron su "honda preocupación" y "repudio a las brutales represiones sufridas por las comunidades indígenas y militantes sociales de Jujuy por parte del Gobierno de la vecina provincia".

La Asociación de Docentes e Investigadores de esa casa de estudios (ADIUNSa) ratificó su adhesión al paro nacional convocado por CTERA. “En Plenario de Secretarías Generales de CONADU Histórica se resolvió por unanimidad la convocatoria en solidaridad con la heroica lucha del pueblo jujeño y en repudio a la brutal represión ejecutada por la policía de la provincia de Jujuy cuyo responsable es el gobernador Gerardo Morales”, informó la ADIUNSa. 

El gremio recordó que al igual que en Salta, “la docencia provincial jujeña fue punta de lanza en una lucha salarial” a lo que se sumó el rechazo a la reforma constitucional del gobierno de Morales. “Queremos expresar nuestra preocupación por la creciente voluntad de limitar los derechos constitucional”, sostuvo en alusión al decreto 91/23 del gobierno de Salta para regular las protestas sociales mediante un protocolo y la reciente ley antipiquetes, vetada parcialmente el 9 de junio pasado. La docencia universitaria salteña y el rectorado de la universidad pública recordaron que Salta y Jujuy integran el Triángulo del litio.