“Nos SECUESTRARON”, escribió Ana Laura Arroyo en sus redes sociales no bien llegó a su casa, en la noche de ayer. Es una de les cuatro referentes de la regional jujeña de H.I.J.O.S. que fueron detenides durante la represión desaforada que desplegaron en las inmediaciones de la Legislatura local, en San Salvador de Jujuy, las fuerzas policiales de la provincia por orden del gobernador Gerardo Morales. Por ser testigas protegidas –en el marco de procesos judiciales sobre los crímenes de lesa humanidad de la última dictadura– Ana Laura y su mamá, María Eva Arroyo, fueron liberadas anoche. Por ser hipertensa, su compañera de militancia Carolina Luna, también. Aún permanece detenido Néstor “Pipo” Mendoza Ortiz, el cuarto integrante de la agrupación de derechos humanos “levantado” a golpes en la calle por la policía jujeña y depositado en el penal de Alto Comedero, al igual que otras decenas de hombres y mujeres durante todo el día de ayer. “Lo que se vive en Jujuy es una situación de violación a los derechos humanos similar a la dictadura. Esto es tierra de nadie”, denunciaron desde H.I.J.O.S. Jujuy.

Ana Laura resumió su detención en un breve posteo que publicó en su muro de Facebook para informar que ella y su mamá habían sido liberadas y agradecer “a todos los afectos y a la gente solidaria que se preocupó” por ellas. Ninguna de las tres militantes de H.I.J.O.S. recuperaron sus teléfonos celulares, que quedaron en posesión del servicio penitenciario a cargo del penal de Alto Comedero, donde permanecieron encerradas durante casi 10 horas. No obstante, Ana Laura no quiso revivir la situación en diálogo con la prensa, por el momento. A lo que había relatado su mamá ayer la joven sumó algunos detalles.

“Nos SECUESTRARON en el estacionamiento de 19 de abril casi Otero cuando estábamos resguardándonos de las balas y las piedras, totalmente indefensxs”, contó Arroyo. Su mamá narró ayer este diario que al momento de ser detenides se encontraban agachades detrás de una camioneta y que, al escuchar que les decían que eran de la agrupación de derechos  humanos, un efectivo policial ordenó a sus colegas en la regresión: “Levántenlos, son de H.I.J.O.S.”. “Digo secuestro porque nos levantaron al informarles que éramos pertenecientes a los Organismos de Derechos Humanos”, reforzó Ana Laura. Un amedrentamiento similar al que escuchó el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro en diciembre de 2001, cuando la Policía Federal lo persiguió hasta detenerlo mientras participaba de las manifestaciones en la Plaza de Mayo en protesta contra el gobierno de Fernando de la Rúa: “Este es de H.I.J.O.S., lo vamos a matar”.

Las Arroyo y otres referentes de H.I.J.O.S. se habían sumado ayer a las manifestaciones en la capital provincial en repudio a las modificaciones a la Constitución que el gobernador había impulsado, logrado aprobar y se encontraba, por esos momentos, jurando, así como también acompañando los reclamos de aumento salarial que embanderaban los gremios locales.

Ana Laura denunció que a ella la esposaron y le “tiraron agua estando arrodillada en el piso”. De ese estacionamiento, fueron llevades hasta la Legislatura. “Sin informarme por qué me detenían, ni adonde me llevaban, todo bajo gritos amenazantes, empujones e insultos. Éramos cinco mujeres y un solo hombre, Pipo, al que redujeron y patearon en el piso”.

En su breve posteo, la joven aportó que “en todo momento” les policías quisieron quitarles los teléfonos celulares para evitar que documentaran e informaran lo que ocurría. Lo lograron horas después, cuando fueron trasladades a Alto Comedero.

“Nosotras estamos bien, rememorando viejas épocas y heridas que llevamos en la familia de forma histórica. Con la misma convicción y la bronca de siempre”, concluyó Ana Laura, que es nieta de Juan Carlos “El Negro” Arroyo, militante del Peronismo Revolucionario desaparecido en octubre de 1976 cuando María Eva, su mamá, y su melliza, tenía ocho años, y de Sofía D’Andrea, detenida durante el gobierno de Isabel Perón. Las pequeñas vivieron en Bolivia, en el exilio, como refugiadas de ACNUR, pero siempre estuvieron comprometidas con el proceso de Memoria, Verdad y Justicia por los crímenes de los que ellas, su mamá y su papá fueron víctimas. Juan Carlos Arroyo estuvo secuestrado en el centro clandestino Cuatrerismo-Brigada Güemes. Su familia pudo recuperar y enterrar sus restos en el año 2009.

Las otras detenciones

Les abogades que se acercaron al Penal de Alto Comedero tardaron horas en obtener el permiso para poder ver a les detenides. “Cuando las chicas salieron nos contaron que estaban bien, en celdas de a grupos, que les dieron de comer. Pero que supieron que a detenidos de las organizaciones sociales los verdugueaban, que se burlaban, los provocaban, toda esa tortura psicológica que saben hacer muy bien la policía penitenciaria”, reprodujo Georgina Torino, militante de H.I.J.O.S. Jujuy que desde ayer está al frente de la situación y que por estos momentos se encuentra insistiendo por la liberación de “Pipo” Mendoza, uno de los alrededor de 50 varones que permanecen detenidos.

Además de las Arroyo y Luna, también fue liberada ayer Noemí Torres, una mujer de 63 años que fue “levantada” de la calle junto con su hijo, de 29; que no participaba de las protestas y que sufre graves dolencias –fue recientemente operada y lleva una bolsa de colostomía que no le fue reemplazada durante ayer, con riesgo de infección–. Entre anoche y lo que va de hoy el resto de las mujeres y los varones menores de 21 años fueron libertades. No así los hombres, cerca de 50, que permanecen detenidos. “Es una detención ilegal porque ya superó el tiempo que nos habían dicho que iban a usar para la averiguación de antecedentes”, contó torino en relación con Mendoza.

“Lo que se vive en Jujuy es una situación de violación a los derechos humanos similar a la dictadura. Estamos presentando hábeas corpus desde ayer, pero no están sirviendo. Estamos en la ilegalidad total, esto es tierra de nadie”, denunció la militante de H.I.J.O.S. Jujuy. Desde la red nacional de la agrupación de derechos humanos reclamaron “la libertad y el desprocesamiento” de todas las personas que continúan presas, el “cese de la represión y persecución” y “la vigencia de derechos y garantías para manifestantes”. Además, denunciaron que “hay personas que siguen sin aparecer”.

No se sabe de manera certera cuál es la razón que les imputan a los detenidos para mantenerlos encerrados. “Al principio nos habían leído una causa espantosa, como si fueran delincuentes todos. Después, cuando llegaron los abogados les dijeron que la causa era contravención, pero aún no está claro de qué los van a imputar. Todo es incierto porque la información la cambian todo el tiempo”, concluyó Torino.