Desde Santa Fe
La denuncia penal de la Federación de Trabajadores Municipales (Festram) para meterle presión política al intendente Emilio Jatón en su pelea con el sindicato de trabajadores municipales de Santa Fe (Asoem) terminó en el archivo. El fiscal Federico Grimberg la desestimó por “inexistencia de delito” al considerar que los hechos que el denunciante le achacó a Jatón (y hasta calificó como supuesta “violación de deberes de funcionario público”) “no se ajustan a los tipos penales” y, por lo tanto, cerró la causa.
El intendente quedó en el medio de una doble disputa gremial. Por un lado, la representación de los trabajadores a partir de que Asoem decidió desafiliarse de Festram, en un proceso que la entidad de segundo grado impugna. Y por el otro, el destino de los aportes sindicales.
En la resolución que archivó la causa, fiscal Grimberg explicó que la Municipalidad de Santa Fe al no saber a qué sindicato debía transferir los aportes promovió una “acción declarativa de certeza” ante el fuero laboral y depositó la plata en una cuenta judicial. La causa quedó a cargo de la jueza laboral de Santa Fe María Victoria Acosta (4ª nominación), quien ordenó constituir un plazo fijo de renovación automática en el Nuevo Banco de Santa Fe hasta tanto resuelva la cuestión de fondo.
Festram había denunciado a Jatón y a su gabinete por “hechos presuntamente delictivos” el 8 de mayo. La denuncia la firmó el secretario de Actas y de Administración de Festram, Germán Ocampo, con el patrocinio del penalista Alejandro Otte.
Sin embargo, el fiscal Grimberg analizó “los antecedentes del caso a la luz de la normativa penal vigente” y rechazó la denuncia de Festram por “inexistencia de delito”. “Los hechos denunciados no constituyen delito”. “No cumplen los requisitos fácticos necesarios para configurar los tipos penales mencionados” por el gremio, entre ellos la presunta “violación de deberes de funcionario público”.
“Concretamente, en el marco de un conflicto entre Festram y Asoem, ambas entidades se consideran acreedoras de los aportes sindicales que la Municipalidad de Santa Fe debe hacer mensualmente en su carácter de agente de retención”, recordó Grimberg.
“En respuesta a esta situación, el municipio inició un proceso judicial declarativo de certeza y depositó los fondos en una causa (Municipalidad de Santa Fe c/Asoem y otros s/otras diligencias)”, que tramita ante la jueza Acosta, para que “el Poder Judicial decida qué entidad debe recibir los montos en disputa”.
“De la misma causa, se desprende” que el municipio cumplió "la obligación de pago de los aportes" y los depositó "en una cuenta abierta en el Nuevo Banco de Santa Fe hasta que se resuelva la cuestión de fondo o el Ministerio de Trabajo se pronuncie sobre el conflicto sindical”.
Grimberg consideró entonces que ante “hechos que no se ajustan a los tipos penales establecidos por la legislación”, no le correspondía “intervenir” y resolvió archivar el legajo.
El gabinete de Jatón coincidió con el argumento del fiscal para cerrar la causa. “Ante la incerteza que tiene el empleador -en este caso el municipio- respecto de a quién le corresponden los aportes, se decidió -lo mismo que hizo el Concejo Municipal y la Caja de Jubilaciones- hacer una acción declarativa de certeza ante la justicia laboral consignando los aportes judicialmente”, explicó.
“Esto significa que todo ese dinero que la Municipalidad le retiene a los trabajadores y que le corresponde pagar también al empleador se deposita en una cuenta judicial, que va generando intereses porque está en plazo fijo, hasta tanto” la jueza María Victoria Acosta “decida a quién le corresponde”.
“Festram inició una medida cautelar solicitando que se ordene a la Municipalidad de Santa Fe que haga los aportes en favor de ellos”, pero la jueza Acosta “se lo negó diciendo que para ella había incerteza y, por lo tanto, había que tramitar ese juicio de declaración de certeza. Eso está apelado por Festram y aún no hay resolución judicial".
“El día que se resuelva judicialmente a quién le corresponden los aportes, ya sea Festram o Asoem, se le van a transferir los recursos, más los intereses generados por el plazo fijo” que ordenó la jueza Acosta.
