La sospecha de que en las protestas desatadas el sábado pasado contra comunidades indígenas en las rutas de Jujuy operaban infiltrados de la policía provincial tomaron fuerza a lo largo de la violenta jornada de este martes a través de numerosos videos que evidencian un modus operandi estremecedor: desde encapuchados vestidos de civil guarecidos detrás de los uniformados para tirar piedras a los manifestantes hasta camionetas sin patente llevando personas al penal de Alto Comedero, en las afueras de San Salvador, donde llegaron a estar detenidos alrededor de medio centenar de personas. 

Los videos, que son muy evidentes y no admiten segundas lecturas, se multiplicaron por decenas y pusieron de manifiesto mecanismos ilegales que recuerdan a los años más oscuros de la historia Argentina. Toda una curiosidad, por cierto, teniendo en cuenta que las protestas se generaron justamente por la disidencia con la reforma de la constitución provincial sobre la que el gobernador Gerardo Morales asegura ceñirse. No parece muy convincente de su parte sofocar lo que él juzga violaciones de la ley con el mismo mecanismo, a pesar de que la nueva Constitución (promulgada en la mañana de ayer a través de su publicación en el Boletín Oficial) le otorga nuevos instrumentos para reprimir la protesta social.

La frase “hecha la ley, hecha la trampa” tendría más sentido que nunca tan solo con ver cómo los manifestantes eran detenidos y trasladados en camionetas que no tenían la identificación de la flota policial o, en el peor de los casos, ni siquiera llevan patente identificatoria, lo cual generó desesperación entre familiares y allegados que ignoraban el destino de sus conocidos violentamente capturados. Además, en la caja trasera de esos vehículos carentes de chapa se observaron a infiltrados vestidos de civil ingresando a la cárcel de Alto Comedero. 

La certeza de que las fuerzas policiales de Jujuy trabajan con infiltrados quedó instalada además con la gran cantidad de personas apostadas junto a los uniformados que usaban gomeras para tirar cascotes o pedazos de concreto, un recurso que parece improvisado pero dista de serlo: las hondas, a los efectos de la ley, no con consideradas armas como sí los rifles con postas de goma Cuando un periodista descubrió a uno de ellos sobre el puente Gorriti lindero a la Legislatura e intentaba registrarlo, varios efectivos fueron a su encuentro con el propósito de intimidarlo para que desistiera de filmar. No lo lograron y la circulación de esa imagen fue clave para visibilizar el mecanismo. 

Como si todo esto fuera poco, en otro video tomado con desesperación por una vecina se observa a efectivos instando a personas vestidas de civil a atacar un comercio del barrio de la vieja terminal de ómnibus, el lugar donde continuaron las grescas cuando los uniformados hicieron retroceder a los manifestantes del foco inicial de conflicto, frente a la Legislatura provincial donde Morales juró la nueva Constitución. 

Las acciones cruentas e ilícitas con las que operó la policía de Gerardo Morales fueron lo más variadas, demostrando el vasto repertorio de las fuerzas represivas a la hora de pasar a la acción e infundir el medio incluso en gente que nada tuvo que ver con las protestas iniciadas en la zona de la Legislatura, sobre el margen norte del río Xibi Xibi. En ese sentido también se incluyeron allanamientos sin orden alguna, dando la sensación de que la policía ingresaba a los domicilios sin tener en claro a quién buscaban, solo con el sádico propósito de generar terror en la población rompiendo las puertas de sus casas y retirándose sin detener a nadie. Un video muestra la desesperación de una mujer después de que le agujerearan el ingreso a su casa sin explicarle el motivo de tal salvaje intrusión.

Un relevamiento de una camioneta que no tenían identificación policial pero sí patente aportó otro dato que hizo inevitable recordar un antecedente de la vinculación entre empresarios y la represión estatal en Jujuy como fue La Noche del Apagón en la que el Ingenio Ledesma de la familia Blaquier propició el secuestro de 400 personas y la desaparición de 55 de ellas: una camioneta Toyota blanca que fue vista varias veces trasladando policías y detenidos resultó ser propiedad de Marcelo Horacio Zarif, titular de Hormigx, empresa constructora adjudicataria de obra pública de la provincia bajo el gobierno de Gerardo Morales.

Poco después llegó la información de otros rodados usados con distintos fines pero a nombres de otras firmas tales como Sidera SRL, dedicada al desarrollo de obras y de desarrollo inmobiliario en Jujuy, y Agua de los Andes, empresa del estado que abastece de agua a la provincia. También aparecen camionetas del Ministerio de Desarrollo Económico y la Dirección de Administración del Gobierno, ninguna dedicada a tareas de seguridad. 

Por último, circuló la versión de que todos los afectados al operativo represivo habían cobrado un adicional de 50 mil pesos por la “buena tarea desplegada”, además del aumento salarial con mes de junio “a determinar”, toda una burla frente al mismo teclado que sin éxito vienen haciendo los docentes jujeños. El aumento, indican, también afecta al personal “técnico y administrativo”, un inciso que bien puede ser tomado como eufemismo para incluir a quienes operaron por fuera de la fuerza.