Luego de duros cruces con el ministro de Interior Aníbal Fernández, el gobernador Gerardo Morales denunció ante la justicia federal jujeña a la Gendarmería Nacional por no intervenir para desalojar los cortes de rutas que docentes, trabajadores y comunidades originarias mantienen en contra de la reforma constitucional que impulsó el mandatario provincial y que criminaliza la protesta social. "Las Fuerzas Federales no pueden intervenir en la provincia sin el armado de un Consejo. La Policía de Jujuy está actuando, nosotros no podemos hacer nada ahí", aclaró el ministro del Gabinete nacional y agregó: “No envío fuerzas especiales porque no hay necesidad". "Miente", respondió Morales. "Hay una orden de un juez federal para intervenir", dijo y amenazó con denunciarlo, tarea que luego el fiscal de Estado jujeño se encargó de concretar.
Tras la brutal represión del martes contra los manifestantes que rechazaron la reforma, el gobernador hizo un raid de acusaciones contra el gobierno nacional, el kirchnerismo y la izquierda por “la violencia” en su provincia. Después, reclamó al Gobierno nacional presencia de fuerzas federales para desalojar las rutas cortadas por trabajadores y comunidades que resisten la reforma aprobada entre gallos y medianoche.
La respuesta la dio Aníbal Fernández. "Las fuerzas federales no pueden intervenir en una provincia sin autorización previa, sin el armado de un consejo y las particularidades de la ley 24.059, pero no tengo ninguna orden", precisó en la puerta del Ministerio ante la consulta de periodistas. "El conflicto está sucediendo en Jujuy y está actuando la Policía local. ¿Por qué tienen que actuar las fuerzas federales?", se preguntó.
El ministro de Seguridad también rechazó las acusaciones por las protestas. "Lo que dice el gobernador es mentira. Miente", aseveró. "Modificaron su Constitución, hay quejas porque se hizo a una velocidad llamativa. Den las explicaciones a su pueblo. ¿Qué tengo que estar hablando yo?".
Para Aníbal Fernández, "el problema que está teniendo es que a nadie se le ocurriría inventar la sanción de una Constitución amañada a escondidas". "Cuando uno ve que estos gobernantes que se creen que se resuelven las cosas de guapo, llevándose al pueblo por delante, deteniendo gente enferma, turistas, a cualquiera que estuviera adelante", insistió.
Morales salió rápido al cruce. "Miente, hay una orden de un juez federal para intervenir", dijo. Volvió a acusar al oficialismo y la izquierda: "Quemaron la legislatura y dieron vuelta autos, la policía tuvo que intervenir, está para eso. Hay pruebas, hay cámaras", repitió. Nunca dio explicaciones, sin embargo, sobre el accionar irregular de la policía jujeña que se lanzó a la caza de pobladores en sus viviendas con autos sin identificar y metió preso a personas en el penal de Alto Comedero con acusaciones difíciles de probar. “Si no actúa, lo voy a denunciar”, vociferó.
El encargado de llevar adelante la denuncia fue el fiscal de Estado Miguel Angel Rivas. En una presentación ante el fiscal federal de turno, denunció a autoridades y funcionarios de Gendarmería Nacional por "los delitos de incumplimiento de deberes de funcionarios públicos, desobediencia judicial e inacción cómplice, previstos y penados de acuerdo al Código Penal". Y solicitó se concrete y amplíe la orden judicial, para que la Gendarmería actúe en La Quiaca, Abra Pampa, Purmamarca, Palpalá, Perico, San Pedro de Jujuy y Libertador General San Martín “donde se registran cortes de ruta totales, alterando la paz y el orden público”.
Desde Juntos por el Cambio también emprendieron contra Aníbal Fernández, para que “brinde informes sobre la situación que atravesó la provincia norteña a causa de las violentas manifestaciones, los daños a instituciones públicas y los cortes de rutas nacionales y provinciales”. La iniciativa impulsada por los diputados nacionales macristas Cristian Ritondo y Alejandro Finocchiaro, señala que “ante el evidente ataque a bienes e instituciones, que además puso en riesgo a pobladores y turistas en Jujuy, el Ministerio de Seguridad Nacional no cumplió con roles autorizados por el Poder Judicial a los efectos de asegurar la circulación. Aunque el proyecto de resolución lleva las firmas de varios
