La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, presentó y entregará al Congreso para su debate tres proyecto de ley de reforma al sistema de jubilaciones impuesto durante la dictadura de Augusto Pinochet. Su finalidad es aumentar gradualmente en seis años el aporte patronal de 10 a 15 por ciento, y deja esos fondos en manos del Estado y no de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) privadas, con la idea de aumentar un 20 por ciento el monto que cobrarán los jubilados.
Las iniciativas, que el gobierno espera se traten en el último año de mandato de la presidenta Bachelet, buscan el aumento del uno por ciento por año del actual diez por ciento del aporte de los empleadores hasta llegar a 15 por ciento en seis ejercicios, y la gestión de estos fondos estará a cargo de un ente estatal. Sin embargo, la presentación que hizo el jueves la presidenta por televisión ya recibió las primeras críticas de las poderosas AFP y de la derecha chilena, antes de que lleguen los tres proyectos al Congreso, el lunes próximo.
Este nuevo aporte de cinco por ciento se va a dividir en dos partes: un tres por ciento ingresará a una cuenta de ahorro personal y el dos por ciento restante ingresará a un fondo de ahorro colectivo. Con los recursos de la cuenta personal se complementarán las pensiones de vejez, invalidez y supervivencia, y serán heredables. A su vez, los recursos del fondo de ahorro colectivo se destinarán a tres tipos de aporte que permitirán elevar las pensiones: un primer aporte a favor de los actuales retirados del sistema de capitalización individual y de los que se retiran en los próximos años, un bono compensatorio en favor de las mujeres para que ellas perciban las mismas pensiones que los hombres a igualdad de condiciones, y un tercero que distribuye anualmente en las cuentas personales el fondo colectivo remanente en forma solidaria entre todos los afiliados que cotizaron el año anterior.
La presidenta Bachelet, citada por el Diario Financiero, sostuvo: “Hay quienes creen que sólo con el sacrificio individual de las personas se podrá mejorar las pensiones, y que las políticas públicas sólo deben preocuparse de las pensiones más bajas y no del resto de los chilenos. Pero la realidad se ha encargado de mostrar que lo que algunos prometieron hace casi 40 años (con la privatización de las jubilaciones) no era cierto para millones de chilenos”, expresó Bachelet. En marzo de este año hubo en Chile una gigantesca movilización para exigir que se modifique el sistema de pensiones privado impuesto durante la dictadura, en 1981, eliminar las AFP y sustituirlo por un sistema de seguridad social público.
Por su parte, el candidato a presidente de la oficialista Nueva Mayoría, Alejandro Guillier, salió a apoyar las reformas de la presidenta, pero agregó que se trata de un piso mínimo y mejorable, por lo que buscará hacer las indicaciones necesarias para enriquecer los proyectos en el debate en la Cámara de Diputados. Guillier, en cambió, consideró un desastre el sistema de AFP. “Hizo una promesa que no fue cumplida, y que hace que el 80 por ciento de los chilenos recibe pensiones insostenibles”, aseguró. Por último, remarcó que espera que con esta reforma ninguna pensión sea menor al salario mínimo.
Los proyectos presentados por Bachelet están divididos en tres: el primero, dirigido a la creación de un fondo de ahorro solidario, el segundo perfecciona la regulación del sistema privado actual y el último crea un consejo estatal del ahorro colectivo, que administrará el aumento de los aportes patronales. Además, la mandataria anunció que buscará presentar en 45 días un proyecto que modifica el sistema de pensiones de las Fuerzas Armadas, que hoy no tienen control estatal, y que produjeron varios escándalos recientes por cobros de grandes montos en jubilaciones por invalidez no demostradas por médicos, incluso por detenidos por delitos de lesa humanidad.
Uno de los primeros que salió a criticar las medidas fue el presidente de la Asociación de las AFP, Andrés Santa Cruz, quien aseguró: “Lo ideal era que hubiéramos tenido una reforma fruto de un acuerdo”. Luego, acusó al gobierno de crear más burocracia estatal con la creación del ente que gestionaría los fondos adicionales, que ya no estarán a cargo del sector privado. “La verdad es que alguien va a tener que pagar esto. Las AFP los hubiesen administrado (el alza del cinco por ciento) y no les costaría ni un peso a los trabajadores”, expresó Santa Cruz, aunque destacó que el aumento de los aportes de los empleadores son bienvenidas.
También salió a criticar la reforma el ex canciller de Sebastián Piñera y actual presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Alfredo Moreno, quien expresó a Radio Bío Bío su desacuerdo con la creación del ente estatal para administrar el cinco por ciento adicional de los aportes patronales. “Nos parece que no tiene sentido la creación de una nueva entidad estatal con toda una organización, con costos, cuando esos ahorros se pueden administrar en la misma manera sin ningún cargo, porque las AFP cobran un porcentaje sobre el sueldo imponible, de forma que si usted impone más, el costo adicional sería cero”, dijo Moreno.
Igual que Santa Cruz, el ex canciller de Piñera también se mostró a favor del aumento de las imposiciones con cargo a los empleadores, y expresó que es un aporte muy importante de las empresas y de los empleadores, de manera tal de mejorar las pensiones de la gente y considera que hay total disposición de las empresas para hacerlo.
