La Argentina transita un régimen de alta inflación desde mediados del año pasado. Dicha situación ha empeorado este año, alcanzando en mayo una inflación anualizada de 114,2 por ciento según la medición del Indec. Existe cierto consenso, aún desde distintas miradas ideológicas, en que el problema inflacionario no puede ser resuelto con medidas aisladas ni reactivas, sino que debe abordarse con un programa general de estabilización. 

Es que en estos niveles inflacionarios el componente inercial es muy grande y muchas variables como la tasa de interés, el tipo de cambio, los alquileres, las tarifas, los salarios y hasta los combustibles se indexan y actualizan con cierta automaticidad, con independencia de que las causas iniciales del proceso hayan concluido. Cada actualización se convierte en un nuevo motor inflacionario.

En el mismo sentido, las expectativas de los actores sociales no se construyen solo con acciones de cobertura tomando como base los “datos duros” de la inflación pasada en un régimen de alta inflación, sino que se complementan (y hasta se reemplazan) con especulaciones sobre la inflación futura y la situación económica en general. Las expectativas así construidas cobran mayor preponderancia e influencia sobre la inflación actual, dado que la mayor velocidad en los cambios en los precios hace que estos sean cada vez más sensibles a pequeños cambios en algunas variables vinculadas a los mismos.

Lo dicho, lejos de minimizar la importancia de la evolución de los precios básicos de la economía argentina como principal motor inflacionario y recordando el carácter profundamente distributivo de cada uno de ellos, intenta dar un contexto para poder analizarlos. Lo mismo sucede con cuestiones estructurales vinculadas a la escasez de divisas como la restricción externa, el endeudamiento, el excedente de pesos en relación a su demanda y a la tendencia a la dolarización, que suele resumirse bajo la expresión del sesgo bimonetario de la economía argentina. Cada uno de estos temas cobra nuevos significados y complejidades subsumidos en un régimen de alta inflación como el actual.

Estabilizar no es tarea sencilla

En un trabajo de investigación publicado el año pasado, los economistas Gabriel Palazzo, Martín Rapetti y Joaquín Waldman estudiaron 50 planes de estabilización implementados en América Latina desde los años 70. La primera y siempre provisoria conclusión es que estabilizar no es fácil y mucho menos se tiene asegurado el éxito con su sola implementación, que debe ser considerada siempre como el comienzo de un proceso largo. 

De los 50 planes estudiados, solo el 22 por ciento tuvo éxito en provocar y sostener la estabilidad. El 80 por ciento de los casos exitosos comenzaron el plan con equilibrio o superávit fiscal primario. Vale recordar que lejos de ese equilibrio, el gobierno nacional se comprometió con el Fondo Monetario Internacional a reducir el déficit primario al 1,9 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) para 2023. Según el Observatorio de Políticas Públicas de la Undav, siendo la meta comprometida con el FMI para el primer trimestre de 2023 de  441,5 mil millones de pesos, el resultado fiscal primario para ese período fue de un déficit por 689,9 mil millones de pesos, es decir un incumplimiento de 248,4 mil millones de pesos.

Por el lado de las cuentas externas, la amplia mayoría de los casos exitosos de estabilización comenzaron con superávit de la cuenta corriente. Este resulta clave, dado que, de utilizarse el tipo de cambio como ancla, el mismo se irá apreciando (dado que al comienzo la inflación continúa), provocando tensiones en el frente externo (abaratando las importaciones y encareciendo las exportaciones) que ponen en riesgo el sostenimiento del plan. Argentina, fruto de la sequía, cuenta con un déficit de la cuenta corriente de 3788 millones de dólares en 2022, mientras que el 2021 había cerrado con un superávit de 6708 millones de dólares. El primer trimestre del 2023 continua la misma tendencia arrojando, según el Observatorio de la Undav, un déficit de 1192 millones de dólares cuando en el mismo trimestre del año anterior se había registrado un superávit de 1386 millones de dólares. Es decir, una caída de 193 por ciento interanual.

Todo plan de estabilización debe contar con poder político, consenso y credibilidad, a fin de que los actores sociales confíen en que el gobierno podrá sostener el ancla cambiaria y, en caso de existir, un acuerdo de precios y salarios por el tiempo que se proponga. Por lo tanto, no es menor la comunicabilidad, el modo y los tiempos en que se realiza.

¿Quién paga los costos?

En la actual coyuntura política están en juego dos planes estabilizadores. El primero es el plan de la derecha y ultraderecha neoliberal que sostienen, con ciertos matices, que el ancla no debe ser el tipo de cambio, y que, en caso de existir, debiera ser la emisión monetaria. Pero fundamentalmente coinciden en que el tipo de cambio debe subir  hasta el punto en qué se equilibre la oferta y la demanda, sin importar cual fuera este.

Como ha quedado reiteradamente claro en diversos estudios, una fuerte devaluación provoca en la economía argentina más inflación, caída de los salarios reales, caída del PIB,  desempleo y pobreza. En realidad, lo que pretenden los planes de las derechas es que el ancla sean los salarios de las y los trabajadores y la recesión interna - el desempleo ayuda a disminuir el consumo y a disciplinar a las y los asalariados para que “acepten” la caída de sus ingresos-. De este modo, se pueden compensar los aumentos en otros componentes de los costos básicos como el tipo de cambio, las tarifas y los combustibles y se pueden de esta manera equilibrar, devaluación mediante, las cuentas fiscales y externas. Incluso los grandilocuentes anuncios de dolarización o eliminación del Banco Central sirven para provocar que, vía las expectativas, los actores sociales terminen provocando y anticipando con sus acciones de resguardo, a modo de profecía autocumplida, el escenario que se pretende como propósito de la política pública.

Por otro lado, el oficialismo y sus aliados, a sabiendas de los efectos regresivos de una brusca devaluación, buscan resistirse con diversos instrumentos a ella. Pero al mismo tiempo coinciden, también con sus matices, que si se va usar el ancla cambiaria en un plan de estabilización futuro, el tipo de cambio debería ser lo suficientemente alto al comienzo del plan para soportar la apreciación posterior generando las menores tensiones posibles en el sector externo. 

Resulta central entonces determinar cuál va a ser el nivel de salarios y tipo de cambio al inicio del plan si se pretenden repartir los costos del proceso estabilizador de un modo más justo. Asimismo, resulta imprescindible planificar como parte del programa estabilizador todos los mecanismos redistributivos con los que cuenta el Estado (retenciones, subsidios, impuestos progresivos, entre otros) a fin de poder compensar y redistribuir progresivamente los efectos iniciales de una potencial devaluación.

Un exitoso plan de estabilización suele traer consigo crecimiento económico y mejora de los salarios. Será cuestión que, estabilizada la economía, puedan construirse, gracias a más y mejor Estado, las condiciones necesarias para la realización de transformaciones profundas y estructurales que la Argentina necesita en pos de un gradual, pero sostenido proceso de desarrollo, justicia distributiva y emancipación económica.

* Docente ISFD Nº41. UNLZ FCS (CEMU). [email protected]