"Ninguna prueba desincriminó para nada a Gerardo Milman", sentenciaron los abogados de la vicepresidenta Cristina Kirchner para exigirle a la Cámara Federal porteña que se ordene el secuestro del teléfono celular del diputado de Juntos por el Cambio (JxC) en la causa que investiga el intento de asesinato del 1 de septiembre pasado. Durante una audiencia ante el tribunal de apelaciones, la querella calificó como "esencial" realizar un peritaje al celular y sostuvo que la jueza federal María Eugenia Capuchetti "no hubo velocidad ni protección sobre las pruebas".
Marcos Aldazábal y José Manuel Ubeira se extendieron durante más de una hora ante los jueces de la Sala I de la Cámara Federal, Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, en la audiencia abierta ante la negativa de la jueza Capuchetti de secuestrar el teléfono de Milman y la posterior apelación de los abogados de la vicepresidenta. El diputado del PRO y ex mano derecha de Patricia Bullrich, quedó dentro de la causa a partir de la declaración de un testigo que dijo escucharlo decir, poco antes del antentado, "Cuando la maten, voy a estar en la Costa".
Por su parte, el abogado de Milman, Manuel Barros, calificó de "excursión de pesca" la investigación al diputado, dijo que no hay motivos para que se secuestre su teléfono celular y recordó otros casos penales, como el del fallecido fiscal Alberto Nisman, cuando "se abrió el teléfono con consecuencias bastante feas, mostraron todo y no hacía a la investigación".
Cumplida esta instancia, los magistrados quedaron en condiciones de resolver el planteo, en el marco del cual cuentan ya con el dictamen del fiscal ante esa instancia, José Luis Agüero Iturbe, quien concluyó que debe ordenarse el secuestro del celular.
Para la querella de la vicepresidenta pidió avanzar en el secuestro y peritaje del celular de Milman al recordar el testimonio de Ivana Bohdziewic, ex secretaria de Milman, quien aseguró que un perito borró información de su celular y del diputado, y recomendó a la aún secretaria Carolna Gómez Mónaco comprar un nuevo aparato. Algo que, según el testimonio, ocurrió en oficinas que pertenecerían al partido de (Patricia) Bullrich.
"Realizar la prueba es imperante, el celular ya debe haberse borrado, pero esto no puede ser excusa para no realizar la prueba de todas maneras, debe intentar realizarse", indicó Alzazábal ante el tribunal y agregó que "el contexto ahora es distinto, más robusto y por eso el fiscal ahora lo pide. Milman borró su celular cuando todavía no estaba pedido el secuestro".
En cuanto a uno de los argumentos de la jueza Capuchetti para negar el secuestro, referido a los fueros de Milman como diputado, el abogado de la querella remarcó que por su condición de diputado se debe pedir autorización a la Cámara Baja, pero no es necesario un desafuero y que "la norma es clara" al respecto.
El segundo en exponer fue Ubeira, quien mantuvo las críticas contra Capuchetti al sostener que "no hubo velocidad ni protección sobre las pruebas" y que Milman "debería haber entregado su celular como diputado". "Esta causa la llevamos a remolque en contra del sistema judicial", cuestionó Ubeira.
En ese tono, el abogado de la querella lamentó que "si hubiera sido por la jueza (Capuchetti) y el fiscal (Carlos Rívolo), había tres personas llevadas a juicio. Nada más se hubiera investigado y la persona denunciante (de Milman) estaría con falso testimonio". Una parte de la causa, la que investigó a los autores materiales del atentado ya fue elevada a juicio, mientras que la querella de la vicepresidenta intenta que se avance sobre los autores intelectuales.
La querella también reclamó a la Cámara que revoque otra decisión de Capuchetti, vinculada a un límite temporal que se fijó para peritar el teléfono celular la asesora de Milman, Carolina López Mónaco.
La audiencia cerró con la exposición del defensor de Milman, Barros, quien se presentó en la causa a principios de este mes y pidió participar. "Todo lo que dicen acá no me da un elemento objetivo que pueda hablar de participación de Milman", consideró el defensor del diputado del PRO y recordó que la fiscalía del caso dispuso un entrecruzamiento de llamadas que incluyó los teléfonos de los tres detenidos por el atentado, Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo, con otros números, el de Milman incluido, y dio como resultado que "no hubo cruces entre ellos".
Tras escuchar a las partes los jueces quedaron en condiciones de resolver, al contar ya también con un dictamen del fiscal ante esa instancia, José Luis Agüero Iturbe, quien sostuvo que debe secuestrarse el teléfono celular.
"No existe otra vía alternativa para obtener la información de su celular y determinar la intervención o no del señor Milman. Esta intervención, como bien recuerda mi colega de grado, fue abonada por la querella y marcada por las testimoniales indicadas", sostuvo el representante del Ministerio Público Fiscal.
La denominada "pista Milman" se inauguró el 23 de septiembre pasado: esa tarde un asesor del Frente de Todos (FdT) en la Cámara de Diputados, Jorge Abello, se presentó ante la jueza Capuchetti y dijo que había escuchado al legislador opositor referirse al atentado antes de que ocurriera.
