Este último 3J, en la octava movilización de Ni Una Menos, organizaciones por los derechos de familias monomarentales confirmaron que siete de cada diez progenitores  incumplen con la cuota alimentaria. El lema “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos” volvió a desnudar la violencia de género implícita en ese acto de negación que los varones deudores infinidad de veces enmascaran con autovictimizaciones, evasivas, amenazas y reproches culpabilizantes hacia las madres cuidadoras. Pero sigue siendo en los territorios donde se para de manos la falta de cumplimiento de la cuota alimentaria, y atraviesa cada realidad narrada por mujeres madres separadas de los progenitores de sus hijxs. En busca de articulaciones institucionales que simplifiquen la llegada a ese derecho básico, la Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia, uno de los organismos que absorben las demandas de los segmentos más vulnerables de la población, presentó esta semana en el Congreso las “Propuestas legislativas para el Acceso al derecho de cuota alimentaria de niños, niñas y adolescentes”, un conjunto de herramientas específicas que asiste y “pone el eje en la naturaleza urgente del alimento y su prelación jurídica, cuya tutela normativa tiene reconocimiento y jerarquía transnacional”.

“La falta de cumplimiento de la obligación alimentaria es un problema estructural, colectivo, transversal a todos los sectores sociales y económicos, y de carácter federal. Por eso decidimos que además de trabajar en el territorio el caso a caso, acompañar a cada madre, a cada jefa de hogar, a cada mujer que padezca este problema, también teníamos la obligación de promover reformas legislativas”, explica la abogada y docente Gabriela Carpineti, directora del organismo que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en función de oficina de proximidad, con anclaje territorial y lógica descentralizada. “Las reformas legislativas justamente se producen cuando el Estado entiende que el caso particular no es aislado ni individual -subraya-, sino que tiene determinados patrones que hacen que se repita esa problemática.”

Caracterizado el problema, abordado territorialmente el caso a caso, habiendo desplegado una política de asesoramiento legal, psicosocial, de acompañamiento, de promoción e incidencia en las demandas judiciales, detalla Carpineti, de trabajo con los ministerios públicos de la Defensa y con otras áreas de género y niñeces de la órbita municipal y provincial, este miércoles se presentaron los proyectos de ley de “Patrocinio Jurídico gratuito y universal”, para quienes no estén en condiciones de afrontar económicamente un litigio, y que no se circunscribe exclusivamente a las demandas por alimentos; de “Reforma del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Régimen de alimentos”, para agilizar procesos y flexibilizar exigencias que impiden el acceso de niños, niñas y adolescentes al derecho de la prestación alimentaria, y la “Ley de creación del Fondo de Asistencia de Cuota Alimentaria”, que dependa del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (MMGYD), y pueda financiarse con fondos del propio sistema judicial.

A la jornada de presentación de las propuestas, junto con la funcionaria asistieron Estela Díaz, ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires, lxs diputadxs nacionalxs Natalia Zaracho y Daniel Arroyo, la secretaria de Gestión de Transporte, Jimena López; la socióloga e investigadora Luci Cavallero, del colectivo NiUnaMenos, la socióloga Victoria Freire, de Mala Junta, Karina Herrera, de la Red Federal de Familias Monomarentales, y Sabrina Cartabia Groba, jefa de Gabinete de la Subsecretaría de políticas de género y diversidad sexual del ministerio que conduce Estela Díaz. Precisamente, fue el informe “Incumplimiento de la obligación alimentaria en la provincia de Buenos Aires: un problema estructural que profundiza las desigualdades de género”, elaborado por ese organismo en 2022, que dio cuenta de la necesidad de una intervención desde los diferentes niveles del Estado y la búsqueda de soluciones estructurales a esta demanda.

“El estudio se basó en información obtenida por medio de una encuesta de la que participaron más de 6mil mujeres en los 135 municipios de la Provincia de Buenos Aires, y de entrevistas a informantes clave, como jueces, profesionales del Derecho, responsables de áreas de género municipales, funcionarixs de organismos de protección de la niñez, referentas territoriales y mujeres y sus hijxs”, describe Cartabia Groba.

“Con estos elementos construimos un diagnóstico sobre la problemática y descubrimos que la respuesta institucional existente, es decir la judicialización, está repleta de obstáculos y vallados que desgastan a las mujeres que reclaman y a sus hijxs, haciendo prácticamente imposible lograr una solución rápida y sencilla para que los padres cumplan con sus deberes”, advierte. “Como somos parte del Estado y nuestra obligación es resolver los problemas del pueblo y no sólo darles visibilidad, elaboramos un plan de acción que fue publicado junto con el informe que tiene más de 30 medidas, algunas centradas en la reforma procesal. Esta presentación es un paso muy importante porque recoge gran parte de las reformas propuestas.”

Durante el encuentro se remarcó la necesidad de que la ley procesal de la Nación sea extendible a todas las provincias y habilite un esquema sumarísimo, casi cautelar, para el proceso alimentario, que impida “patear el cumplimiento” hacia adelante, y que impulse a las partes a acordar alimentos lo antes posible. “Actualmente, el sistema ineficaz y discriminatorio en el acceso a la Justicia genera el empobrecimiento de las mujeres y sus hijxs, apañando y promoviendo el incumplimiento”, sostiene Cartabia Groba. “Los padres incumplidores y sus abogados saben bien que los procesos judiciales se pueden demorar muchos años, y utilizan estrategias dilatorias para no pagar. Las sanciones existentes son insuficientes y los registros de deudores alimentarios provinciales tienen una efectividad muy reducida para lograr el pago. Esto incentiva la violencia económica, ya que la institucionalidad no toma medidas firmes que den un mensaje claro de intolerancia al incumplimiento.”

Bajo las capas de estas violencias se va construyendo el piso de tolerancia social al incumplimiento, de ahí su proporción gravosa de los 7 de cada 10 progenitores mencionados al comienzo de esta nota, desligados de la responsabilidad cuando se termina la relación de pareja. Y que afecta de manera dramática la autonomía económica de las madres, que se endeudan para poder criar a sus hijxs. Poder modificar los códigos Procesal Civil y Comercial, entonces, se convierte en un acto sustancial, precisa Cartabia Groba. "El objetivo principal que perseguimos es facilitar y acelerar el proceso para que desde el Poder Judicial se dé una respuesta rápida que desincentive el litigio y les deje bien claro a los padres que no hay más opción que la de cumplir. La maternidad no puede ser un ancla a la pobreza. Estamos condenado a lxs niñxs a una vida de escasez y eso tiene consecuencias a futuro. No podemos pensar la creciente pobreza infantil sin atender a este tema." 

Cuestiones que van al hueso personal y político de una inequidad que no para de escalar, y que en el patrocinio jurídico gratuito y universal encontrarían una vía posible hasta alcanzar el anhelado principio de igualdad material.  “Un derecho que tiene que ser gratuito y garantizado por el Estado para poder ejercer la tutela judicial efectiva”, advierte Carpineti.

“Uno de los principales obstáculos al que se enfrentan las jefas de hogar a la hora de reclamar la cuota alimentaria, es cuando no lograron resolverlo en instancias prejudiciales e ingresan en el sistema judicial. Y eso tiene costos. Pero no tener plata para pagar unx abogadx no puede ser un impedimento para acceder a un derecho fundamental como el de la cuota alimentaria”, concluye. “Por eso el Estado tiene que hacerse cargo de brindar patrocinio jurídico gratuito a aquellas mujeres, madres y jefas de hogar que no puedan resolverlo con sus propios medios.”