“Trabajamos en un proyecto de ley que promueve la industrialización del litio”, afirmó la Secretaria de Asuntos Estratégicos, Mercedes Marcó del Pont, durante una reunión sobre desarrollo de vectores productivos estratégicos llevada a cabo el viernes en Casa Rosada. “El objetivo de la iniciativa es torcer la inercia de las reglas de juego vigentes. De lo contrario se cristalizará un extractivismo que profundizará la primarización de las exportaciones”, expresó.
Bajo el orden constitucional argentino vigente son las provincias las que tienen el dominio sobre los recursos mineros existentes en su territorio. La regulación es bastante escasa, se guía por lo establecido en el Código Minero de 1997 firmado con la llegada de la mega-minería al país. El Código exige el pago de una módica regalía del 3 por ciento del valor declarado por la minera en la boca de pozo, ni siquiera sobre el precio de venta del mineral en el mercado internacional.
Las provincias no tienen mayores incentivos más allá de fomentar el extractivismo y tampoco les interesa velar por la sostenibilidad de los proyectos extractivos. En este contexto el gobierno busca avanzar con un proyecto de ley que permita dar un paso más allá en el camino hacia el desarrollo. “No podemos perder claridad frente a lo que sucede a nivel global, el litio es un recurso natural crítico que el mundo demanda con avidez por las necesidades que impone la transición energética. La forma de pararnos frente a esta situación no son más que dos: extractivismo o industrialización, esos son los dos proyectos que están en discusión en nuestro país”, aseguró Marcó del Pont.
Actualmente Jujuy es un terreno de disputas por la regulación del litio. Impidiendo el derecho a cortar rutas u otros medios de protesta mediante la reforma constitucional, se anula una herramienta para exigir de parte otros sujetos, por ejemplo, la sustentabilidad de las técnicas. En Catamarca, Salta y Jujuy se extrae litio mediante la evaporación del agua de los salares que involucra cuantiosos volumenes de recursos hídricos y que en su separación de la salmuera genera residuos (sales impuras de sodio, magnesio y calcio) que no está claro cómo vuelven al ambiente.
La industrialización del litio es relativamente sencilla porque Argentina produce principalmente carbonato de litio (y en menor medida cloruro), que es uno de los productos primarios en la cadena de valor del metal, a partir de una reacción química con carbonato de sodio.
Las baterías de ion-litio son de tipo recargables y abastecen a distintas industrias, entre las que se destaca la electromovilidad porque se integran en la producción de vehículos eléctricos o híbridos. Por ese motivo, el principal demandante del carbonato de litio que se produce en Argentina y en otros lugares del mundo es China. Las baterías también se usan en la industria de las telecomunicaciones, para el almacenamiento en celulares, computadoras portátiles, tablets y cámaras. Para equipamiento médico, baterías de arranque de vehículos a combustión, auto-elevadores industriales, agujereadoras, taladros, etc. Argentina no tiene actualmente un regimen normativo que estimule la integración vertical en la cadena de valor del litio y derive, aguas abajo, en la promoción de alguna de las industrias mencionadas. Esto es primordial así como minimizar las consecuencias ambientales.
"Es necesario fomentar el desarrollo industrial aguas abajo, promoviendo la creación de empleo de calidad y el desarrollo territorial armónico. Si Argentina deja pasar esta oportunidad, corre un riesgo certero de desindustrializarse, empezando por el sector automotriz. Si no hacemos baterías no hay forma que podamos sostener una industria automotriz competitiva y con integración nacional. Argentina tiene la capacidad humanas, tecnológicas e industriales para encarar este desafío", remarcó Marcó Del Pont.
