Mientras las comunidades indígenas se mantienen firmes en los cortes de ruta, sobre todo en la zona de la Puna de la provincia de Jujuy, el Ministerio Público de la Acusación rompió el mutismo que venía manteniendo desde que comenzó la represión a las protestas e informó, por primera vez, sobre la situación de las personas detenidas en Purmamarca y en la capital provincial.
Según informó el organismo, imputó a 90 personas "por los incidentes ocurridos en Purmamarca el sábado 17 y el martes 20, en la Legislatura Provincial, barrio Gorriti, el Ascensor Urbano y en Mariano Moreno". El Ministerio Público de la Acusación (MPA) también detalló que las causas están a cargo de tres fiscales: Walter Rondón, Diego Funes y Rodrigo Fernández Ríos. También precisó lo que ya se sabía a través de familiares y militantes sociales: que todas estas personas recuperaron finalmente sus libertades.
Las comunidades indígenas que mantienen el corte en la rotonda de Purmamarca, donde se cruzan las rutas nacionales 52 y 9, ratificaron ayer, en conferencia de prensa, que continuarán en la medida de fuerza, reclamando la caída de la Constitución reformada a instancias del gobernador Gerardo Morales y que limita sus derechos. Este punto es estratégico, porque pasan por ahí las dos rutas que conducen a los pasos internacionales con Chile y Bolivia. Es el camino que recorren los camiones que llevan insumos a las mineras y sacan el litio.
Más lejos, en La Quiaca, la última población jujeña antes de pasar a Bolivia, se mantiene el corte de ruta más duro, en el que participan en su mayoría comunidades del departamento Yavi, además de organizaciones sociales y trabajadores docentes.
El Ministerio Público fiscal de Jujuy habló de "incidentes", ocurridos el sábado 17 en el corte de Purmamarca, cuando la Policía de la provincia reprimió por dos horas, dejó una larga lista de personas heridas y lesionadas, y detuvo a otras 16. El MPA no habló de estos hechos de represión, en cambio, sostuvo que "hubo destrozos en carteles de señalización y en las vías del ferrocarril, hubo agresiones contra el personal policial", y por eso "fueron imputadas 25 personas" por los delitos de entorpecimiento de transportes y servicios, daños a bienes de uso público, resistencia a la autoridad, lesiones leves doblemente agravadas (46 hechos), lesiones graves doblemente agravadas.
Por la represión del martes 20 de junio, en la ciudad de San Salvador, cuando se juró la resistida nueva Constitución, el Ministerio de la Acusación imputó a 65 personas por atentado a la autoridad, resistencia a la autoridad, lesiones leves doblemente agravadas, daños, daños a bienes de uso público, estragos, entorpecimiento funcional y entorpecimiento de transporte terrestre.
Según explicó, ese día hubo "un intento de impedir la actividad de la Convención Constituyente", hubo un "enfrentamiento" con policías, hubo "destrozos e incendio en el Anexo Subsuelo de la Legislatura, que resultaron en la destrucción de mobiliario y elementos informáticos, poniendo en peligro archivos y la Biblioteca de la Legislatura"; hubo "daños en seis vehículos", mencionó otra vez "el enfrentamiento con personal policial", que terminó con "46 efectivos lesionados" y además hubo "destrozos en locales comerciales ubicados en la esquina de las calles Dorrego y José de la Iglesia, en el barrio Gorriti; y los daños en el Ascensor Urbano y en el edificio de Radio Visión Jujuy".
El MPA no lo dijo, pero otro organismo estatal, el SAME, informó que entre las personas que se manifestaban hubo 170 heridas y lesionadas, y circularon videos tomados por ocasionales testigues en los que se ve a policías dañando comercios en la ciudad.
Agresiones, violación de la defensa
Por otro lado, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura informó ayer que recibió testimonios de golpes y maltratos de parte de policías al momento de detener a manifestantes; relevó a personas por balas de goma, "tanto en el rostro, como en el torso y piernas", y también constató que hubo dificultades para la defensa, entre otras cuestiones, por la falta de información.
El Comité visitó la provincia, desde el 21 al 23 de junio. También se reunió con el gobernador Gerardo Morales, "a quien se le informó las alegaciones recibidas y la necesidad de realizar una investigación eficaz sobre la actuación policial", informó el organismo. Recordó que además, reiteró las "recomendaciones sobre el uso de la fuerza en consonancia con los pronunciamientos de organismos internacionales de DDHH".
El Comité indicó que verificó las condiciones de detención en el penal de Alto Comedero, donde "se relevaron algunas dificultades en el ejercicio efectivo de la defensa, tales como la falta de comunicación de los motivos de la detención y el acceso lento a los legajos de investigación". La delegación del Comité entrevistó asimismo "a personas heridas, algunas graves", que permanecían internadas en el Hospital Pablo Soria.
En Purmamarca, el Comité relevó a personas heridas durante la represión del sábado 17 de junio, y registró "necesidades de atención en salud física y mental, lo que debe ser llevado a cabo por instituciones que gocen de la confianza de la comunidad, ya que se recibieron alegaciones de mucho temor por falsas informaciones", indicó.
El organismo detalló que entrevistó "a la totalidad de las personas que se encontraban privadas de su libertad en el penal de Alto Comedero el día 21 de junio, que en ese momento ascendía a 60 personas (46 varones, 9 mujeres y 5 jóvenes adultos)" y que "al finalizar la visita del Comité, se dispuso la libertad de todas ellas", lo que ocurrió en la noche de anteayer, 22 de junio.
El Comité también se reunió con organizaciones sociales y referentes de pueblos indígenas, con la defensora General de Jujuy Ivonne Haquim y el fiscal General Sergio Lello Sánchez, con el objetivo de "recabar información y recomendar cursos de acción en el ámbito de sus competencias".
Por otra parte, una delegación de la Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos, integrada por referentes sociales, políticos y sindicales, llegó ayer a Jujuy con el objetivo de relevar las violaciones de derechos en las represiones de la policía jujeña.
"Lo que ya hemos visto es de extrema gravedad y no hay nada que pueda negar lo que está filmado", sostuvo Alicia Montoya, coordinadora de la Misión, en una conferencia de prensa. Anunció que tomarán testimonios a personas que sufrieron esta represión con el fin de elaborar un informe y presentar denuncias penales.
La coordinadora adelantó que el lunes próximo tienen previsto entregar un informe preliminar, que será remitido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Integrantes de la Misión invitaron a las personas que fueron víctimas de la represión a acercarse a presentar sus denuncias.
"Lo que decimos nosotros siempre es que no nos pueden parar con el miedo, tenemos que hacerlo visible, es la única forma de que esto pare, que la Constitución sea bajada", sostuvo Lorena de la Cruz, de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi).
