Página/12 en Panamá

Desde ciudad de Panamá

Lucía era una adolescente de 13 años cuando en 2011 pudo abortar con el acompañamiento de un equipo médico de un centro de salud del sur de la Ciudad de Buenos Aires. “Hoy Lucía tiene 25 años y nos trae a otras mujeres de su barrio que necesitan un aborto o cualquier otro cuidado para su salud”, contó Viviana Mazur, especialista en medicina general y familiar, que trabaja en uno de los centros porteños de atención primaria que garantizan la interrupción legal (ILE) y voluntaria de embarazo (IVE) en CABA. 

Muchas mujeres que reciben “un trato amoroso” en una consulta pueden ser la puerta de ingreso a la atención en salud de sus vecinas”, destacó Mazur. Luego de ser acompañada en la ILE, Lucía se siguió atendiendo en el mismo centro de salud. Y a la primera mujer que llevó fue a su mamá, que tenía casi 40 años y nunca se había hecho un Papanicolau. Mazur fue una de las expositoras argentinas de la VII Conferencia Regional por el derecho al aborto que organiza el Consorcio latinoaméricano contra el Aborto Inseguro (CLACAI), que se desarrolló a lo largo de dos días en la ciudad de Panamá, con la participación de cientos de organizaciones, profesionales de la salud, abogadas, periodistas y activistas para compartir experiencias, buenas prácticas, celebrar avances y analizar los obstáculos que persisten –en las normas y en las prácticas– para garantizar la interrupción del embarazo en latinoamérica y el Caribe.

Mazur puso el acento en la importancia del “aborto autogestionado” por las usuarias con pastillas, con acompañamiento desde centros de salud en los barrios. De las casi 10 mil ILE/IVE registradas en 2022 en el sistema de salud pública en CABA, el 85 por ciento se garantizó en el primer nivel de atención, es decir, sin necesidad de recurrir a un hospital, contó.

La marea verde

En la región, Argentina es uno de los países que se destaca por una normativa en línea con los estándares de la Organización Mundial de la Salud, pero todavía hay otros, como Honduras, Nicaragua, El Salvador, República Dominicana, Haití, Surinam y Jamaica, donde no se puede abortar aunque el embarazo sea producto de una violación, el feto tenga malformaciones o la vida de la mujer corra riesgo por la continuación de una gestación, de acuerdo al relevamiento Centro de Derechos Reproductivos. Solo diez naciones en el mundo prohíben de manera absoluta el aborto: la mayoría están en Latinoamérica y el Caribe.

Los contrastes son evidentes: en países como Guatemala, Perú, Costa Rica, Venezuela y Paraguay, las legislaciones son más restrictivas y se imponen muchas veces, trabas ilegales para el acceso a un aborto.

En cambio, en los últimos dos años en Argentina, por ejemplo, se duplicó la cantidad de efectores en el sector público que garantizan las prácticas de IVE/ILE en todo el país, según informó a Página/12 la directora del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, Valeria Isla, que fue parte del panel de cierre de la Conferencia Regional: de 903 efectores cuando se sancionó la Ley 27.610, en diciembre de 2020, se llegó a 1793 a fines de 2022. Solo en CABA hay 65 servicios en el sector público que garantizan la atención de abortos. Provincias que hace dos años contaban con muy pocos lugares en el sector público para atender la demanda de una IVE o ILE han ido ampliando la oferta, destacó la funcionaria. Uno de los casos más notables es el de Formosa que pasó de 2 efectores a 32, lo que significa un incremento de 1500 por ciento. Otras provincias que también tenían escasa oferta de servicios en el sector público también muestran mejoras como Catamarca, donde se pasó de 2 a 18; Corrientes, de 5 a 25; La Rioja, de 8 a 33; y San Juan, de 5 a 14. En el territorio bonaerense, con una política pública que garantiza la práctica, ya hay 549 centros de salud y hospitales para IVE/ILE.

Leyes y sombras

“América Latina avanzó significativamente en las regulaciones del aborto pero algunos países de la región todavía lo prohíben”, explicó la colombiana Sonia Ariza Navarrete, coordinadora de la iniciativa La Salud Reproductiva es Vital de CLACAI, al hablar en el marco de la Conferencia Regional sobre el estudio “Leyes y Sombras. Las regulaciones de aborto en América Latina y el Caribe”. Se trata del primer informe que reúne, analiza y compara las leyes, protocolos y regulaciones del aborto en 16 países de América Latina y que puede consultarse a través de una plataforma web en este sitio.

Una de las conclusiones que se desprenden del informe es que no basta con mirar el modelo de regulación, es decir, la letra grande de la ley sino también la “letra chica” como protocolos sanitarios, resoluciones ministeriales e incluso los códigos civiles, entre otras normas.

“La letra chica juega un papel central en términos del acceso al aborto seguro, y también en las posibilidades que tienen las políticas públicas, los activismos y los servicios de salud de diseñar estrategias de atención de calidad y centradas en las personas”, sostuvo Navarrete, una de las autoras de este estudio.

El aborto autogestionado, por ejemplo, sólo se permite expresamente en Argentina y Colombia. Sin embargo, en ambos países es necesario contar con una receta para acceder a la medicación, “lo que disminuye la disponibilidad de este tipo de aborto”, advierte el estudio. En México, en cambio, el misoprostol no requiere receta para su venta.

"La evidencia no deja de acumularse acerca de la seguridad del aborto con pastillas, sin embargo, aún muchas normas restringen de distintas maneras su uso. ¿Por qué? ¿Cuáles serían las razones públicas que pueden sostener este tipo de requisitos obsoletos?", se preguntó la abogada argentina Agustina Ramón Michel, coautora del estudio.

"Argentina cuidó la letra chica de la ley gracias a la acumulación de experiencias y al trabajo conjunto con profesionales de la salud", destacó Ramón Michel, coordinadora de la red jurídica de Clacai.

En Panamá, donde se realizó la Conferencia de CLACAI, también se reconocen las causales de violación y salud --como en Argentina--, pero en el primer caso debe ser solicitado antes de las 8 semanas de gestación, lo que implica un claro obstáculo porque sobretodo cuando se trata de niñas que han sido abusadas sexualmente, la gestación se suele detectar más allá de ese límite. Y si es un aborto terapéutico, debe hacerse antes de las 22. Catorce por ciento de los nacimientos, en Panamá, corresponden a niñas forzadas a ser madres.

En este contexto, la marea verde espera con expectativa el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de Beatriz contra el Estado de El Salvador, porque será la primera vez que se pronuncie sobre el aborto y en particular sobre la criminalización. Este fue otro de los temas que se debatieron en la Conferencia Regional. El pronunciamiento de la Corte-IDH podría dictarse hacia fin de año y ser la puerta para la despenalización en los países que todavía restringen el derecho al aborto. La sentencia puede establecer estándares acerca de las medidas que los Estados deben adoptar para que las mujeres y otras personas gestantes tengan acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva adecuados para resguardar sus derechos a la salud y a la vida.