En el marco de las denuncias recibidas durante las visitas realizadas a Jujuy la semana pasada, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación pidió a la Justicia que inicie una investigación penal de forma urgente sobre el accionar de las fuerzas de seguridad provinciales en la feroz represión contra manifestantes.

En diálogo con AM750, el director Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional de dicha cartera, Mariano Przybylski, contó que estuvieron presentes en la provincia junto al titular de la Secretaría, Horacio Pietragalla Corti, y visitaron a las personas detenidas en los hospitales y en los distintos cortes. "El panorama que encontramos es grave", señaló el funcionario.

"Hay un uso excesivo de la fuerza por parte de la policía de Jujuy. Todo esto nos trajo el recuerdo del maestro (Carlos) Fuentealba en Neuquén, en una represión contra docentes", remarcó.

En este sentido, señaló que, luego de lo visto, "la disposición de Horacio Pietragalla fue hacer una denuncia penal con todas las denuncias recibidas allí".

"Nosotros decidimos que la denuncia también sea muy concreta y cada hecho que nosotros denunciamos está tanto en fotos como en videos, por lo que nadie puede mirar hacia otro lado. Hemos visto personas de civil infiltradas que tiraban piedras y luego se daban vuelta y detenían gente", agregó.

Además, comparó la "metodología" con la aplicada por la fuerza policial del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en las manifestaciones de 2017 en contra de la reforma previsional.

Por úlitmo, aclaró que la denuncia fue presentada ante la Justicia provincial, "aunque muchas expectativas no tenemos porque sabemos cómo funciona el Poder Judicial en Jujuy".

"Nosotros, como Estado nacional, denunciamos al gobierno de Jujuy porque para los organismos internacionales como la ONU la responsabilidad es de Argentina", concluyó.

La denuncia se suma al hábeas corpus presentado ante la Justicia local por la Secretaría para frenar la violenta represión y para que se garantice el derecho a la protesta. A partir de ese pedido, el juez Jorge Zurueta solicitó a la policía de la provincia que se abstenga de hacer un uso desmedido de la fuerza contra manifestantes y llamó al gobierno de Gerardo Morales a iniciar una instancia de mediación, que hasta el momento no fue cumplida.