La vuelta a “foja cero” resultó una puesta en escena

Se suponía que todo volvería a “foja cero”, según anunció Mauricio Macri para atajar el revuelo por el acuerdo para condonarle el 98,8 por ciento de la deuda con el Estado al Correo Argentino. Pero el día que los abogados oficiales debían presentarse en la Cámara Comercial para reformular ese pacto con la empresa de la familia Macri, apenas dejaron un papel en la mesa de entradas y se fueron. Pareció un chiste, porque ellos mismos habían requerido la audiencia. El escrito pedía suspender los plazos del trámite judicial por 120 días, un artilugio para hacer tiempo, para que la firma siguiera sin pagar su deuda de 4000 millones de pesos, evitar la quiebra -capaz de afectar a las empresas controlantes, Socma y Sideco, del Grupo Macri– y desinflar el tema en los medios en los meses de batalla electoral. Aquella presentación fue el 16 de marzo. Lo más increíble es que, a fuerza de rebusques dilatorios, y sin que el tribunal resolviera jamás ese planteo, desde entonces pasaron semanas, y meses. Si se cuentan días corridos, los 120 se cumplieron el 14 de julio. Si son días hábiles (nunca se especificó la modalidad), se cumplirán el mes que viene. Cada vez es más evidente que cuando el Gobierno dijo que estaba dispuesto a asumir el supuesto “error” estaba montando una puesta en escena a la que el Poder Judicial, una vez más, le hizo el juego. 

El caso del Correo tenía y tiene todos los ingredientes para ser un escándalo de gran impacto político para el Gobierno, cuyos efectos se ha esmerado en amortiguar, con ayuda del comportamiento funcional de la justicia comercial. Más aún, todo colabora con lo que hizo la empresa desde que entró en concurso de acreedores: durante casi 16 años apostó a postergar un acuerdo para pagar su deuda; el Estado venía rechazando sus propuestas, por resultar inconvenientes, pero todo cambió cuando Macri llegó al poder y los representantes legales del Gobierno acordaron una fórmula en beneficio de la empresa de su familia, condonándole casi la totalidad de lo adeudado. La fiscal Gabriela Boquín, quien detectó la maniobra, calificó el acuerdo como “abusivo” y “ruinoso” para las arcas públicas. Sus dictámenes frenaron la posibilidad de que se convirtiera en un hecho. El Presidente, al verse compelido a hablar públicamente del tema, lo trató como si se hubiera sido una equivocación en la que daría marcha atrás. Como para mostrar que doblaba la apuesta dijo que publicaría dos decretos (201 y 202) para evitar incompatibilidades en la función pública con fiscalización de contratos y licitaciones y para abordar los juicios donde se planteen esos conflictos con el Estado como parte. Con la excusa de su implementación, y el argumento de que el Congreso había pedido a la Auditoría General de la Nación un informe que demoraría 120 días, los abogados estatales dijeron ante la Cámara Comercial que aceptaban la reformulación del acuerdo pero una vez que pasara ese plazo que, como es obvio, abarcaba por lo menos toda la primera fase de la campaña electoral. 

Lo que pasó dentro del ámbito judicial a partir de entonces es fundamental para entender la ingeniería desplegada en beneficio del Correo y sus controlantes. En marzo, lo único que debía resolver la Cámara, integrada por las juezas María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero y Matilde Ballerini, era si otorgaba los 120 días de oxígeno. Notificó a los síndicos, a la fiscalía, y de pronto apareció en escena también la Procuración del Tesoro, que es el organismo que reúne al cuerpo de abogados del Estado, que llevaba años sin participar en el expediente a pesar de que podía hacerlo. Pero uno de los decretos de Macri sobre conflictos de interés, obligó a que intervenga con regulaciones para llevar adelante este tipo de juicios donde el Estado es parte (en este caso damnificado por una empresa de la cual el padre del presidente Macri, Franco, tiene el control vitalicio de las acciones de sus controlantes). El otro detalle es que el Gobierno presentó los decretos cómo una gran novedad para hacer prevención. La realidad es que las incompatibilidades ente la función pública y las actividades privadas están prohibidas desde fines de los noventa por la ley de Etica Pública. 

De las tres sindicaturas que intervienen en el control del concurso de acreedores, dos (la sindicatura general y la controlante) aceptaron el pedido de postergación y la sindicatura verificante lo puso en entredicho. Como era esperable el Correo recibió el planteo con los brazos abiertos. La fiscal Boquín se opuso, y advirtió que un concurso preventivo, según la Ley de Concursos y Quiebras, no puede durar más de noventa días, que se vencieron hace años. Para la fiscal, como ya no hay plazos legales vigentes, no puede haber prórroga alguna. Todo está vencido, dieciséis años es casi un disparate desde su ángulo. Cada una de las partes fue recibiendo un plazo de quince días hábiles para contestar. 

El procurador del Tesoro por entonces era Carlos Balbín, quien se presentó en el expediente para cumplir con las nuevas normas pero no opinó. Lo que sucedió, se supo poco tiempo después, fue que un sumario interno que había iniciado junto con una auditoría a cargo del jefe de auditores del organismo, Guillermo García, concluyeron que el expediente del concurso se había prolongado muchísimo más allá de lo legalmente permitido y que abogados y funcionarios del Estado habían sido funcionales a esa dilación que lo que hacía era eximir al Correo de pagar su deuda sideral e ir licuándola. Era cantado que Balbín, con esa postura, no podía opinar a favor de los 120 días. Por eso, y por su postura en otros temas como el aumento de tarifas, el Gobierno finalmente lo echó. Su salida fue presentada oficialmente como voluntaria, pero el auditor García dijo que fue desplazado cuando le tocó declarar en una causa penal que se abrió a partir de los primeros dictámenes de Boquín para evaluar las responsabilidad penal de distintos funcionarios en la firma del acuerdo con el Correo, empezando por el Ministerio de Comunicaciones, que entonces estaba a cargo de Oscar Aguad. 

Así, mientras cada quien daba su posición ante la Cámara Comercial, pasaban los días. En el ínterin, hubo algunos “parates” extras en el expediente concursal ocasionados por medidas en la investigación penal. Cada vez que el juez a cargo de esa causa, Ariel Lijo, pedía documentación, las camaristas del fuero comercial le mandaban el expediente original completo. Eso sucedió dos veces, lo que trababa la continuidad del proceso concursal. Esta semana volvió a pasar lo mismo, pero esta vez directamente Lijo pidió el expediente completo. Tuvo un gran sentido de la oportunidad, antes de las elecciones primarias, ya que la Cámara entraba en etapa de poder expedirse. Pero otra vez quedó todo paralizado. En el juzgado federal, ante la consulta de PáginaI12, la explicación fue que necesitan analizar algunos tramos del concurso y cotejar explicaciones que da la empresa Socma sobre las operaciones del Correo con otras empresas del grupo. Es porque también se investigan maniobras de vaciamiento con dinero que debía permanecer en las cuentas del concurso preventivo. También dicen cerca del juez que es el fiscal quien requirió todo el material, pero en la fiscalía lo desmienten.  

En el medio, el Gobierno designó otro Procurador del Tesoro. Se llama Bernardo Saravia Frías, y su nombramiento fue cuestionado porque fue abogado del Grupo Macri. ¿Con que independencia representaría los intereses del Estado? Y más aún en el caso del Correo. La Oficina Anticorrupción hizo un poco de show y le mandó un cuestionario y una serie de recomendaciones para evitar irregularidades. En el expediente del concurso del Correo, Saravia Frías finalmente se presentó el 23 de junio y se pronunció a favor de los 120 días de suspensión, en contradicción con su antecesor. En la causa penal fue imputado el viernes por el fiscal Juan Pedro Zoni (ver aparte). 

Para hacer todo más complejo y enredado, el abogado del Correo -Jaime Kleidermacher- presentó un planteo para cuestionar la legitimidad de la fiscal Boquín. La acusa de extralimitarse en su función y dice que “no es parte”. Lo que molesta de la actuación de Boquín, además de haber fijado el acuerdo, es que hizo denuncias que son centrales en el caso y que pueden tener consecuencias penales: maniobras de vaciamiento de las cuentas del Correo Argentino en el concurso preventivo con desvíos hacia empresas del Grupo Macri (Socma y Sideco), con permisos de una jueza; y manipulación de las mayorías para lograr el acuerdo por la deuda. 

¿Qué puede pasar de ahora en más? ¿Podría seguir dilatándose la firma de un nuevo acuerdo hasta después de las elecciones en octubre? Todo puede ser. La Cámara -que, hay que decirlo, entre 2011 y 2016 tuvo el expediente concursal parado sin avances- en algún momento tendrá que decir algo sobre los 120 días, aunque ya se hayan cumplido. Si resuelve antes de que se cumpla ese plazo contado desde que el Estado pidió la postergación, podría considerar que la discusión es abstracta porque el tiempo pedido ya pasó. Si no le importa el paso del tiempo, bien podría decidir otorgar los días en cuestión a contar desde el momento del fallo. O podría rechazarlo. Es probable que los nuevos escollos que interpone el Correo apunten a complicar nuevas presentaciones de Boquín: lo obvio a esta altura es que se dé todo el tema por terminado y alguien plantee la quiebra. Lo que sucede es que las consecuencias de la quiebra pueden arrastrar a las empresas controlantes, que son del Grupo Macri, integrado por sus hermanos, hijos y por Franco. 

Lo cierto es que hasta ahora, la burocracia judicial y estatal, ya sea que opere de manera prediseñada o no, tiene dos beneficiarios: el Correo y el Gobierno, unidos por el mismo apellido.