El juez Marcelo Martínez de Giorgi detuvo a cuatro sospechosos de haber hackeado los teléfonos de jueces de la Corte Suprema y de la Cámara Federal de Casación Penal. Hasta ahora, el único que fue indagado es Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro, el joven que confesó haber accedido al teléfono del exministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro, cuya filtración desató varios escándalos: desde los chats del lawfare para intentar cubrir la estadía de un grupo de magistrados en Lago Escondido hasta los mensajes de D’Alessandro con Silvio Robles, la mano derecha del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.
Martínez de Giorgi está a cargo de una investigación centrada en el hackeo de sus teléfonos a jueces federales y en la contratación de líneas a nombre de ministros de la Corte Suprema. Esta última línea se inició el 29 de marzo después de que Rosatti denunciara que había advertido que habían sacado cuatro líneas a su nombre en la empresa Personal sin que él nunca las solicitara.
Por los hackeos, Martínez de Giorgi ordenó la detención de Nuñes Pinheiro –quien se presentó este martes en Comodoro Py y quedó detenido, ya que estaba de viaje a Buenos Aires para ampliar sus declaraciones ante la justicia de la Ciudad que lo investiga por la intrusión al teléfono de D’Alessandro– y de Ariel Zanchetta, un exefectivo de la Policía Federal Argentina (PFA) que reportó en
A Nuñes Pinheiro, de 22 años, le imputan haber ingresado –a través del reemplazo de la tarjeta SIM– a los teléfonos de Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, dos de los integrantes de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal y de Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, jueces de un tribunal oral de Comodoro Py.
En el caso de Zanchetta, le atribuyen haber solicitado información de Hornos y Borinsky a bancos de datos para responder a las preguntas necesarias para tomar control de los teléfonos. Según trascendió, la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) del Ministerio Público Fiscal detectó que Zanchetta habría realizado 2157 pedidos de informes personales y que los justificaría diciendo que era para su oficio periodístico.
A Nuñes Pinheiro ya lo indagaron y, según trascendió, habría, una vez más, reconocido que ofició de hacker, aunque, en este caso, le imputan un rango temporal más amplio: es decir, que habría iniciado su actividad delictiva en febrero del año pasado. Por el momento continuará detenido, posiblemente hasta que se indague al resto de los detenidos. Zanchetta debería ser indagado en las próximas horas, confiaron fuentes judiciales.
El joven contó sus inicios en el mundo del ciberdelito cuando declaró ante la justicia de la Ciudad por el hackeo a D’Alessandro. Allí relató que había intentado ingresar a la Gendarmería cuando tenía 18 años pero que fue bochado en el examen físico. Después de eso, consiguió trabajo en un negocio de electrónica en Eldorado, Misiones. En 2021, en plena pandemia, se bajó Telegram porque quería comprar –a través de esta aplicación– juegos de PlayStation y revenderlos. En esa red social, conoció a un usuario que se identificaba como “Comisario López “ –y tenía en su avatar una foto del Jefe Gorgory, el personaje de Los Simpson– que le dijo que no usara sus datos reales. Después, otro usuario le habría dado, según su declaración, acceso a un grupo de Telegram que se conoce como Dark PFA. En ese lugar, habría conseguido el número de trámite del DNI de D’Alessandro para hacer el cambio de tarjetas SIM. Fue otro usuario quien le habría proporcionado un listado de blancos para seguir el mismo mecanismo. Supuestamente el interés en acceder a esas líneas era para comprobar una serie de “infidelidades”. De acuerdo con su declaración, elusuario que le hizo el encargo pagó a través de una billetera digital, por lo que es difícil de rastrear.
Martínez de Giorgi también detuvo a otras dos personas oriundas de Misiones: Nelly Soledad Valdés y Santiago Machado. Para el juez y el fiscal Gerardo Pollicita, ambos estarían relacionados a las líneas que se contrataron a nombre del supremo Rosatti. El fiscal señaló a Valdés como una de las socias de Nuñes Pinheiro. Valdés y Machado deben ser trasladados hasta la Ciudad de Buenos Aires para ser indagados por Martínez de Giorgi.
Además de Rosatti, otros dos supremos denunciaron haber sido víctimas de una situación similar: Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Al momento de prensar la denuncia, Rosatti dijo que adjudicaba la maniobra a la lucha contra el narcotráfico que lleva adelante el máximo tribunal. La presentación coincidió con el momento de mayor ímpetu de la Comisión de Juicio Político que citó para la semana próxima al cuarto supremo, Juan Carlos Maqueda.
La comisión convocó para el martes próximo a Robles y D’Alessandro. De acuerdo a los chats que se filtraron en diciembre pasado, el vocero de Rosatti y el entonces ministro de Horacio Rodríguez Larreta intercambiaban información sobre la situación del Consejo de la Magistratura y el caso de la coparticipación –que el gobierno de la Ciudad le reclama a la Nación–. D’Alessandro multiplicó las denuncias por el hackeo o presunto espionaje para intentar evitar dar cuenta de los mensajes que se conocieron. Sin embargo, no le alcanzó para que Larreta lo sostuviera dentro de su gabinete.