Pasado mañana llegará a la Argentina el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, cuyo gobierno alimenta a toda la región con las infinitas variables de la doctrina de las nuevas amenazas. Hace dos meses, Pence asistió a un encuentro en la sede del Comando Sur en Miami, Florida, con los presidentes de Honduras, Guatemala y El Salvador y con funcionarios de México, en las que se analizaron cuestiones de seguridad. Esto denota la profunda penetración en Centroamérica de la militarización de la política exterior estadounidense. También participaron el Secretario de Estado Rex Tillerson y el entonces Secretario de Seguridad Interior, General John F. Kelly, antes jefe del Comando Sur de sus Fuerzas Armadas y ahora jefe de gabinete de Trump.

Desde fines del siglo pasado, el Comando Sur, que conduce la política exterior estadounidense hacia lo que ellos llaman el Hemisferio Occidental, definió como “nuevas amenazas” [a su propia seguridad] el terrorismo, el narcotráfico, la delincuencia trasnacional, el indigenismo y el populismo radicalizado. Sus formulaciones se van actualizando cada año y siempre son más imprecisas y abarcativas, de modo que nada escape al panóptico regional desde el que se ejerce la vigilancia y se amenaza con el castigo. El 20 de julio, el presidente Donald Trump firmó una Orden Ejecutiva por la cual prorrogó hasta el 24 de julio de 2018 la declaración de emergencia nacional para enfrentar “la extraordinaria e inusual amenaza” constituida por las actividades de las “significativas organizaciones criminales trasnacionales” que “agravan los conflictos civiles violentos y cada vez más facilitan las actividades de otras personas peligrosas”. En abril, el almirante Kurt W. Tidd, actual jefe del Comando Sur, dio a conocer el documento de Estrategia de Teatro de Operaciones para la década 2017-2027. Allí define unas omnipresentes redes de amenazas transregionales y transnacionales (T3Ns) que incluyen desde bandas de delincuentes hasta organizaciones extremistas violentas con motivación ideológica, una red de partidarios radicalizados y adherentes, en poblaciones vulnerables del Caribe y partes de Centro y Sudamérica, sin reconocer fronteras nacionales ni geográficas ni limitadas por el estado de derecho, gracias a la debilidad de las instituciones. En esta historia fantástica con la que desde Washington y Miami se justifica el control social sobre toda la región, estas temibles redes serán degradadas por una red de redes de aliados, que incluye Fuerzas Armadas y de Seguridad, sociedad civil, sector privado y Academia, con respeto por los derechos humanos y perspectiva de género. No queda afuera nada que la mente humana pueda imaginar. Hace apenas dos semanas, el almirante Tidd encabezó en Asunción el Seminario para Líderes Sénior “Iluminando y combatiendo las redes del crimen organizado transnacional y transregional”. Asistieron militares, policías, y académicos de veinte países. El coronel paraguayo Héctor Grau Domínguez, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta, un esfuerzo combinado entre elementos de la policía y de las Fuerzas Militares, “explicó en profundidad la inseguridad en la Triple Frontera entre Paraguay, Argentina y Brasil debido a las T3N. Se conoce que grupos criminales organizados como el Primer Comando de la Capital, el Comando Vermelho, de Brasil, y facciones de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia están involucrados, o lo han estado, en el crimen de la región: narcotráfico y tráfico de armas y activos”, dijo, según la versión de la revista militar digital “Diálogo”, del Foro de las Américas.

La revista estadounidense Newsweek comentó con asombro que al iniciar su viaje a Panamá, Colombia, Chile y la Argentina, Pence solicitó casi 700 visas para sus equipos de avanzada protocolar y de seguridad, un número sin precedentes. Su predecesor Joe Biden nunca se movió con más de 120 acompañantes e incluso el ex presidente Barack Obama no llegó al número que ahora trae Pence, ni siquiera sumando las comitivas que lo acompañaron en sus sucesivos viajes a Brasil, Chile y El Salvador, en 2011. “Es una locura”, le dijo a Newsweek un ex funcionario de la presidencia de Obama. Un exponente de estas concepciones en la Argentina es el general (R) Heriberto Auel, quien hace 30 años fue el candidato de los carapintada a la conducción del Ejército argentino. Como miembro de un Instituto de Estudios Estratégicos de Buenos Aires, Auel señaló que  a mediados de diciembre de 2016, los dirigentes del Partido de la Izquierda Europea y del Foro de San Pablo acordaron en Berlín un “plan de acción revolucionario” con “los cabecillas del islamismo radical”. Luego de la firma del Tratado de Paz en Colombia, las FARC  “reimpulsaron su accionar violento en la Patagonia argentina y chilena, en acuerdo con la comunidad araucana –mapuche– bajo sigiloso control británico, con el objeto de provocar el terror de sus actuales ocupantes –incendios provocados, ataques a puesteros, destrucción de la infraestructura–, que obligue al abandono del territorio por parte de sus actuales propietarios y de los trabajadores de la misma etnia, allí afincados. Para ello emplean grupos ya instruidos –desde hace años– por las FARC, al igual que las formaciones de la Túpac Amaru de Milagro Sala” y con “la colaboración de la ETA del País Vasco”. Agrega que los favorece una geografía similar a la colombiana y un “nulo control argentino en numerosos pasos fronterizos de Chubut, Río Negro y Neuquén. Desde el Cuartel General narcoterrorista de Tumaco, en Colombia, se conduce la creación de santuarios bajo control mapuche que sirvan para establecer grandes depósitos de tránsito, cocinas o cristalizaderos de la cocaína colombiana. El narco dólar es imprescindible –actualmente– para el sostén revolucionario internacional, en crisis y en dispersión. A los efectos de obtener consenso social se utiliza el discurso socialista en la búsqueda del apoyo popular reivindicativo y de la construcción de poder en la zona recuperada”. Como sostuvo el CELS en una declaración al concluir el acto del viernes: “El operativo en el cual se produjo la desaparición de Santiago Maldonado es parte de las consecuencias que tiene abordar los problemas sociales, entre ellos los conflictos por la tierra, como si se tratara de asuntos de seguridad. La represión y la criminalización son todavía más preocupantes cuando se busca justificarlas presentándolas como respuestas a amenazas a la seguridad nacional. La construcción de ‘enemigos del Estado’ tiene consecuencias gravísimas porque conduce a tolerar o promover prácticas ilegales de las fuerzas de seguridad. La incapacidad del Poder Ejecutivo de ponerse al frente de la búsqueda de Santiago y de la investigación de los hechos es un mensaje político aterrador”. Sólo hay que reconocerle al gobierno que no discrimina a la comunidad mapuche: le dispensa el mismo trato que a los docentes bonaerenses, los movimientos sociales o los despedidos de Pepsi Cola.