Con un llamado a la acción “para que los y las candidatas candidatos a la gobernación de Santa Fe incluyan en sus plataformas electorales las problemáticas de Niñez” y para que el próximo gobierno “ponga en el centro de las políticas públicas las medidas necesarias para reducir la pobreza infantil en sus múltiples dimensiones, las violencias y las vulneraciones garantizando el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y jóvenes santafesinos”, la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes (DNNyA) puso ayer sobre la mesa la crítica situación que vive el sistema de protección integral de infancia. “La transversalización del enfoque de niñez y adolescencia debe traducirse en la jerarquización de las carteras de niñez a fin de que asuman rango ministerial o bien se constituyan en Secretaria de Estado”, planteó Gabriel Savino, Defensor del Pueblo Adjunto, a cargo de la DNNyA. Como muestra, algunos datos: el 50% de la población infantil está en situación de pobreza, en el 70% de los hogares se considera al castigo físico como una opción educativa, el año pasado hubo 44 personas de 0 a 17 años muertas como consecuencia de la violencia urbana, de las cuales el 80% fueron en Rosario.

En ese marco, ayer se presentó el programa “Punto niñez”, orientado a fortalecer las Oficinas Descentralizadas de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe como espacios para la atención, acompañamiento y derivación de situaciones que involucran a niñas, niños y adolescentes en las localidades donde las mismas se encuentran emplazadas, contando con el asesoramiento y orientación de los equipos de la DNNyA según sean requeridos.

“Estamos hablando de casi un millón de de niños, niñas y adolescentes en la provincia de Santa Fe con indicadores que, específicamente en Rosario y Gran Rosario no son para nada alentadores. Hoy tenemos casi el 11% de esta población por debajo de la indigencia, casi el 50% de las familias en sistema de pobreza y en ese contexto, la conflictividad generada por la economía informal y la economía delictiva, y la incidencia que tiene en esta franja etaria nos hace tener una visión muy pesimista, porque en el último informe de 2022 se registraron 44 homicidios en la provincia, de lo cuales 35 fueron en Rosario”, expresó Savino. 

El defensor del pueblo adjunto admitió que “los tiempos de la política y de la justicia no son los tiempos de la gente. Nuestras instituciones protectoras de derecho tratan de visibilizar esta problemática para que se tome conciencia de que los niños ni adolescentes no son el futuro, sino son el presente”. Mencionó que las vulneraciones  sufridas por las infancias no sólo están relacionadas con las economías delictivas, sino que también se suceden situaciones de “prostitución, abuso infantil y maltrato”.

Desde la experiencia como mecanismo de control, Savino aseguró que “el Estado tiene miedo del control y la transparencia en la función pública la da el control, que lo hace propositivamente instituciones como la nuestra”.  Consideró que el Estado debe "hacerse cargo y no tercerizar más los problemas". Se refería, especialmente, a las medidas excepcionales de protección que la Secretaría de Niñez debe tomar y que hoy se limitan, debido a la falta de plazas en centros residenciales. Y los que existen, son administrados por organizaciones no gubernamentales que no cumplen con los requisitos previstos por las leyes de infancia vigentes a nivel provincial y nacional. 

En ese sentido, Savino se refirió a las instituciones a las que se les terceriza el cuidado de  niñas, niños y adolescentes vulnerables. En abril de 2022, en el hogar Santa Cecilia de Carrizales murió una niña de 13 años, en circunstancias aún no esclarecidas, después de sufrir una maniobra de sujeción. La investigación está a cargo del fiscal Leandro Lucente, de San Lorenzo. Por otro lado, el 25 de enero de este año, un adolescente de 17 años que había sido derivado por la Secretaría de Niñez al Centro terapéutico Soltar, en la localidad de Udaondo del partido de Ituzaingó en la provincia de Buenos Aires, también falleció, y las circunstancias de esa muerte también están bajo investigación. 

Por otro lado, en la Secretaría de Niñez hay al menos 80 trabajadores que están empleadas como acompañantes de niñas, niños y adolescentes bajo custodia del estado que lo  hacen sin ningún tipo de regularización laboral, y con un pago exiguo: 380 pesos la hora. Hace pocas semanas, trabajadores de Salud pública hicieron circular una nota relevando diferentes irregularidades del trabajo de la Secretaría provincial de Niñez.