La querella que representa a la familia Benavides pidió condenas de prisión perpetua para los policías bonaerenses retirados Juan Risso y Walter Ale, y para el exministro de Gobierno de la provincia durante la última dictadura cívico militar eclesiástica, por encontrarlos coautores y autor penalmente responsable del homicidio de Horacio “Chupete” Benavides, estudiante platense de Derecho, militante de la Juventud Peronista y Montoneros y compañero de cursada de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández, que fue acribillado en plena Plaza Moreno, epicentro de la capital provincial, en septiembre de 1976.
“Este juicio llega ocho años después del inicio de la causa y 45 después de los hechos. En ese lapso de tiempo caben dos vidas de Horacio Benavides”, graficó breve pero contundente, el abogado Nazareno Castro, quien junto a Rodrigo Cano y Pablo Llonto, representaron a Marcelo Benavides, uno de los hermanos de “Chupete” en el juicio de lesa humanidad por su homicidio. “Es inaceptable el tiempo transcurrido”, parafraseó el letrado a Natalia Benavides, el testimonio de la hermana de la víctima.
“Chupete” tenía 22 años cuando fue asesinado a tiros por una patota de la Policía Bonaerense, que lo perseguía desde hacía días, lo acorraló en la Plaza Moreno, el 30 de septiembre de 1976. Durante un testimonio detallado, su hermano Marcelo relató cómo una patota fue a buscar a Horacio a la casa familiar y como ya no vivía allí, se lo llevaron a él, a quien mantuvieron secuestrado en el centro clandestino Pozo de Arana. Días después fueron al departamento que compartía con su esposa, pero “Chupete” logró escapar. A Marcelo lo liberaron el 27 de septiembre; tres días después su hermano fue acribillado.
Su familia se enteró el 2 de octubre. El 3, artículos en los diarios El Día, La Nación, Clarín y la Opinión hablaban de Horacio con nombre y apellido como el “jefe subversivo abatido” en el “tiroteo en 13 y 51”, las intersecciones de Plaza Moreno. Y también mencionaban que en el operativo había fallecido un suboficial de la Bonaerense, Carlos Sánchez. Ese dato sería la clave para identificar, décadas después, a la patota asesina.
Burocracia mata clandestinidad
A través del análisis de legajos policiales y de resoluciones ministeriales, Llonto, Cano y Castro consideraron que Ale, Risso y Smart son responsables del homicidio doblemente agravado de Benavides. Los policías en calidad de coautores, Jaime Lamont Smart en calidad de autor. Pidieron al Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata que los condene a prisión perpetua. Para Ale y Risso solicitaron, además, la suspensión de sus jubilaciones o pensiones y que cumplan condena en prisión común, lo mismo para Smart.
Para el equipo de abogados que ejerció la querella de la familia de “Chupete” Benavides, el que se lleva a cabo por su homicidio es una “excepción” entre los juicios de lesa humanidad. Gran parte de la estructura probatoria obtenida durante la instrucción y desplegada en el debate que comprometió a los acusados provino de los registros oficiales de la Policía Bonaerense y del Gobierno de la provincia, “algo que no es común de ver en los otros juicios”, puntualizó Cano. “La paradoja de la burocracia”, lo llamaron los abogados: si bien en el plan sistemático de la última dictadura “todos los delitos han sido siempre cometidos con la pretensión de no dejar indicios”, la burocracia genocida les jugó en contra.
El nombre del policía “abatido” durante el “tiroteo” en el que la patota de la bonaerense asesina a Benavides, Carlos Sánchez, consignado en los artículos periodísticos fue la punta del ovillo desde el que empezó a tirar el equipo de abogados al que Benavides acudió para darle, al fin, justicia a su hermano. En el sumario policial inaugurado por la muerte de Sánchez hallaron información vinculada a un pedido para que sea ascendido post mortem. Luego dieron con el pedido al Ministerio de Gobierno, a cargo de Smart. Y por fin, la resolución que ese estamento emitió el 25 de noviembre de 1976 en el que no solo figuraba el nombre del policía muerto, sino también los del resto de la patota: Ángel Andrada, Pedro Bidegain, Raúl Salcedo, Ramón Acosta, Adalberto Aguilera, Ramón Velasco, Carlos Bordalonga, Carlos Montero, Juan Nazareno Risso y Walter Ale.
Según esa documentación oficial, todos ellos recibieron ascensos. Ale, Risso, Andrada, Bidegain, Velasco, Salcedo y Bordalonga por asesinar a Benavides. De hecho, en sus legajos policiales figuran felicitaciones por ello. Acosta, Aguilera y Montero por un operativo similar en el marco de la “lucha contra la subversión”.
“Es el mismo entramado burocrático de la Policía de la Provincia, con sus estructuras y sus procesos rutinarios, los que terminan por demostrarnos que Walter Omar Ale y que Juan Nazareno Risso junto con los ya fallecidos: Ángel Andrada, Pedro Bidegain, Ramón Velazco, Raúl Salcedo, Carlos Bordalonga y Carlos Horacio Sánchez, siendo todos policías de la Provincia de Buenos Aires en uno de los epicentros organizativos de la represión como lo fue la Dirección de Investigaciones de La Plata, asesinaron a Horacio “Chupete” Benavides esa tarde del 30 de septiembre”, puntualizó la querella, que destacó que el gobierno de María Eugenia Vidal demoró “más de un año” la entrega de documentación que certificara las responsabilidades. “Sumó así un año de impunidad”, remarcó el abogado Cano.
Por último, y en relación a aquello, los abogados resaltaron “la importancia tiene para el esclarecimiento” de los crímenes de la dictadura “la revisión de los resabios burocráticos de la época” de la última dictadura,. De hecho, dentro del petitorio final del alegato, añadieron un punto que indica la remisión de documentación obtenida en el marcos e esta investigación a juzgados de La Plata y San Martín para que investiguen a efectivos identificados allí por su presunta participación en hechos similares a los que tuvo como víctima fatal a Benavides.
