La sanción de la Ley de Alquileres en 2020 no fue sólo un hecho jurídico: constituyó un hito político en el debate sobre el acceso a la vivienda que afirmó la obligación del Estado de desarrollar políticas públicas, implementar regulaciones del mercado inmobiliario y generar estrategias diversas para garantizar alquileres asequibles y dignos. Tres años después, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sigue sin abordar la emergencia habitacional de manera integral y con la escala que el problema demanda.

En los últimos veinte años creció el porcentaje de hogares inquilinos en los grandes aglomerados urbanos; en CABA pasó de un 22 a un 35 por ciento. El proceso de inquilinización no es nuevo y de hecho ha sido sistemáticamente visibilizado por organizaciones de la ciudad. Parte de esa movilización derivó en 2018 en la Mesa de Alquileres de Buenos Aires, un espacio de trabajo convocado por el propio gobierno, articulado desde el Instituto de la Vivienda de la Ciudad luego de la sanción de la ley 5859, para formular propuestas que fueron luego ignoradas. Aquella ley, que desde 2017 exime a los inquilinos de pagar los honorarios de las inmobiliarias, fue producto también de la larga movilización de sectores inquilinos y ha sobrevivido a los sistemáticos intentos de derogación de sectores inmobiliarios corporativos.

De todas las recomendaciones realizadas al Jefe de Gobierno sólo se implementó Garantía BA, un programa para incluir seguros de caución y garantía bancaria para inquilinos. Totalmente soslayados quedaron (y siguen) la propuesta de programas para incorporar vivienda ociosa al mercado de alquileres (que, nuevamente, derivó en otra mesa de trabajo multisectorial que realizó un excelente trabajo de diagnóstico que fue a parar a algún cajón del IVC) y el registro obligatorio de los contratos. Este último tema fue el acierto de la ley nacional de 2020 que, no obstante, aguarda un sistema de inspección y penalización que logren hacer efectivo el cumplimiento de la ley.

En el contexto de una ciudad altamente inquilinizada, la movilización porteña puso en agenda muchos de los temas que luego serían incorporados en esta ley nacional: iniciativas para facilitar los procedimientos administrativos, ampliación de los tipos de garantías, construcción de viviendas asequibles y el problema de los inmuebles vacantes.

Con estos antecedentes ¿cómo es posible que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires no haya actuado con contundencia ni antes ni después de la sanción de la ley nacional? Sí, por el contrario, se han tomado medidas superficiales con gran despliegue mediático: la sanción de la ley 6255 para “regular” los alquileres temporarios que no sólo no aborda el impacto en la crisis habitacional, sino que, incluso reduce el problema a un tema turístico, y ni siquiera tiene herramientas para garantizar que efectivamente este tipo de propiedades estén registradas.

Con toda esta trayectoria, el reciente lanzamiento de Alquilar+ Fácil es otra vez una reacción espástica, en plena campaña hacia las elecciones 2023, que busca dar sensación de “soluciones” con el viejo mecanismo de bajo conflicto político que es subsidiar a la demanda. Aun pudiendo acercar alivio a algunas familias inquilinas, mientras tanto, el negocio inmobiliario en CABA sigue impulsando el aumento de los precios del suelo y, con ello, menos oferta de vivienda en alquiler, de menor calidad, peor localizada y más cara.

Como sabemos hace mucho, leyes como la de alquileres, buscan garantizar o ampliar derechos de quienes tienen menos poder político y económico, re-equilibrando relaciones asimétricas sobre la base de las obligaciones del Estado; en este caso, la de hacer efectivo el derecho a la vivienda.

(*) Coordinadora Area Urbana del Centro de Estudios Metropolitanos (CEM).