La Cámara Federal de Casación Penal sigue encerrada en su propio laberinto. La razón de esa cerrazón tiene nombre y apellido: Mauricio Macri. Los camaristas no logran conformar la sala que deberá examinar la situación del expresidente en la causa del espionaje a las familias de los 44 tripulantes del ARA San Juan, el submarino que se hundió en noviembre de 2017. Uno de los jueces llamados a intervenir es Mariano Borinsky, a quien recusaron las querellas por sus encuentros con Macri en Olivos y en la Casa Rosada. Pero la cuestión terminó de complicarse después de que salió sorteado Gustavo Hornos para decidir si su colega continúa interviniendo en el expediente. Hornos es otro de los casadores que fue denunciado por sus reuniones con el entonces mandatario.

La Sala II de la Cámara de Casación debe decidir si confirma el sobreseimiento que Macri consiguió en julio del año pasado, cuando los camaristas Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia dijeron que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) hizo tareas sobre los familiares pero que éstas estaban justificadas porque estaba en riesgo la seguridad del entonces Presidente.

La composición original de la Sala II de la Casación es Guillermo Yacobucci, Ángela Ledesma y Alejandro Slokar. Pero a Slokar lograron correrlo Macri y su amigo Gustavo Arribas, extitular de la AFI durante el gobierno de Cambiemos. El argumento para sacarse de encima a un juez díscolo fue que, como no podía intervenir en la causa de espionaje sobre Marcelo D’Alessio, tampoco podría hacerlo en la del ARA San Juan.

Después del apartamiento de Slokar, salió sorteado Borinsky para entender en el expediente. Al juez lo recusaron las dos querellas porque recordaron que se reunió en más de quince oportunidades con Macri, quien incluso reconoció que jugaba al tenis con el juez. Lo sorpresivo fue que, ante las recusaciones, la defensa de Arribas salió en auxilio del juez. Sus abogados dijeron que Ledesma no podía decidir si Borinsky seguía con la causa porque ella ya había sido crítica en el pasado de los encuentros con Macri. Ledesma y Slokar fueron los únicos integrantes de la Casación que reclamaron explicaciones de sus colegas por las reuniones.

La semana pasada, Ledesma dijo que no iba a intervenir en el incidente para decidir si Borinsky continuaba con la causa. Después de eso, Yacobucci pidió que se integrara la Sala. Los dos jueces sorteados para resolver la recusación de Borinsky fueron Hornos y Diego Barroetaveña.

A Borinsky le habían pedido que explicara las reuniones con Macri, pero el juez se amparó en tecnicismos. Dijo que él ya había intervenido en la causa del ARA San Juan y que habían rechazado su recusación por extemporánea –en ese momento, tampoco debió dar explicaciones–. Agregó que esa decisión estaba firme porque no había sido recurrida ante la Corte Suprema. Lo mismo que cuando lo recusaron en otras causas en la Sala IV –en la que él es titular– y siempre se rechazaron esos planteos in limine, es decir, sin darle tratamiento.

“Recusaremos al juez Hornos porque está impedido moral, ética y jurídicamente de expedirse sobre la recusación de Borinsky, siendo que él mismo incurrió en la misma relación personal con el expresidente Macri”, le dijo a Página/12 la abogada querellante Valeria Carreras.

Carreras dijo que estaba evaluando ampliar la presentación que hizo el año pasado ante el relator de Naciones Unidas. “Hay una ostensible falta de justicia, de cumplimiento de principios tan básicos como la igualdad ante la ley y de la garantía de un juez imparcial. Todo eso no existió para las familias del ARA San Juan desde que la causa fue cooptada por Comodoro Py. Ha quedado expuesto el entramado tejido por el macrismo con jueces amigos, deportistas, integrantes del círculo íntimo o de la familia judicial –que generan certeza de parcialidad manifiesta”, resaltó.

En diciembre de 2021, el juez Martín Bava procesó a Macri por el espionaje sobre las familias. Veinte días después, la Cámara de Casación le sacó todas las causas que tramitaban en Dolores y las mandó a Comodoro Py. En julio del año pasado, Macri consiguió el sobreseimiento en la Cámara Federal porteña. Tanto las querellas como la fiscalía pidieron que se revoque. 

Casación, además, le impidió al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) intervenir como amicus curiae (amigo del tribunal) en la causa. Yacobucci y Carlos Mahiques sostuvieron que no tenía expertise en la materia, como si el espionaje no se tratara de una violación a los derechos humanos. Todavía resta que el máximo tribunal penal del país decida si le permite al organismo ir a la Corte contra esa decisión.