La Cámara Federal de Casación Penal le ordenó a la justicia federal de Jujuy que intervenga en la protección de las comunidades originarias y de los manifestantes que salieron a las calles para protestar contra la reforma constitucional promovida por el gobernador Gerardo Morales. El fallo de la Sala IV del máximo tribunal penal del país opera como un freno a la intervención de la Gendarmería Nacional para desalojar rutas nacionales, que tanto reclamaba el mandatario provincial.

En cuanto comenzó la represión en Jujuy, la organización de Abogadas y Abogados del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES) presentó un habeas corpus preventivo ante la justicia federal para evitar que la Gendarmería desalojara las rutas nacionales. Tanto el juez federal de Jujuy como la Cámara Federal de Salta rechazaron el planteo –al que adhirió el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)-- y sostuvieron que se trataba de medidas ordenadas por las autoridades provinciales.

Pocas horas después, el juez federal Diego Matteucci dio luz verde para que la Gendarmería en conjunto con la policía jujeña habilitara la libre circulación de las rutas nacionales 9 y 34. Esta decisión sirvió para que Morales reclamara el envío de gendarmes y dijera que iba a denunciar al gobierno nacional si no destinaba efectivos de las fuerzas federales.

Este jueves hubo una audiencia en Casación en la que participaron abogados y abogadas del CELS, ANDHES y Xumek. A las pocas horas, los camaristas Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo firmaron una resolución en la que le recordaban a la justicia federal de Jujuy que un habeas corpus preventivo debe tramitarse justamente cuando hay una amenaza cierta de que una persona sea privada de la libertad y que, además, se estaba hablando de manifestaciones en rutas interjurisdiccionales – en las que deben intervenir fuerzas federales–.

Después de conocida la resolución, el CELS explicó que la Casación “exige que haya mecanismos de control sobre el despliegue e intervención de las fuerzas de seguridad federales y provinciales en rutas nacionales durante las protestas, para evitar que se siga con la represión policial”, que se desató después de que las fuerzas políticas que le responden a Morales o están aliadas a él aprobaran una Constitución que limitaba el derecho a la libertad de expresión y dejaba expuestas a las comunidades originarias al desalojo de sus tierras.