La comisión parlamentaria que los diputados provinciales de Gerardo Morales proponen crear en Jujuy para “investigar” a opositores todavía no está en funciones pero ya acumula numerosos repudios en todo el país. Al comunicado alertando sobre los fines persecutorios de este órgano que difundió la agrupación H.I.J.O.S. (cuya comisión jujeña fue reprimida y encarcelada el martes 20 de junio frente a la Legislatura, cuando miles de personas se manifestaron contra la polémica y sospechada reforma constitucional jurada por el gobernador) se le sumará ahora una denuncia en el fuero federal que realizará el CEDEMS, sindicato que nuclea al personal educativo de los niveles secundario, terciario y universitario. Así lo indicó su abogada Mariana Vargas, quien explicó que lo harán en esa instancia porque “el servicio de justicia provincial no nos da garantías”.
Si bien el Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior fue el primer gremio que aceptó la paritaria propuesta por el Ministerio de Educación provincial y desde el lunes volvió al dictado de clases (abdicando al paro que el lunes 5 de junio había dado inicio a la andanada de medidas de fuerza y protesta), en simultáneo había advertido que retomaría la huelga si volvía a “producirse cualquier eventualidad que tenga que ver con un ataque represivo o un procedimiento policial que consideremos violatorio a los derechos y garantías de los ciudadanos”. Pese a disponer el regreso a las aulas, igualmente el CEDEMS siguió participando de movilizaciones que ocurrieron en el transcurso de la semana, como por ejemplo las convocantes marchas de antorchas que se realizaron en la noche del martes en San Salvador, Palpalá, Perico, Humahuaca y otras localidades.
En ese sentido, las declaraciones que hizo el jefe del bloque de legisladores oficialista (y futuro vicegobernador jujeño) Alejandro Benis el martes pasado, donde fue anunciada la comisión investigadora, volvieron a poner en alerta a toda la provincia. En esa provocadora exposición (donde solo estuvieron presentes los diputados del frente Cambia Jujuy, a pesar de que el cuerpo parlamentario debe estar obligatoriamente integrado por todas las fuerzas políticas y partidarias del congreso provincial), Bernis sostuvo la temeraria tesis de que las protestas sucedidas el martes 20 de junio en inmediaciones de la Legislatura fueron llevadas a cabo por “violentos” y “delincuentes” que buscaban provocar “un golpe de Estado al gobernador Gerardo Morales”. Una forma muy poco sutil de criminalizar las manifestaciones.
A pesar de asegurar que hablaba en nombre de “la paz” y “el diálogo” (una narrativa que de manera sincronizada repiten todos los interlocutores del oficialismo jujeño), el periqueño Bernis no escatimó en adjetivaciones peyorativas sobre todos los manifestantes, a los cuales además les advirtió en un tono que poco tiene que ver con la conciliación: “Es importante que sepan que no nos van a vencer, no vamos a bajar”.
“Ya habíamos realizado una denuncia previa porque públicamente el gobernador había manifestado que nuestro gremio era violento, que era un reducto de partidos políticos de izquierda, o kirchneristas, y que los iba a combatir. Esas fueron sus manifestaciones públicas”, explicó Mercedes Sosa, secretaria general del CEDEMS. “A partir de eso hicimos una denuncia por amenazas y por discriminación”.
Además, Sosa recordó la circulación de vehículos sin patente que atemorizó a la población: “Algunos de nuestros compañeros de la comisión directiva tuvieron que atravesar esta situación en la que camionetas blancas con policías en la cabina sin identificación estuvieron rondando sus domicilios. Vemos todo un mecanismo típico del terrorismo de Estado que a 40 años de la democracia no podemos tolerar. Y es por eso que los ciudadanos, en distintos escenarios y con la misma consigna, la de ’arriba los derechos, abajo la reforma’, nos expresamos de distintas formas y con distintas metolodologías. Y ojalá se entienda que este es un pueblo cansado del amedrentamiento, de los procedimientos, de los encauzamientos, de todo un acting para ubicarnos en el lugar de delincuentes".
En paralelo, un grupo de docentes denominado “Malón blanco” decidió el miércoles iniciar una procesión a pie desde La Quiaca (donde al mismo tiempo comenzó una huelga de hambre en rechazo a la reforma constitucional y la represión desatada hacia quienes la cuestionan) con el Ministerio de Educación de la provincia, ubicado en San Salvador de Jujuy, con destino final.