A pesar de que la impunidad biológica salvó a los dueños y jefes de las principales cementeras del país, la persecución que impulsaron sobre sus trabajadores durante la última dictadura será finalmente narrada ante un tribunal con el objetivo de que se atribuyan responsabilidades entre los responsables uniformados del genocidio. Por requerimiento de la Fiscalía y de la querella de la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense, la detención ilegal y las torturas a obreros de Loma Negra y calera Avellaneda fueron incorporadas al juicio de lesa humanidad que el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata sigue desde hace casi un año y medio por los hechos que tuvieron lugar en centros clandestinos que funcionaron en Tandil, Azul y otras zonas del centro de la provincia de Buenos Aires. Los testimonios sobre estos casos comenzarán a ser escuchados recién a partir de septiembre. 

Desde mediados de mayo, el juicio de lesa humanidad conocido como “La Huerta” cuenta con 15 nuevos casos que se sumaron a los 118 con los que fue inaugurado el debate, en febrero de 2022. Se trata de la detención ilegal de seis trabajadores de la cementera Loma Negra, fundada por Amalia Fortabat en Olavarría, y de otros ocho de la fábrica que Calera Avellaneda tenía en la misa ciudad, denunciados por personal jerárquico de las empresas ante la Policía local, interrogados en la Comisaría de Loma Negra y detenidos de manera ilegal en la Unidad Penal 7 de Azul, donde sufrieron torturas y tratos inhumanos.

Las razones que esgrimieron funcionarios de ambas empresas al momento de denunciarlos están vinculadas con acciones en defensa y reclamos por derechos laborales de las víctimas. Su participación en una huelga, en el caso de Loma negra; “irregularidades” que los trabajadores estaban “cometiendo” en la empresa, negativas a “hacer horas extras” y “presiones” para recibir “aumento de remuneraciones”, en el caso de Avellaneda.

También fue incorporado el caso de Carlos Moreno, abogado laboralista de Olavarría vinculado al cuerpo de obreros de Loma Negra, que fue secuestrado, torturado y asesinado durante la última dictadura. Los crímenes sufridos por “el Negro” Moreno son los únicos que han sido revisados en el marco de un juicio de lesa humanidad y que cuentan con responsables condenados.

Los patrones civiles mencionados en las investigaciones judiciales han fallecido. No fueron citados siquiera a prestar declaración indagatoria. Las detenciones ilegales y las torturas, así como el secuestro y el asesinato de Moreno, fueron atribuidos a un grupo de militares retirados que ya estaban sentados en el banquillo de los acusados del juicio “La Huerta” desde su comienzo: Eduardo Bernadou, Julio César Tula, Roberto Casares, Edgardo Viviani, Osvaldo Guarnaccia, José Luis Álvarez y Américo Fernández Ferrer. Todos estuvieron vinculados con el Batallón Logístico I de Tandil.

Los trabajadores de Loma negra

El secuestro, las torturas y el homicidio de Carlos Moreno, que en abril de 1977, cuando sucedieron los hechos, era abogado laboralista representante de la Asociación de Obreros Mineros Argentinos (AOMA), fue el primer y hasta ahora único caso de violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado vinculados con la lucha obrera de las cementeras bonaerenses que tuvo juicio y sentencia. Por esos crímenes, en 2012 fueron condenados militares retirados y los hermanos Julio y Emilio Méndez, dueños de la quinta donde estuvo cautivo Moreno. Los hermanos fueron absueltos, pero vuelven a estar sentados en el banquillo de los acusados en el juicio “La Huerta”.

Aquel juicio por los crímenes sufridos por Moreno sirvió de punta de lanza para que la Justicia empiece a hacerse cargo de la investigación sobre la persecución que sufrió el cuerpo de trabajadores de Loma Negra, representados en AOMA. En el marco de aquel debate quedó en evidencia que los crímenes fueron parte de “un ataque generalizado y sistemático contra una población civil en complicidad con directivos de la empresa Loma Negra” que incluyó, además, las detenciones ilegales sufridas por algunos obreros de la empresa.

El 20 de julio de 1976, y por orden del comisario represor Alberto Balquinta –condenado por crímenes en Monte Pelloni, falleció el año pasado–, Walter Peralta, Eustorgio Arenzo y Manuel Antúnez fueron detenidos en la localidad de Loma Negra, ciudad que toma su nombre debido a que en su territorio aloja a la cementera de Fortabat, y llevados a la comisaría del lugar. El mismo día, pero en Olavarría, corrieron la misma suerte José Ricciardi, Andrés Staldeker y Antonio Álvarez, quienes quedaron encerrados en la comisaría de la ciudad. Días antes los habían denunciado por participar de una huelga de dos horas los directivos de Loma Negra Ernesto Cladera y Jacinto Takieldin, fallecidos desde hace años, ante el militar retirado José Luis Álvarez, interventor local del Ministerio de Trabajo de la ciudad de Olavarría.

Tres días después de sus detenciones, los obreros fueron trasladados a la Unidad 7 de Azul y alojados en la celda de los “extremistas”, aclara el pedido fiscal de elevación a juicio fiscal. Allí permanecieron seis días durante los que sufrieron malos tratos –baños con agua helada en pleno invierno, requisas diarias. El 29 de julio fueron liberados.

Los trabajadores de Calera Avellaneda

Pasaron décadas hasta que Omar Puglisi se animó a denunciar lo que sufrió durante la última dictadura, pero finalmente lo hizo. A principios de 1977, Puglisi había decidido tomarse unos días de vacaciones de su trabajo, la Fábrica Calera Avellaneda, donde además era delegado de AOMA. Las cosas no andaban bien con sus jefes, José Kosank, a cargo de la sección de Máquinas de la fábrica, y “una persona de apellido Ángel”, figura en el auto de elevación a juicio. Cuando regresó a Olavarría, su esposa le contó que “los militares” lo habían estado buscando en su casa. Adolfo Rocha Campos, un abogado a quien fue a consultar, le confesó que “lo buscaban por subversivo”.

A fines de enero de 1977, y por orden de Balquinta, fueron detenidos Puglisi y sus compañeros de trabajo Rogelio Moyano, Juan Carlos López, Heriberto de Prado, Pedro Fernández, Alfredo Escudero, Edgardo Dume y Miguel Ángel Leira. Los últimos cuatro ya fallecieron. En base a una denuncia realizada por Daniel San Román, en aquellos tiempos superintendente de Calera Avellaneda, el comisario represor consideró a los obreros “activos perturbadores del normal desarrollo de las tareas laborales” de la empresa “con quites de colaboración, actos de violencia, etc”, según figura en el expediente. Fueron mantenidos cautivos en la Comisaría de Olavarría durante algunos días en los que eran llevados hasta otros lugares y torturados. Luego, fueron llevados a la Unidad Penal 7 de Azul.