La exintendenta de Isla de Cañas, Angelina Lucía Canchi, fue condenada ayer a cuatro años de prisión efectiva e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos en la administración pública. 

La sentencia fue impuesta por el juez Aldo Primucci, vocal de la Sala I del Tribunal de Juicio de Orán. Angélica Canchi recibió la pena en calidad de autora de los delitos de "usurpación por continuación arbitraria en el ejercicio del cargo, fraude en perjuicio de la administración pública por administración fraudulenta y por supresión de documentos, peculados reiterados (cuatro hechos) todos en concurso real", en perjuicio de la Municipalidad de Isla de Cañas, ubicada en el departamento Iruya, pero en la zona de Yungas. 

La ex jefa comunal fue detenida al finalizar la audiencia, y el Poder Judicial de Salta informó que será alojada en la Unidad Carcelaria 9 de Orán, que es la más cercana a Isla de Cañas. Los fundamentos de la sentencia se conocerá el próximo jueves 6 de julio.

La investigación contra Angélica Canchi, quien fuera intendenta de Isla de Cañas en el periodo comprendido entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019, se inició a raíz de denuncias de su sucesor, el actual intendente Jorge Canchi. La asunción misma de este intendente, el 10 de diciembre de 2019, originó la denuncia penal que después presentó Jorge Canchi. 

Según contó en la denuncia, cuando se presentó en la municipalidad para el traspaso de gestión por parte de la intendente saliente, se dio con que solo estaba el que era secretario de Gobierno, Saturnino Zambrano. Jorge Canchi dijo que ya entonces advirtió la ausencia de documentación relacionada a la actividad contable, y que faltaba pagar los sueldos a los empleados municipales, además de la emisión de 72 cheques del Banco Macro emitidos entre el 4 al 27 de diciembre de 2019, entre otras irregularidades.

La acusación por usurpación por continuación arbitraria en el ejercicio del cargo es porque se comprobó que libró tres cheques, firmados y sellados, fechados el 26 de diciembre de 2019, cuando ya había cesado en su mandato, dado que el nuevo jefe comunal había asumido el 10 de diciembre. La fiscalía, representada en este caso por Mariana Torres, dispuso de esta manera que Angélica Canchi continuó "de forma abusiva y arbitraria en funciones".

La acusación por fraude en perjuicio de la administración pública, por administración fraudulenta y por supresión de documentos es porque la ex jefa municipal, "ocultó, mutiló o hizo desaparecer toda la documentación o registración que había en el municipio, impidiendo de esa manera cualquier tipo de control", y que la nueva gestión pudiera conocer el estado financiero y contable. Para la fiscalía, la ocultación y falta o supresión de documentación, son maniobras para cometer el fraude, ya que "de esa manera se disponían los fondos públicos de manera discrecional con evidente perjuicio a erario municipal con lucro indebido a propios y ajenos".

En la investigación se determinó que Angélica Canchi libró 42 cheques entre el 7 de octubre y el 27 de diciembre de 2019, con los que vació una cuenta del municipio.

A la exintendenta se la declaró responsable también de cuatro hechos de peculado (malversación de caudales públicos). El primero es por bienes pertenecientes a una fábrica de dulces que funcionaba como cooperativa y que Angélica Canchi recibió al asumir su gestión, sin embargo, esa fábrica no fue puesta en funcionamiento y los bienes fueron sustraídos mientras se encontraban bajo su custodia.

El segundo hecho es por el pago mediante un cheque del municipio a un trabajador particular para realizar reparaciones en su domicilio particular.

El tercero es por el pago días antes al cese de sus funciones como intendenta de un préstamo personal bancario con dinero del municipio.

El cuarto hecho es por el desvío de fondos municipales destinados al pago de una obra eléctrica en noviembre de 2019 y que no se encuentra respaldado documentalmente respecto a la suma percibida y cuál fue el destino.