La Corte Suprema de Estados Unidos no para de frenar derechos. Un día después de acabar con la discriminación positiva en las universidades, dio un nuevo espaldarazo a los conservadores al permitir que algunos comercios se nieguen a prestar servicios a parejas LGTB por motivos religiosos. Por añadidura, también invalidó una medida del presidente Joe Biden para cancelar parte de la deuda estudiantil.

El jueves, el tribunal reestructurado por el expresidente republicano Donald Trump ya abolió la política de discriminación positiva para las minorías étnicas en las universidades, uno de los logros de la lucha por los derechos civiles de los años 1960. Hace un año el tribunal enterró el derecho federal al aborto, ratificó el derecho a portar armas y limitó los poderes de la Agencia de Protección del Medio Ambiente.

Las sentencias se adoptaron con los votos a favor de los seis jueces conservadores, en contra de la opinión de los tres progresistas, justo antes de que la Corte comenzara su pausa estival.

Como el año pasado, los republicanos aplaudieron cada una de las decisiones y la izquierda y los demócratas --encabezados por el presidente Biden-- se opusieron. Biden dijo estar "profundamente preocupado" del riesgo de que la nueva sentencia aumente la discriminación contra la comunidad LGTB+.

El alto tribunal dictaminó que empresas que atienden al público y desempeñan actividades creativas pueden invocar la libertad de expresión para negarse a prestar un servicio "contrario a sus valores".

Lo hizo en respuesta a Lorie Smith, una diseñadora gráfica que se describe como una cristiana devota y se niega a crear páginas web para parejas del mismo sexo.

En el fallo, el magistrado conservador Neil Gorsuch argumentó que la Primera Enmienda de la Constitución, que garantiza la libertad de expresión, implica que en Estados Unidos "la gente es libre de pensar y expresar lo que quiera, no lo que el gobierno le diga". La jueza Sonia Sotomayor lo contradijo en nombre de los progresistas. "El tribunal, por primera vez en su historia, concedió a un negocio abierto al público el derecho constitucional de negar el servicio" a clientes protegidos por leyes antidiscriminación, refutó.

La victoria de la diseñadora gráfica "abre la puerta a que todos los comercios que dicen prestar servicios a medida discriminen a los grupos marginados", lamentó la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU).

En 2018, la Corte Suprema ya dio la razón a un pastelero cristiano que se negó a preparar una torta de boda para una pareja gay. Pero entonces se basó en motivos técnicos, sin llegar a promulgar principios generales.

La deuda estudiantil

En tanto, Biden recibió otro golpe con el fallo sobre la deuda estudiantil. La Corte Suprema dictaminó que su gobierno se había extralimitado en sus competencias al adoptar un programa sin la autorización del Congreso, que, en la opinión de los jueces conservadores, es el que "controla el monedero". Esto priva a Biden de una medida esencial de cara a las elecciones presidenciales de 2024, en las que espera ser reelegido con el apoyo de la clase media y los más desfavorecidos.

El líder del Senado republicano, Mitch McConnell, arremetió contra "el plan socialista de préstamos estudiantiles". Se alegró de que el tribunal impida que Biden "llene los bolsillos de su base de altos ingresos y tome por tontas a las familias de clase trabajadora que decidieron no contraer deuda estudiantil". 

En Estados Unidos, la enseñanza superior es muy cara y casi 43 millones de personas piden préstamos estudiantiles federales por un total de 1,630 billones de dólares. Al comienzo de la pandemia, el gobierno de Trump congeló el reembolso de estos préstamos en virtud de una ley de 2003 que le permite "aliviar" a los titulares de deudas estudiantiles en caso de "emergencia nacional". Esta medida expira el 31 de agosto.

Anticipándose a este plazo, Biden anunció en agosto pasado su intención de anular 10.000 dólares de las deudas de los prestatarios que ganaran menos de 125.000 dólares al año y 20.000 dólares de antiguos beneficiarios de becas. Se presentaron 26 millones de solicitudes, según la Casa Blanca, con un costo superior a 400.000 millones de dólares.

Los tribunales bloquearon la aplicación de este plan a raíz de denuncias de una coalición de estados republicanos y de dos estudiantes que no podían acogerse a la condonación. Acusaban al gobierno demócrata de usar el dinero de los contribuyentes sin la aprobación del Congreso y estiman que la ley de 2003 cubre la congelación de la deuda y no la cancelación de la deuda. "Estamos de acuerdo con ellos", escribió el juez John Roberts en nombre de la mayoría. "El tema aquí no es si debe hacerse algo, es quién tiene autoridad para hacerlo", aseguró.

Los jueces progresistas opinaron lo contrario. "El tribunal sustituye al Congreso y al Poder Ejecutivo en la formulación de la política nacional de condonación de préstamos estudiantiles", escribió la magistrada Elena Kagan.