El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, será reemplazado en diciembre por Carlos Sadir, su actual ministro de Hacienda, quien para no ser menos que su antecesor también decidió engañar a los docentes: había convocado para este viernes a una reunión a ADEP (uno de los dos sindicatos de educadores más importantes de la provincia) pero finalmente no asistió al encuentro. Los plantó. Gran estreno para el delfín de Morales en su primera acción como interlocutor del gobierno ante el conflicto que mantiene en vilo a la provincia.

Un grupo de docentes esperó en vano en la puerta del complejo ministerial del barrio Malvinas, en San Salvador de Jujuy. La excusa que Sadir dio por su faltazo fue que estaba con otros sindicatos, en negociaciones paritarias, ni más ni menos que lo que vienen reclamando los gremios docentes de Jujuy. La reunión se postergó sin definirse fecha ni horario.

Por ese motivo, la Asociación de Educadores Provinciales (ADEP, maestros de escuelas primarias) decidió redoblar su protesta con una huelga de hambre en todo Jujuy, la cual se acopla al paro comenzado el lunes 5 de junio, día inicial de las manifestaciones que están camino a cumplir un mes.

El fastidio por el doble discurso del gobierno jujeño es acaso el principal combustible para que los manifestantes sigan encontrando energías, a pesar de que el conflicto ya concluyó su cuarta semana y todo parecía presagiar un inevitable desgaste. El propio Morales, a lo largo de todos esos días, fue intentando menoscabar la credibilidad y la voluntad de los reclamos, de momento sin éxito. En ese sentido, a la huelga de hambre de ADEP se le sumó el paro de 24 horas determinado este viernes por CEDEMS —el otro gremio docente fuerte—, que a principio de semana había decidido volver a la actividad, aunque aclarando que retomaría las medidas de fuerza si el gobierno provincial volvía a violentarse. Dicho y hecho: la profesora y artista Camila Müller denunció que fue perseguida por policías en un vehículo sin identificar y luego agredida en la puerta de su casa, hecho que derivó en una denuncia penal.

Mientras en voz alta el coro polifónico del oficialismo habla de “paz”, “diálogo” y “consenso” (tríada que repiten de manera sincronizada en cuanta entrevista, conferencia o discurso se les presente), por lo bajo toda acción redunda o bien en la negación del conflicto (“lo lleva adelante una minoría”, insiste Morales), en la subestimación de los manifestantes (“las comunidades indígenas están mal informadas”, sostiene el futuro vicegobernador Alberto Bernis), las distintas formas de represión (primero masivas y explícitas, luego más sofisticadas con infiltrados, vehículos sin patente o amedrentamientos sin orden que deje registro) o bien la demonización de los manifestantes bajo calificaciones que van desde el “turismo piquetero” (señalado inicialmente por el constituyente oficialista Alejandro Nieva) hasta “delincuentes”.

De todas las reacciones imaginadas y ejecutadas por el gobierno jujeño, ninguna incluyó de momento llamados concretos al diálogo y a la negociación, que por cierto es lo que había anticipado el propio Morales que harían con los colectivos aborígenes el día que anunció la cancelación de dos artículos de la nueva Constitución, aunque hasta ahora no se produjo ninguna convocatoria en ese aspecto. Quizás se deba a que el gobernador aún no regresó a la provincia después de aquel martes 20 de junio de bala, garrote, sangre y cacería en la zona de la Legislatura y la vieja estación de San Salvador: está más ocupado en su campaña vicepresidencial como escolta de Horacio Rodríguez Larreta y en su gira por los estudios televisivos de los programas nacionales en los que le permiten desandar sus soliloquios.

Por todos esos motivos, el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales anticipó que establecerán los martes y los viernes como días fijos para hacer marchas y movilizaciones “hasta que caiga la reforma”, tal como declaró Sebastián López, su secretario general. La elección de ambos días persigue también un propósito simbólico: martes fue la jornada de la salvaje represión desatada por la policía provincial frente a la Legislatura tras la polémica jura de la reforma, mientras que un viernes se había aprobado la nueva Constitución con el voto de los constituyentes de la UCR y el PJ (los del FIT habían renunciado).

La denominada Multisectorial (que incluye docentes, estatales, personal de salud, comunidades originarias, organizaciones sociales y hasta agrupaciones gauchas unidas bajo el lema “arriba los salarios, abajo la reforma) realizó ayer una nueva marcha de antorchas por el centro salvadoreño. En tanto, en las rutas del interior de la provincia siguen activos al menos ocho cortes (La Quiaca, Abra Pampa, Humahuaca, Uquía, Tilcara, Purmamarca, Susques y Perico). En simultáneo, la administración Morales alentó este viernes su segundo intento de la titulada “Marcha por la paz” en la zona céntrica de la capital, donde se observaron a varios empresarios y no pocos micros de la empresa privada Balut fuera del recorrido en el que suelen prestar sus habituales servicios de larga y media distancia.