Hace 2 meses el Consejo Directivo de la OSUNLaR apartó a la Vicerrectora María del Carmen Corzo de la presidencia de la obra social universitaria por supuestas irregularidades. Aquella desición fue cuestionada por la Vicerrectora, quién solicitó la nulidad de la medida, e intimó a Daniel Quiroga, rector de la UNLaR, con acciones penales.
En la misma presentación, instaba a la presidenta designada en sesión del Consejo Directivo de OSUNLaR, Ana Laura Toro, al “cese inmediato de sus atribuciones”.
Ayer por la mañana, la policía de la Provincia de La Rioja secuestró distinta documentación y una computadora de las oficinas de la obra social de la Universidad de La Rioja. La medida fue ordenada por el juez Héctor Daniel Barría a cargo del Juzgado de Instrucción N° 2 en lo Criminal y Correccional de la Primera Circunscripción Judicial a raíz del expediente caratulado "Toro Ana Laura - Usurpación a la autoridad".
Durante el procedimiento, se denunciaron irregularidades y se cuestionó la competencia provincial en el territorio de una Universidad Nacional. Intervinieron asesoras legales de la Casa de Estudios, que intentaron evitar que se llevaran patrimonio que pertenece a la obra social. Hubo forcejeos y momentos de mucha tensión.
En dialogo con La Rioja /12 la abogada de la OSUNLaR, Mimi Vilte, relató que "llegaron 18 policias a pedir dos computadoras". Para la abogada la medida fue desproporcionada, y considera que tranquilamente se podría haber librado oficio para evitar el uso de fuerzas policiales. Vilte cuenta que "le ofrecimos que copiaran todo el material alojado en ambas computadoras", pero adjudica los hechos a la investigación que pesa sobre la ex vicerrectora: "Marita Corzo esta siendo investigada por el Consejo Superior, por el Consejo Directivo y la sindica, y el problema es que ahí había mucha información que la implica a ella en esa investigación y ahora a nosotras no nos quedó ni un acta de lo que se llevaron, no nos dejaron hacer un backup, y no tenemos como recuperar la información", explicaron. "Cuándo nos devuelvan la máquina no sabemos que va a quedar, y que no", lamentó.
Vilte denunció además estar dolorida por la violencia física que recibió tanto ella como otras mujeres que estaban resistiendo la medida en el lugar, y dijo que varias personas se descompensaron por el malestar que generó el allanamiento: "La impunidad con la que se metió un Juez provincial a un territorio federal, ¿Qué garantías te deja para vos como ciudadana común que anda por la calle si con esa impunidad se meten con una universidad por ejemplo?", advirtió.
