Mariana Condorí tenía 20 años cuando fue encontrada muerta en su precaria vivienda donde convivía con su pareja Gabriel Maldonado y sus tres hijos. Maldonado ejercía contra ella violencia física, psicológica, obstrucción de su autonomía económica y agresión a sus hijos por lo que Mariana lo denunció ante la policía. Cuando el fiscal recibió la denuncia inició un proceso de mediación sin otorgarle ninguna medida de protección a la víctima. A los pocos días Mariana se suicidó. Su familia y vecinos testimoniaron que el contexto de agresión contra ella se intensificó después de la denuncia. La familia de Mariana denunció al fiscal de la causa ante la Procuración General de la Suprema Corte bonaerense por no haber adoptado medidas de protección eficaces ante el alto riesgo invocado por la víctima en su denuncia policial (antecedentes de violencia y posesión de armas de fuego de la pareja) y por haber habilitado la instancia de mediación. La denuncia fue desestimada porque en la provincia de Buenos Aires los conflictos familiares deben someterse al mecanismo de mediación penal previa. La defensora de la familia de Mariana, la abogada Sofía Caravelos, fue denunciada por la fiscal a cargo de la causa. El caso está detallado en uno de los informes “sombra” que presentó una amplia coalición de organizaciones de mujeres y de derechos humanos –entre ellas Cels, Cladem, Cedes, ELA, FEIM– ante el Comité de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés), que el martes examinará la situación de los derechos de las mujeres en la Argentina. La delegación del Gobierno, encabezada por Fabiana Tuñez, titular del Consejo Nacional de las Mujeres, tendrá que rendir cuentas sobre los retrocesos, falencias y omisiones del Estado argentino en cuanto a su obligación de respetar, garantizar y hacer efectivos los derechos contenidos en la Convención Cedaw y que básicamente se refieren a la vida de las mujeres en el país.
Entre los ejes que probablemente el Comité Cedaw le planteará a la delegación argentina se encuentran los siguientes: 

  • Las medidas para aumentar el acceso de las mujeres a la justicia y la conciencia de sus propios derechos, para evitar todas las formas de violencia basada en género contra las mujeres, incluyendo la violencia sexual contra mujeres y niñas y los femicidios/feminicidios; y para prevenir los embarazos precoces, para garantizar el acceso al aborto seguro y para combatir la mortalidad de mujeres por gestación.
  • Las formas múltiples de discriminación que persisten contra las mujeres, incluyendo contra las mujeres indígenas y afrodescendiente, LBTI, con discapacidad y rurales. 
  • Medidas que se han puesto en marcha para combatir los estereotipos culturales contra las mujeres, inclusive en los medios de comunicación.
  • Los obstáculos en el combate a la trata de personas, y la ausencia de prestación de servicios sociales a víctimas.
  • Las dificultades de acceso para las mujeres indígenas y afrodescendientes a la educación y a la salud sexual y reproductiva. 

Se trata  de la revisión periódica –en general es cada cuatro o cinco años– a la que deben someterse los países que ratificaron la Convención Cedaw, como ocurre con otros tratados. Puntualmente, la delegación argentina tiene que dar explicaciones sobre cómo cumplió el país con las obligaciones gubernamentales de respetar, promover y garantizar los derechos consagrados en el Tratado (artículos 1 al 16), referidos a la no discriminación hacia las mujeres en distintos ámbitos. El período de análisis va del 2010 al 2016, es decir, la mayor parte se refiere al gobierno de CFK. Pero la enorme repercusión internacional que tuvo la marcha y el paro del miércoles 19 de octubre, ante la creciente escalada de femicidios, será el telón de fondo con el que el Comité examinará al país. Forma parte de la delegación oficial, entre otras funcionarias, la subsecretaria de Acceso de Justicia, María Fernanda Rodríguez; también la titular de la Oficina de Violencia de Género de la Corte, Analía Monferrer.
La revisión tendrá lugar en la Sala XVI del Palacio de las Naciones en Ginebra, entre las 10 y las 13 hora local (5 a 8, en Buenos Aires) y de las 15 a las 17 (10 a 12, en Buenos Aires), y será transmitida en vivo por Internet en <http://webtv.un.org/>. Los comentarios del Comité –conocidos oficialmente como observaciones finales– sobre Argentina y los demás Estados examinados en esta sesión –Canadá, Burundi, Bután, Bielorrusia, Suiza, Honduras, Armenia, Bangladés, Estonia, Holanda y Antigua y Barbuda–, se publicarán el 21 de noviembre.
El Comité recibió además del informe oficial, una serie de contra-informes, elaborados por coaliciones de ONG, sobre distintas temáticas: la situación en general, haciendo eje en las violencias machistas contra las mujeres en distintos ámbitos, el impacto de la criminalización del aborto, la situación de las mujeres trans –es la primera vez que se incluye un documento de estas características–, de las migrantes, y de las mujeres de pueblos originarios, entre otras miradas. El lunes está previsto que las expertas reciban a referentes de las ONG que participaron en la redacción de los informes “sombra” y de los organismos de control estatal como el Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires (ver aparte).
El Comité Cedaw está compuesto por 23 expertas y expertos independientes en derechos humanos procedentes de todo el mundo. Sirven a título personal y no como representantes de los Estados miembros. 

Preguntas y cuestionamientos


Entre las aspectos que probablemente el Comité Cedaw pregunte a la delegación argentina figuran los siguientes, que surgen de los informes “sombra” elaborados por las ONG especializadas en la temática:

  • El Plan Nacional contra la Violencia de Género, anunciado meses atrás por el presidente Mauricio Macri enuncia un presupuesto a 3 años, el 80 por ciento del cual está destinado a la construcción de 36 Hogares de Protección Integral (HPI) en lugares todavía no identificados. No se ha publicado la información sobre los recursos que aportarán los diversos ministerios nacionales involucrados en las acciones que contempla el Plan, así como los mecanismos para garantizar tales acciones.
  • Existe una gran disparidad en la cantidad de recursos disponibles en la capital de las provincias en contraposición a las localidades del interior.
  • La falta de acceso al patrocinio jurídico gratuito es una de las mayores dificultades que encuentran las mujeres para la tramitación de las causas a partir de la denuncia. A fines de 2015 se sancionó la Ley 27.210 que crea el Cuerpo de Abogados en el ámbito de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos de la Nación con el fin de brindar patrocinio jurídico gratuito y asesoramiento legal integral en todo el territorio nacional a personas víctimas de violencia de género, así como la ejercida por razones de identidad de género u orientación sexual. Pero todavía no se reglamentó: hace falta avanzar en su asignación presupuestal y pronta implementación.
  • Aunque en distintas jurisdicciones existen programas tanto en las áreas de justicia, salud o desarrollo social que atienden a mujeres víctimas de violencia, se encuentran desarticulados o superpuestos; se desconocen las funciones y tareas que desarrollan y la asignación presupuestaria con que cuentan; no garantizan los mecanismos (en términos de recursos humanos, equipos interdisciplinarios, subsidios, licencias, guarderías, acompañamiento y continuidad en los tratamientos) suficientes para la atención de la demanda ni producen estadísticas públicas de las situaciones y casos de violencia de género que concurren y/o son atendidos en los diferentes servicios. 
  • El déficit en el abordaje integral también se ve en la falta de políticas de apoyo económico para las mujeres. El programa de transferencia de ingresos denominado “Ellas Hacen”, implementado por el Estado Nacional en el territorio de diversas provincias, no ha brindado información que pudiera dar cuenta de la llegada de ese recurso a las mujeres en situación de violencia.
  • Uno de los problemas que se constata en la Justicia es la falta de conexidad entre las causas iniciadas por una misma mujer contra el mismo agresor. En general, una mujer realiza varias denuncias por diferentes hechos de violencia familiar que promueven causas judiciales que se tramitan en uno o varios fueros (el de Familia, en los Juzgados de Paz para el cese de las situaciones de violencia y/o el dictado de medidas de protección, o en el Fuero Penal cuando aparecen delitos como amenazas, lesiones, intentos de homicidios, homicidios) sin que necesariamente las causas se conecten entre sí. Al mismo tiempo, la falta de articulación entre los poderes judicial y ejecutivo se verifica en la gran cantidad de casos de mujeres asesinadas en todo el país aunque tenían dictadas medidas de protección.
  • La mayoría de los esfuerzos públicos se han concentrado largamente en la violencia doméstica, en particular, en la que se produce en el marco de las relaciones de pareja. El acoso sexual en el ámbito del empleo solo cuenta con una regulación parcial en el ámbito de la administración pública, y a pesar de ser un fenómeno extendido es ampliamente naturalizado y se conocen pocas denuncias. En un sentido similar, el acoso sexual en ámbitos educativos ha sido silenciado tradicionalmente por los ámbitos universitarios a pesar de que las mujeres constituyen más del 60 por ciento de las egresadas de las universidades nacionales.