La repatriación del que fuera el Skyvan PA-51 de la Prefectura Naval Argentina –que se usó durante la dictadura para arrojar a las aguas a quienes estaban secuestrados en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA)-- sirvió de ocasión para que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner reclamara la sanción de una ley contra el negacionismo. Lo hizo después de hacerse eco de un pedido de Cecilia De Vincenti, hija de Azucena Villaflor –la fundadora de Madres de Plaza de Mayo, que fue víctima de los vuelos de la muerte–. La discusión sobre qué hacer frente a quienes reivindican la muerte, la tortura, la desaparición y a los perpetradores de crímenes aberrantes es de larga data en el movimiento de derechos humanos y en el mundo académico, y está lejos de estar saldada.

El 24 de marzo, una concejala de Chacabuco, Silvia Gorosito, posteó en sus redes sociales una imagen de dos personas que caían de un avión. Iba acompañada de la leyenda “feliz día del montonero”. En abril, el general retirado Rodrigo Soloaga utilizó el Día del Arma de Caballería para lanzar una proclama en solidaridad con sus camaradas presos. Este sábado, manifestantes llegaron a la estación de subte Rodolfo Walsh –que lleva ese nombre porque en esa esquina de San Juan y Entre Ríos el periodista fue emboscado por una patota de la ESMA y herido de muerte– para borrar su nombre y cambiarlo por carteles que decían “víctimas del terrorismo”. La movilización contó con la presencia del diputado nacional Ricardo López Murphy, la legisladora porteña Rebeca Fleitas y la exsenadora bonaerense Felicitas Beccar Varela.

Según CFK, la sanción de una ley contra el negacionismo se hizo necesaria después de la llegada al gobierno de Mauricio Macri, que días atrás volvió a referirse al “curro de los derechos humanos”, como lo había hecho en la campaña que lo llevó a la Casa Rosada. “Es un tema en el que estamos trabajando. Estamos de acuerdo con sancionar a quienes tienen responsabilidades institucionales e integran el Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial”, le dijo a Página/12 el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti. “La idea no es únicamente la sanción sino la capacitación, que es fundamental”. La vicepresidenta planteó que el debate debía darse en la antesala de los 40 años de democracia, pero el hecho de que éste sea un año electoral conspira contra esa aspiración. “La Secretaría de Derechos Humanos quiere dejar como aporte un proyecto bien hecho y que recoja los distintos debates. Vamos a tratar de elevarlo al Congreso para que sea tratado”.

En la Cámara de Diputados, hay actualmente tres proyectos con estado parlamentario, introducidos por distintos integrantes del oficialismo. Uno lo presentó la semana pasada la diputada Carolina Moisés; hay otro de Eduardo Fernández y un tercero de Estela Hernández. Todos establecen penas de hasta dos años de prisión para quienes niegan o relativizan el terrorismo de Estado.

Sin embargo, en el gobierno, parece cuajar una propuesta más restrictiva, orientada únicamente hacia funcionarios públicos. “Estamos de acuerdo con alguna norma orientada sobre todo en aquellos que tengan alguna responsabilidad desde el Estado hacia la comunidad”, explica Matías Moreno, subsecretario de Derechos Humanos bonaerense.

Una propuesta desde la sociedad civil

H.I.J.O.S trabaja desde hace tiempo en un proyecto de ley contra el negacionismo que tiene el apoyo de buena parte del movimiento de derechos humanos. La propuesta contempla que el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) abarque también la lucha contra el negacionismo, que se inhabilite a los funcionarios públicos que nieguen crímenes que el propio Estado reconoce –como los de la dictadura, el Holocausto, el genocidio armenio o las masacres de Napalpí y Rincón Bomba– y que exista una capacitación obligatoria, como la que establece la Ley Micaela en materia de violencia de género.

“En la víspera de los 40 años de democracia, nos debemos dar este debate producto de los nuevos avances de las derechas y de haber tenido un expresidente negacionista”, afirma Carlos Pisoni, de H.I.J.O.S. “No debemos naturalizar estos discursos ni las agresiones hacia los familiares de las víctimas con miras a poner en duda lo sucedido en el pasado reciente”. H.I.J.O.S convocó a distintos especialistas a pensar el tema y trabajó también con instituciones de la comunidad judía y armenia. Una de ellas es la Fundación Luisa Hairabedian. “Decimos que un funcionario en ejercicio de sus funciones no puede salir a desconocer lo que el propio Estado reconoció”, aporta el abogado Federico Gaitán Hairabedian.

Una de las expertas que encabeza ese debate es Valeria Thus desde la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). “No creo que la criminalización sea para que el negacionista deje de serlo. No hay una idea de reinserción social ni de reeducación moral, sino que implica pensar una herramienta para dar un mensaje claro de qué sociedad queremos ser”, explica la jurista. “Se pueden pensar modos más creativos de sanción: circunscribirlo a funcionarios públicos, plantear la inhabilitación con un límite temporal y una capacitación obligatoria. Es una mirada más restaurativa del derecho penal”, dice.

Para el juez de la Cámara Federal de Casación Penal Alejandro Slokar, una regulación es posible. “Hace más de un siglo nuestra legislación tipifica la apología del crimen sin mayores controversias. El artículo 213 del Código Penal, desde siempre, prohíbe la exaltación, ponderación y/o elogio de un hecho declarado delito con fuerza de cosa juzgada o de quien haya recibido una condena firme por ello. La correcta interpretación doctrinaria y judicial impidió, al día de hoy, cualquier riesgo de criminalización de opiniones”, opina el titular del Observatorio de Memoria y Justicia de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

Los peligros

El juez federal Daniel Rafecas, que lleva adelante la investigación por crímenes contra la humanidad más grande del país y es experto en el Holocausto, plantea dudas sobre la oportunidad de usar el derecho penal. “Yo tengo mis reservas. No son todas cuestiones positivas las que surgirán de criminalizar o de traer al sistema penal al negacionista o al justificacionista del terrorismo de Estado”, le dijo a FM Extra. “Se les va a poner una alfombra roja para que lleven su discurso a los medios de comunicación y se van a amparar en el derecho constitucional a la libertad de expresión y a la libertad de prensa, que son dos pilares básicos de una democracia”.

El sociólogo Daniel Feierstein comparte el recelo. “El derecho penal no está para penar posicionamientos u opiniones por más aberrantes que nos parezcan. El derecho penal pena conductas y esas conductas ya están tipificadas en el Código Penal. Lo único que tiene sentido es administrativamente establecer que la función pública es incompatible con afirmaciones que vulneren la dignidad de las víctimas de crímenes de Estado –que incluirían también las torturas en las cárceles o el caso de Santiago Maldonado, por ejemplo–”, enfatiza el director del Centro de Estudios sobre Genocidio (CEG) de la Universidad Nacional de Tres de Febrero.

“Las experiencias de otros países, como España y Alemania, dan cuenta de que la penalización del negacionismo no evita el crecimiento de la derecha neofascista que se reconoce en ese discurso. En un contexto como el actual, la sanción penal puede generar un efecto contrario, transformando a sus impulsores en perseguidos políticos y realzando su figura”, añade, por su lado, Sandra Raggio, directora general de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). “Antes de pensar nuevas leyes, preferiría que pensemos acerca de lo que aún resta por hacer en materia de memoria y derechos humanos en nuestro país, más que en el castigo. Sobre todo teniendo en cuenta que muchos jóvenes –no todos ni en su mayoría– están encontrando en estos discursos cierto sentido al asociarse a cierta decepción con la política y la democracia”.