Nicolás Martínez tenía 18 años. Emmanuel Cartagena, la misma edad. Ambos transitaban, el sábado pasado, las calles de El Monte. Al mismo tiempo, a unas poquitas cuadras, el juez Enrique García Maañón practicaba descargar el cargador de su arma en uno de los boxes del polígono de la Asociación de Tiro y Gimnasia de Quilmes. Cuando el magistrado terminó su hobby, se subió a su Renault Captur y salió por el portón de la calle Cevallos, su camino se cruzó con los jóvenes y el desenlace fue mortal: a Martínez y Cartagena les alcanzaron las balas que dispararon García Maañón y su custodia personal.
Según la versión policial, la muerte de los dos adolescentes tuvo lugar luego de que ellos dos y tres compañeros suyos se abalanzaran contra el auto del camarista de San Isidro. “Les cortaron el paso, se abalanzaron y les abrieron las puertas del auto, agarrándolos para sacarlos”, deslizaron desde la Policía. Allí, y siempre de acuerdo a lo trascendido por los investigadores, tanto el juez -con su Glock calibre 9 milímetros- como su guardaespaldas (con una Bersa Thunder) "se defendieron" al efectuar disparos con sus pistolas.
La balacera provocó la muerte de Martínez y Cartagena, además de que otro de los chicos -de 16 años- fue herido de gravedad. Los otros dos chicos se dieron a la fuga y son buscados por la Policía.
En el caso interviene el fiscal Martín Conde, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 de Quilmes. Fuentes judiciales anunciaron que el fiscal no pidió la detención de García Maañón ni de su custiodio, al considerar "que actuaron en legítima defensa", pese a que no trascendió el peritaje de la Prefectura Naval sobre la cantidad de disparos se realizaron en totalidad y si, efectivamente, los jóvenes también habían disparado contra el magistado.
García Maañón es uno de los dos magistrado de la Cámara de Apelaciones de San Isidro que en 2011 ordenaron cambiar la calificación del delito a los dos menores acusados por el asesinato del músico Santiago Urbani. En un fallo con la firma de mano dura, García Maañón dictó pasar de homicidio en ocasión de robo a homicidio criminis causae, que en términos jurídicos viene a ser un homicidio cometido para ocultar otro delito, en este caso, el robo a la casa de Urbani, en Tigre. Es por eso que la condena pasaba a ser perpetua, una pena que las normas constitucionales y la Corte Suprema rechazaban ya que se trata de adolescentes. Una edad similar a los que este sábado murieron tras la balacera del propio magistrado.
