(Desde San Salvador)

A casi un mes del conflicto salarial, docentes de nivel inicial primario de Jujuy decidieron en congreso provincial de la Asociación de Educadores Provinciales (ADEP, el gremio mayoritario de este sector) continuar con el paro por tiempo indeterminado y rechazar el descuento de días de paro. Y aunque aceptaron la última propuesta del gobierno, de $72 mil pesos de básico, la calificaron de insuficiente.

Las medidas de fuerza de la docencia primaria se llevan a cabo en el contexto de un conflicto social y político que atraviesa la provincia, y que se agrava cada día, con 18 días de cortes de rutas que sostienen las comunidades indígenas acompañadas por docentes, campesinado y trabajadores de distintas áreas, en rechazo a la reforma de la Constitución que autoriza un avance sin precedentes sobre los territorios. 

ADEP en realidad viene cediendo en su exigencia. El 5 de junio pedía un básico de 200 mil pesos, ahora es de solo 100 mil pesos. "De 200 mil se bajó a 100 mil pesos el básico, que fue votado por mayoría", dijo Teresa Bazán, secretaria gremial de ADEP. 

Entre los puntos tratados en el congreso provincial de ADEP se resolvió rechazar la conciliación obligatoria y mantener la exigencia de la derogación de la reforma constitucional impulsada por el gobernador Gerardo Morales. En cuanto a los reclamos salariales, se acordó seguir pidiendo que se incorpore al básico el plus por presentismo. Por otro lado, se ratificaron las medidas del congreso anterior en cuanto a no realizar cortes de rutas, no realizar huelgas de hambre ni crucifixiones, ni instalación de carpas, todas medidas que vienen pidiendo, y en algunos casos ejecutando, sectores de las bases. 

Sin embargo, un grupo de docentes se mantiene acampando frente al Ministerio de Educación, y hoy cumplen el cuarto día de huelga de hambre.  

Las y los congresales de ADEP analizaron en la Casa del Maestro los mandatos de las asambleas zonales que por unanimidad dispusieron “continuar con el paro por tiempo indeterminado y rechazar la reforma”. Las discusiones zonales se desarrollaron el sábado en las delegaciones de Tilcara, Abra Pampa, La Quiaca, Libertador, San Pedro, Perico, Palpalá y San Salvador.

“Decidimos continuar nuestra lucha por las violaciones de nuestros derechos en tiempo de democracia. Por la represión de Humahuaca, por un nuevo jovencito que pierde un ojo, por la dignidad como educadores que en estos momentos va más allá de lo salarial. Paro por tiempo indeterminado”, expresó el docente Raúl Maigua, de Perico.

Por otro lado, se realizaron denuncias públicas sobre interferencias de dirigentes políticos partidarios que buscaban quebrar la unidad de la docencia para que levantaran el paro y acepten el ofrecimiento salarial del gobierno jujeño. El conflicto salarial se inició el 5 de junio pasado y la adhesión inicial al paro era superior al 90%. Sin embargo, la última semana más del 50% de las y los educadores de nivel inicial y primario volvieron a las aulas.

El gobierno de la provincia adelantó la convocatoria a paritarias a ADEP para el pasado viernes, e hizo un nuevo ofrecimiento en un intento por destrabar el conflicto. Pero como los funcionarios no aparecieron esa mañana, un grupo de docentes inició una huelga de hambre como respuesta. Finalmente, el encuentro se realizó por la tarde, y el gobierno ofreció aumentar la cantidad de horas cátedra para el cargo de maestro especial y de maestro de nivel inicial y primario. 

Jujuy en estado represivo

El conflicto social desatado en Jujuy por la intransigencia de Gerardo Morales, que en tiempo récord avanzó con una reforma constitucional regresiva, e inconsulta, se mantiene en la provincia con protestas en todo el territorio y en todo el arco social. Todos los días se realizan marchas, se sostienen cortes de rutas y se realizan otras actividades, como festivales, y pronunciamientos de concejos municipales, para expresar el rechazo generalizado a la reforma de la Constitución que criminaliza la protesta social y avanza sobre otros derechos de la ciudadanía. A ese malestar inicial se añadió ahora un enojo generalizado por los distintos hechos de represión que protagonizó el gobierno jujeño. 

Esta será la quinta semana de un estado de agitación general en la provincia, y la única respuesta del gobierno de Jujuy es la represión, que tiene su aspecto más grave en los disparos de policías al rostro de manifestantes y que ya provocaron la pérdida de un ojo a Misael Lamas, Jorge Aguirre y Joel Paredes.

Las represiones del 17 de junio en Purmamarca, la del 20 de junio en San Salvador y la de la madrugada del 1° de julio en Humahuaca se han convertido hasta ahora en las más violentas ordenadas por Morales, con más de 90 personas detenidas, que además cargan ahora con causas penales en su contra. Y la represión en Humahuaca se llevó a cabo incluso después de las advertencias de organismos internacionales sobre la obligación del Estado jujeño de respetar los derechos humanos y tras la denuncia penal que presentó la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación contra Gerardo Morales por violación a los derechos humanos.

El viernes último, el gobernador respondió a las múltiples manifestaciones en su contra convocando a través de punteros políticos e intendentes a una movilización para apoyar su gestión. La llamaron "Marcha por la Paz", pero la convocatoria fue exigua, en contraste con la Marcha de las Antorchas convocada con la consigna "Abajo la reforma" y que mostró a miles de fueguitos recorriendo las principales calles de la ciudad capital. 

Por otro lado, se mantienen firmes 10 cortes de ruta en distintos puntos de la provincia, la mayoría en las rutas nacionales 9, 52 y 40. En cada uno de esos puntos las comunidades indígenas realizan asambleas cada día para decidir el paso de los vehículos. En la ruta 9, en Abra Pampa decidieron por unanimidad profundizar el reclamo y a partir de las 22 de anoche el corte será "total" por 48 horas. Lo mismo se decidió en La Quiaca, donde las 48 horas comenzaron a contarse desde las 21.