Desde Sevilla

Los españoles han saltado de un proceso electoral al otro. El pasado 28 de mayo se celebraron elecciones autonómicas y municipales, con un claro voto de castigo a Pedro Sánchez, y el presidente del Gobierno no tardó 24 horas en reaccionar. Anunció la disolución del Congreso y la convocatoria anticipada de elecciones generales. El mandato de Sánchez vencía en diciembre, pero tras el batacazo, que llevó al PSOE a perder el gobierno de la mayoría de las comunidades autónomas, decidió convocar a las urnas lo antes posible. La medida no estuvo exenta de polémica. La primera fecha posible era el 23 de julio, en pleno verano, bajo la amenaza de una ola de calor como nunca se ha visto y con medio país de vacaciones. Es como si los argentinos fuesen llamados a las urnas el 23 de enero.

La jugada tuvo el doble propósito de evitar una agonía desgastante de seis meses e intentar movilizar al electorado de izquierda ante la amenaza latente de una posible entrada de la extrema derecha en el Gobierno. Lo primero lo ha conseguido, lo segundo está aún por ver y de momento no se refleja en las encuestas.

Desde la convocatoria electoral, cada mañana los españoles desayunan con un nuevo sondeo de intención de voto y en prácticamente en todos el bloque de la derecha aparece claramente por delante del de la izquierda, pero tanto en el PSOE como en Sumar (la coalición liderada por la vicepresidenta Yolanda Díaz que consiguió integrar no sin dificultad a todo el espectro a la izquierda del PSOE) se confía en que se trata de una desventaja remontable.

Las estrategias de ambos bloques parecen responder a la lógica del espejo. Intentan movilizar al electorado advirtiendo contra el posible gobierno de coalición que podría formarse si gana el adversario. En la izquierda alertan contra los retrocesos sociales que supondría la formación de un gobierno con ministros de Vox, cuya agenda incluye derogar la ley del aborto y el matrimonio igualitario o la ilegalización de los partidos independentistas. En el bloque de la derecha contraatacan contra la posible reedición de lo que llaman ‘gobierno Frankestein’,una figura en la que integran a todos los demonios de la derecha española: socialistas, comunistas y Podemos con el apoyo parlamentario de nacionalistas vascos y catalanes.

La sucesión de una elección detrás de otra ha tenido como consecuencia que la precampaña electoral tenga lugar al mismo tiempo en el que se están conformando los gobiernos autonómicos surgidos de los comicios del 28 de mayo. En un principio, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, tuvo la intención de retrasar lo más posible las negociaciones para evitar el coste político de los pactos con la extrema derecha a los que se ve abocado, pero el calendario ha sido implacable y ha permitido anticipar que es lo que cabe esperar tras las elecciones de julio.

En el sistema parlamentario español, tanto a nivel nacional como autonómico, no existe el voto directo para el Ejecutivo y los presidentes son elegidos por los parlamentos. Las negociaciones se están cerrando en estos días, de momento con un criterio uniforme. En aquellas comunidades en la que al PP le basta con la abstención de Vox para investir a sus presidentes, como ha sido en las islas Baleares y posiblemente suceda también en Murcia, la extrema derecha no entra en los gobiernos, pero donde el PP sí requiere del voto a favor de su candidato de los parlamentarios de Vox, esta formación está exigiendo, y consiguiendo, formar parte de los ejecutivos. Es el caso de la Comunidad Valenciana y también de Extremadura, donde la candidata del Partido Popular, María Guardiola, ha tenido que rectificar tras anunciar que nunca podría dejar entrar en el Gobierno “a quienes niegan la violencia machista”. La posibilidad de una repetición electoral y la presión de su partido –y también mediática- la llevó a dar marcha atrás apenas cinco días después. “Mi palabra no es tan importante como el futuro de los extremeños”.

No se puede decir que el presidente del PP no esté hablando claro. Núñez Feijóo dijo este lunes en una entrevista televisiva que si Vox tiene que votar ‘sí’ en su investidura es porque el PP no suma más votos que toda la izquierda. Por lo tanto, "lo lógico es que Vox entre en el Gobierno".

La izquierda está intentando movilizar a sus votantes con la advertencia de lo que supondría un gobierno que integrara a ministros de Vox, pero de momento los resultados no se ven en las encuestas. Se trata de una estrategia que no se diferencia mucho de la del PP, que parece querer replicar la táctica que tan bien les funcionó hace un año en Andalucía, la comunidad más poblada del país y tradicional bastión electoral socialista. Allí, su candidato consiguió movilizar a su favor lo que denominó el “voto prestado”; electores de centroizquierda que ante la posibilidad de que Vox entrara en el gobierno optaron por el mal menor y le dieron la mayoría absoluta al Partido Popular.