El Ministerio Público de la Acusación sancionó a dos de sus fiscales de Rosario por conceder una entrevista periodística, no sobre una investigación penal en curso sino sobre el oficio que despliegan en la ciudad con mayor índice de homicidios y violencia urbana de Argentina. Y el castigo se hizo conocido en cuestión de horas por todo el país, y encadenó un sinfín de declaraciones de repudio ante el acto de censura explícita que implica dicha amonestación.
"Están investigando a los tipos más pesados de Rosario, y la fiscalía en lugar de apoyarlos les dice que no hablen. Rosario es el reino del revés. En vez de bancar a los fiscales que tienen que poner el cuerpo contra el narcotráfico, los sancionan por hablar con nosotros. Nunca imaginamos que los podrían sancionar. Es una cuestión más disciplinaria que cualquier otra cuestión", reprobó el periodista Carlos Claá, el autor de la nota que encendió la mecha y que la revista Noticias publicó en marzo pasado.
Llamó la atención que ninguna asociación de fiscales, ni a nivel local ni nacional, se hiciera eco de la situación para salir en defensa de los dos investigadores sancionados.
Los fiscales que quedaron en el blanco del castigo administrativo son Valeria Haurigot, jefa de la unidad fiscal a cargo de investigar balaceras, y Pablo Socca. El cronista de Noticias había contactado en el verano al jefe de prensa del MPA, Sebastián Carranza, con el propósito de realizar una nota sobre la vida de los fiscales que deben enfrentar la investigación sobre el crimen organizado en Rosario y sus derivaciones violentas.
Carranza consideró inapropiado el momento para una publicación de esa índole y rechazó la propuesta. Respondió a la requisitoria con estas palabras: "La dejamos para más adelante. Es una nota sobre cómo viven amenazados. No es el momento de hacer una nota a nivel nacional así".
Pero Claá perseveró en su propósito periodístico, sobre la base de la libertad de prensa, y fue directo en busca de las fuentes que el funcionario pretendió negarle. Así logró entrevistar a Socca y Haurigot. También tomó declaraciones de Matías Edery y Franco Carbone, pero por haber sido extemporáneas a la respuesta de Carranza, estos dos fiscales quedaron exceptuados de sanción.
La nota apareció en la edición de marzo bajo el título: "Violencia narco en Rosario: fiscales en peligro. Vivir bajo amenaza".
Entre las frases textuales de los entrevistados, algunas agravaron el fastidio de Carranza, que ya se había sentido desautorizado por los dos fiscales que accedieron a la entrevista. Haurigot dijo cosas como "Los narcos están sacados. Tienen penas tan altas que condenarlos a 10 o 20 años más les parece un chiste”, y "en las audiencias se nos cagan de risa".
Socca, por su parte, acotó entonces que los delincuentes "no nos matan porque no quieren, no porque no puedan".
Carranza notificó la situación a la jefa regional del MPA, María Eugenia Iribarren, quien derivó el planteo hacia la Auditoría General del organismo, a cargo de Leandro Mai.
El veredicto del auditor Mai encontró la conducta de los fiscales como una "falta leve" por haber incurrido en "falta de prudencia y seriedad en las expresiones utilizadas por ambos miembros del MPA". Este funcionario concluyó en que Haurigot y Socca son merecederes de sanción disciplinaria.
Cuando la situación tomó estado público este domingo por el periodista Hernán Lascano, de La Capital, ardieron las réplicas.
Desde Buenos Aires, la precandidata a presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, aprovechó a echar leña al fuego: "Hay que cuidar a los fiscales. Conmigo saben que cuidaremos a los que nos cuidan, y daremos con fuerza la batalla para liberar a Rosario y al país del narcotráfico".
También desde la oposición, Graciela Ocaña definió el entuerto como "una vergüenza: no se puede sancionar a quienes arriesgan su vida luchando contra el crimen organizado. Sólo salieron a contar lo que les ocurre en su vida cotidiana. Deberían revisar este tipo de castigos".
El diputado provincial Carlos Del Frade habló de "un criterio feudal" y sumó su "repudio a esta nueva persecución: cuarenta años de democracia, evidentemente no son nada", lanzó. “Nuestra total solidaridad con las y los fiscales sancionados por dar declaraciones periodísticas. Una nueva confirmación de la provincia feudal en la que necesariamente hay que romper los pactos de silencio entre el poder político, económico, mediático, eclesiástico y judicial".
La diputada nacional de la UCR Ximena García agregó su apoyo a los fiscales "que luchan contra el narcotráfico desamparados por el Estado, perseguidos y con doble mensaje. Esta anarquía es la principal causa por la que Santa Fe es terreno fértil para la avanzada narco".