A cuatro meses del inicio del juicio oral contra una docena de imputados por estafas inmobiliarias que salieron a la luz en 2016, comienzan hoy los alegatos de clausura, y la causa se encamina hacia el veredicto. En la apertura del debate, Fiscalía pidió penas de entre 20 a y 3 años y medio de prisión -más multas-, según las responsabilidades atribuidas a cada uno de los 13 acusados, entre escribanos, empresarios, un dirigente sindical y familiares de estos. Los delitos económicos investigados en lo que se conoció como una megacausa, involucra viviendas, terrenos y campos.
Con el alegato del fiscal Sebastián Narvaja comienza esta mañana la nueva instancia del debate para que luego el tribunal integrado por los jueces Ismael Manfrín, Nicolás Vico Gimena y Román Lanzón pongan fecha a la lectura del decisorio sobre los acusados por ocho casos de personas que fueron desapoderadas de bienes mediante maniobras ilegales de estafa y fraudes.
Cuando se abrió el juicio, a fines de febrero pasado, el fiscal señaló que se trató de "una serie de maniobras cometidas por personas que conformaban un grupo destinado a estos delitos, donde el patrón común es que a través de falsedades de escrituras hechas por escribanos acusados en la causa se generaron documentos falsos y fraudes, mediante los cuales se quitaron propiedades a diferentes familias".
Al mismo tiempo, sostuvo que "se falsificaba la firma del verdadero dueño de la propiedad en un poder falso, y luego se usaban para instrumentar escrituras de transferencia, para inscribir las transacciones en el registro. En algunos casos se hacían más compra-ventas de esa propiedad para que fuera difícil la recuperación de los inmuebles". El caso incluye la acusación por lavado de activos.
Sobre el ardid, se indicó que primero se "buscaban propiedades y las desapoderaban mediante fraudes inmobiliarios"; luego se "buscaban compradores solventes para 'lavar' fraudes"; y finalmente, se realizaban "maniobras para que los activos de origen ilícito adquieran apariencia lícita".
