El presidente francés, Emmanuel Macron, recibió este martes a más de 200 alcaldes de localidades golpeadas por los disturbios de la última semana en búsqueda de respuestas a la crisis provocada por la muerte de un joven baleado por la policía. Macron prometió enviar al Parlamento un proyecto para compensar a los comercios que hayan sido dañados, en medio de una desescalada de la violencia en las protestas. En la noche del lunes al martes las fuerzas de seguridad detuvieron a 72 personas, hubo 24 edificios dañados y 159 autos incendiados.
"Terapia colectiva"
"¿El retorno a la calma será duradero? Seré prudente, pero el pico que vimos en los últimos días ya ha pasado", dijo Macron al inicio de la reunión con los alcaldes, a quienes expresó "reconocimiento por su acción". El alcalde de Grigny, Philippe Rio, describió el encuentro como un momento "de terapia colectiva extremadamente doloroso".
Para el regidor comunista de este municipio de la región parisina, el vínculo "se rompió" con las protestas de los chalecos amarillos y el repudio a la reforma de las pensiones. Estos eventos sacudieron los dos mandatos sucesivos de Macron desde 2017. Su par de Nanterre, Patrick Jarry, consideró que abordar la misión de la policía es "ineludible".
La derecha y extrema derecha subrayaron en cambio el "laxismo" de la justicia, según el alcalde de ultraderecha de Beaucaire, en el sudeste de Francia, Julien Sanchez. "Lo que acaba de ocurrir es un acto criminal que exige una respuesta penal", dijo su par derechista de Charleville-Mézieres, en el nordeste de Francia, Boris Ravignon.
Los disturbios estallaron el martes por la noche luego la muerte de Nahel, un joven de 17 años a quien un policía disparó a quemarropa durante un control de tránsito en Nanterre, un suburbio de París. Desde entonces se sucedieron las protestas, y el ataque con un coche durante el fin de semana al domicilio del alcalde de Haÿ-les-Roses, el derechista Vincent Jeanbrun, puso de relieve el rechazo a los representantes públicos.
Ley urgente para reparar daños
Aunque el análisis de los hechos y la respuesta se anuncian complejos, Macron adelantó ante los alcaldes que presentará una ley urgente para reparar los daños causados y ayudas financieras para rutas, edificios municipales y escuelas. La federación de aseguradoras France Assureurs indicó que se declararon 5.800 siniestros por particulares y profesionales.
Más allá de los daños materiales, la clase política sigue sin ponerse de acuerdo sobre la raíz del estallido de violencia, como constató el mandatario durante la reunión con los alcaldes en París. La derecha y la ultraderecha piden mano dura contra los autores de los disturbios, pero la oposición de izquierda apunta al polémico papel de la policía en los suburbios y la situación en estos barrios, entre los más pobres de Francia.
Las primeras propuestas evocadas por Macron durante una visita a policías apuntan a la primera opción, al prometer "sancionar económicamente" a las familias de los jóvenes que participen en los disturbios. Su ministro de Justicia, Éric Dupond-Moretti, recordó a la fiscalía la "responsabilidad penal" de quienes no ejerzan la autoridad parental, que puede conllevar penas de hasta dos años de prisión y 30 mil euros de multa (32.700 dólares).
Desigualdad en los suburbios
"Si la solución a todos los conflictos sociales es una respuesta represiva del Estado para restablecer el orden, con mucha probabilidad la violencia seguirá aumentando", aseguró el sociólogo Denis Merklen. El profesor de la universidad Sorbonne Nouvelle explicó que, desde hace casi 45 años, estos barrios donde "el Estado es omnipresente" gestionando el transporte o las viviendas sociales, se sienten "menospreciados", y que "si no se rebelan, atraen muy poca atención de la prensa".
No es la primera vez que Francia vive episodios de disturbios localizados, en particular en barrios populares del extrarradio de París y otras grandes ciudades, donde habita mucha población de origen o ascendencia inmigrante (sobre todo del África subsahariana y del Magreb). Los más comparables fueron en 2005 y su origen fue la muerte de dos adolescentes electrocutados en un transformador en el que se habían escondido huyendo de la policía en Clichy-sous-Bois, en la periferia parisina.
Son zonas en tensión en los que se cruzan problemas socioeconómicos como la pobreza y la falta de acceso a viviendas y servicios de calidad, con otros relacionados con la criminalidad y el tráfico de drogas. En ese contexto la policía tiene muchas más posibilidades de parar a alguien cuando es joven y es visible su pertenencia a alguna minoría, según la Comisión Nacional Consultiva de los Derechos del Hombre (CNCDH), una institución oficial que vela por la defensa de los derechos humanos en Francia.
En febrero de 2021, en su último informe sobre la relación entre la población y la policía, este organismo alertó de la necesidad imperativa de "redefinir las condiciones de intervención y del uso de la fuerza" de los cuerpos de seguridad. A este delicado cóctel se une la reforma de 2017 que, en el contexto de la lucha contra el terrorismo yihadista, flexibilizó los supuestos en los que la policía puede recurrir a sus armas, lo que llevó a una multiplicación de su uso en los cada vez más numerosos controles de ruta.
