La corporación de fiscales del Ministerio Público de la Acusación reaccionó ayer sobre las repercusiones que produjo la sanción administrativa a dos de ellos por haber concedido una entrevista a la revista Noticias cuando su jefe de prensa había desaconsejado atender esa demanda periodística. La asociación profesional eligió como respuesta una crítica a la labor de la prensa, respecto de "la compleja labor" de quienes tienen a cargo investigaciones penales. Asimismo, deslizó que hay medios en Rosario que censuran la publicación de ciertas investigaciones y sus periodistas "no se rasgan las vestiduras en honor a la libertad de expresión" como sí sucedió con el affaire de los fiscales y la publicación porteña. Y esto motivó una nueva repercusión, la del Sindicato de Prensa Rosario, que salió al cruce y exigió una reunión urgente con la fiscal regional María Eugenia Iribarren.

La nota en cuestión se publicó el 11 de marzo con el título "Violencia narco en Rosario: fiscales en peligro. Vivir bajo amenaza". Quienes quedaron en la mira fueron los fiscales Valeria Haurigot y Pablo Socca, quienes atendieron al periodista Carlos Claá a pesar de que el jefe de prensa, Sebastián Carranza, lo había filtrado.

Los fiscales que quedaron en el blanco del castigo administrativo son Valeria Haurigot, jefa de la unidad fiscal a cargo de investigar balaceras, y Pablo Socca. 

Entre las frases textuales de los entrevistados, algunas enojaron más que otras en el seno del MPA. Haurigot dijo cosas como "Los narcos están sacados. Tienen penas tan altas que condenarlos a 10 o 20 años más les parece un chiste”, y "en las audiencias se nos cagan de risa". Socca, por su parte, acotó entonces que los delincuentes "no nos matan porque no quieren, no porque no puedan".

Según el comunicado que ayer emitió la Asociación de Fiscales, algunas frases publicadas en la nota fueron dichas off the record y sin consentimiento de sus autores para que aparecieran en el texto periodístico.

La entidad expresó apoyo a los fiscales sumariados, y aseguró que "ellos mismos se vieron sorprendidos y fastidiados al ver la tapa de la revista Noticias y la forma en la que fueron insertas sus manifestaciones. Muchas de las expresiones allí consignadas fueron dichas sin consentimiento para ser citadas, sino en el marco de una conversación informal y sin la posibilidad de prever cuál sería el producto final las imágenes el contexto y la impronta de la nota".

En cuanto a la repercusión adversa que tuvo la situación en los medios que hicieron pública la sanción a Socca y Haurigot, la asociación de fiscales arremetió y devolvió la estocada.

"Se corrobora que algunos medios de la ciudad de Rosario de gran alcance tienen prohibido informar respecto de puntuales investigaciones penales en trámite que por estrictas razones políticas –o de complicidad– le desfavorecen resultando ello una verdadera censura previa consentida y no resistida por los propios periodistas locales que hoy rasgan sus vestiduras en defensa de la mentada libertad de expresión".

Este párrafo mereció que ayer mismo el Sindicato de Prensa Rosario solicitara una reunión con la fiscal regional Iribarren y con la comisión directiva de la Asociación de Fiscales "respecto del comunicado emitido hoy (por ayer) en el que se formulan consideraciones preocupantes respecto al trabajo periodístico que es constitutivo de la libertad de expresión y el derecho a la información", planteó el gremio de periodistas.  

La entidad que representa a los fiscales aclaró que sus miembros "en modo alguno tienen prohibición de hablar con la prensa" en aras de "responder al escrutinio público". En este sentido, compararon la apertura comunicacional que el MPA intenta desde la vigencia del nuevo sistema penal acusatorio, con la premisa de hermetismo informativo que imperaba antes. Es decir, aquel apotegma que reza "los jueces hablan por sus fallos".

De ahí ensalzaron los fiscales la creación de la Oficina de Prensa y respaldaron la función de su director, Carranza, quien pidió el sumario contra Haurigot y Socca al sentirse desautorizado. 

La posición de la entidad justifica, no obstante, el criterio del jefe de prensa en una resolución del MPA que regula "la oportunidad y conveniencia de las comunicaciones entre los fiscales y la prensa, (y que) obedecen a importantes razones que atienden a la preservación de las investigaciones intentando evitar el fracaso de las mismas". 

En ese marco, sostiene que "el actual fenómeno criminológico que azota la ciudad de Rosario y el perfil de algunas personas investigadas ponen en continuo jaque el análisis de la mencionada conveniencia, e imponen la necesidad de evaluar otras cuestiones de suma importancia tales como el impacto que sobre los mismos delincuentes puede llegar a tener el acceso a cierta información fortaleciendo la proliferación de sus conductas e incluso develando debilidades que les permitan perpetrarlas con mayor impunidad". 

El planteo de los fiscales, entonces, hace prevalecer sus razones por sobre el derecho a la información. "Desconocer estas cuestiones en nombre de una irrestricta libertad de expresión no solo constituye un enfoque por demás ligero y precipitado sino que por sobre todas las cosas colisiona con la responsabilidad social que todo comunicador debe tener", pontifica. 

El comunicado difundido ayer plantea que los fiscales "padecemos a diario supuestos de tergiversación y descontextualización de declaraciones que efectuamos a la prensa, de publicaciones incautas de comentarios hechos en 'modo off', de frustración de investigaciones por filtraciones y/o publicaciones que anticipan circunstancias que a la postre obstaculizan medidas de investigación e incluso tareas de persecución de las personas sindicadas como criminales".