El Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) suspendió los decretos emitidos por el expresidente Jair Bolsonaro que facilitaban la compra de armas de fuego por parte de civiles. Con la decisión, la compra solo puede autorizarse “en interés de la seguridad pública o de la defensa nacional, y no por motivos de interés personal”.

Según los medios locales, la votación terminó con un puntaje de 5 a 2. Solo los ministros designados por Bolsonaro, Nunes Marques y André Mendonça, estuvieron en contra de la suspensión del decreto. En el caso de Marques, la tesis defendida fue que “los ciudadanos tienen derecho a defenderse”, en la línea del discurso del exjefe del Ejecutivo, que el viernes fue condenado por abuso de poder. “Si, en un universo de más de 200 millones de brasileños, hubo episodios esporádicos de violencia, no veo cómo pueden, aisladamente, justificar una regla destinada a obstaculizar algo que me parece un medio muy eficaz en defensa propia”, señaló el magistrado.

"El salvaje oeste"

Los decretos ya habían sido revocados, entre otras normas, al inicio del gobierno del tercer mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, pero aún así la Corte brasileña continuó con el análisis del caso. La medida del presidente detuvo también la autorización para la apertura de nuevos clubes de tiro hasta nueva reglamentación y redujo de seis a tres el número de armas que se podían tener por hogar. A mitad de mayo, el ministro de Justicia, Flávio Dino, explicó en una entrevista con GloboNews que el gobierno pensaba proponer una nueva legislación para salvar la serie de derogaciones firmadas por Lula. "Vamos a intentar hacer algo que, en primer lugar, acabe con esa liberalización general, los abusos, el salvaje oeste, que se montó ahí", remarcó el ministro en esa ocasión.

Fueron cinco los decretos derogados por el alto tribunal: La presunción de veracidad sobre circumstancias y hechos declarados para adquirir una arma de fuego; la ampliación de la cantidad de armas que pueden ser adquiridas; la adquicisión por parte de un particular de armas antes restringidas al uso de las Fuerzas Armadas; el aumento de diez años en la validez del permisopara portar armas, y la importación de armas extranjeras por parte de comerciantes y particulares.

El gobierno de Bolsonaro liberó un promedio de 619 nuevas armas por día para los CAC (grupo formado por cazadores, tiradores y coleccionistas); y el 47% de estos registros fue en 2022. En sus cuatro años de mandato, se concedieron 904.858 nuevos registros de armas a este grupo. Estos datos, pertenecientes al Ejército, fueron obtenidos en enero pasado por el portal de noticias G1, a través de la Ley de Acceso a la Información. Fue la primera vez que se divulgó el número total de nuevas armas estrenadas por Bolsonaro en toda su gestión.

La portación de armas es uno de los asuntos que polariza a la sociedad brasileña. La firma demoscópica Datafolha divulgó el sábado una encuesta en la que entrevistó a 2010 personas en 112 ciudades entre el 12 y el 14 de junio. Según sus resultados, el derecho de los ciudadanos a tener armas para defenderse fue defendido por el 50% de los encuestados (33% concordó totalmente y 17% parcialmente), mientras que fue rechazado por el 48% (un 37 % totalmente y un 11% parcialmente).

El lunes se sancionó en Brasil una ley que establece la paridad salarial para hombres y mujeres que ejercen las mismas funciones en Brasil. En ese marco, la ministra de las Mujeres, Cida Gonçalves, señaló a EFE que la gestión de Bolsonaro autorizó el odio en las redes sociales y que sus políticas de facilitación del acceso a armas para la sociedad civil contribuyeron al aumento de los feminicidios en el país. "La autorización para tener armas en las casas también tuvo consecuencias sobre las mujeres", indicó la ministra, quien afirmó que la mayoría de quienes adquieren esos armamentos son hombres. "Nadie compra armas para pacificar un país, para distribuir amor, paz y humanidad, sino que lo hace porque tiene intenciones de matar", sentenció.