La fiscala Ana Inés Salinas Odorisio pidió ayer que el exintendente de Campo Quijano, Manuel Cornejo, sea condenado a 6 años y cuatro meses de prisión de cumplimiento efectivo, y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Mientras que para la ex secretaria de Hacienda de ese municipio, Carmen Méndez, solicitó una pena de 3 años y 6 meses de prisión. La querella ejercida por el abogado Rodrigo Palazzo adhirió a esos pedidos de pena. 

Este martes se produjeron los alegatos en el juicio que por delitos económicos se sigue contra Cornejo y Méndez. 

Los abogados defensores del ex jefe comunal, Fernando Teseyra y Arnaldo Estrada, solicitaron la absolución lisa y llana y, subsidiariamente, la absolución por la duda. Mientras que la defensa de Méndez, ejercida por  Juan Martín Solá Alsina y Pablo Tobío, solicitó la absolución por la duda y, subsidiariamente, que la pena de prisión sea de ejecución condicional.

El juez Guillermo Pereyra citó a la última audiencia que tendrá lugar este miércoles a las 12 en la sala de Grandes Juicios de la Ciudad Judicial. En esta instancia Cornejo y Méndez podrán expresar sus últimas palabras antes de la sentencia. 

Salinas Odorisio consideró acreditados los 4 delitos de peculado y el de incumplimiento de los deberes de funcionario público por los que fue juzgado Cornejo.

La fiscala comenzó su alegato por el primero de los hechos de peculado, la apropiación de una camioneta Chevrolet que había sido adquirida con fondos municipales y que Cornejo no declaró, se llevó a su casa y no entregó en la transición de mando a su sucesor y actual intendente de Campo Quijano, Carlos Folloni, denunciante en la causa. 

Salinas Odorisio explicó que la apropiación de este vehículo fue el primer hecho que la fiscalía comenzó a investigar. La policía tuvo que realizar averiguaciones para ubicar el domicilio de Cornejo, y realizar un allanamiento en el que se le secuestró la camioneta, documentación original del vehículo, el manual de uso, la llave original, la cédula verde, y un certificado 08 firmado por Gonzalo Cornejo, empleado de la empresa donde fue adquirido. Mediante una cédula "azul" este último autorizaba al exintendente a conducir el vehículo. 

La fiscala citó el testimonio del socio gerente de la empresa que le vendió la camioneta a Cornejo, Humberto Santillán, quien refirió que la venta se hizo en agosto de 2018. También contó que había una oferta por la cual se podía adquirir los vehículos a menor precio pero patentados, y que solían venderlos con patente a nombre de sus empleados hasta que se transfiriera al adquiriente. Por ello, la patente estaba a nombre de Gonzalo Cornejo, empleado de la empresa que a su vez es pariente del exintendente, quien también declaró en el juicio y admitió haber sido parte de la operatoria.

La fiscala resaltó que Santillán declaró que cobró los cheques de las cuentas municipales y que al no ser proveedor del Estado, no participó de ningún proceso de contratación pública. "Hemos determinado que la camionenta fue adquirida con fondos municipales y utilizada por él (Cornejo) en los períodos que interesa, luego de que cesara su función como intendente municipal. Omitió dar ingreso del vehículo al inventario municipal", y a "Tres meses de haber cesado su función usaba un vehículo como propio que había sido adquirido con fondos de la municipalidad", dijo. Además, interpretó que Cornejo no realizó la transferencia de la camioneta con el "innegable propósito de mantenerla para sí".

El segundo hecho de peculado, se relaciona con el ocultamiento de maquinaria y otros elementos de la municipalidad en un loteo llamado Pucará, en la localidad de Cerrillos. En ese lugar se realizó otro operativo en el que se incautó esta maquinaria, herramientas de trabajo y caños que debían destinarse a la obra pública. "Allí se constata que en un sector preciso se encontraban agrupadas las maquinarias y elementos pertenecientes al municipio", dijo Salinas Odorisio. También se constató que Cornejo había firmado un contrato de locación con el dueño del lugar apellido Luna. 

Uno de los defensores de Cornejo, el abogado Fernando Teseyra, cuestionó la validez legal de ese secuestro porque no había orden judicial cuando se hizo y tampoco se le pidió autorización a Cornejo. Asimismo, recalcó que había bienes registrables y no registrables, y que no estaban a nombre de la municipalidad. 

Salinas Odorisio argumentó que el municipio tenía la posesión de la maquinaria y demás elementos, algunos de evidente uso en los servicios municipales, "como camiones aguateros o de recolección de residuos",  también dijo que con posterioridad, el juzgado de garantías convalidó el secuestro.

La fiscala citó además el testimonio del dueño del loteo, quien relató que "cuando supo que eran máquinas del municipio, pidió a Cornejo que firmaran un contrato" y también que se elabore un inventario, que luego aportó a la causa.

Señaló asimismo que este hecho permite determinar "cuál fue la conducta" de Cornejo, quien realizó los trámites necesarios para sacar de la municipalidad las máquinas y esconderlas en el loteo de la localidad de Cerrillos. La fiscala solicitó que todos los bienes sustraídos sean restituidos a la Municipalidad de Campo Quijano. 

El tercer hecho de peculado se debe a la entrega sumas de $500 a pobladores de Campo Quijano en época de campaña electoral a cambio del voto. Salinas Odorisio lo mencionó como "clientelismo político". El cuestionamiento se basa en que se usó el dinero municipal, y que no había expedientes que respaldaran esa entrega de plata, sólo había órdenes de pago sin fecha.

El cuarto hecho de peculado, también involucra a Carmen Méndez, quien tenía la "custodia de los fondos públicos". La fiscala refirió las pruebas que obtuvieron del secuestro del celular de Cornejo, en el que hallaron mensajes entre ambos acusados. 

Gastos personales a cargo del municipio 

Cornejo pedía a Méndez los saldos de cuentas, y daba las órdenes de constituir plazos fijos. "Muchos de esos mensajes tienen fines ajenos a la administración del domicilio", sostuvo Salinas Odorisio, ejemplificó que Cornejo realizaba pedidos a la secretaria para que retirara dinero de las cuentas y se lo llevara a Salta Capital cuando decía haberse quedado sin plata. También le ordenaba "que le pague a personas que no tienen vinculación con la municipalidad o que les pague en parte y en parte ese dinero se reserve".

La fiscala también dijo que en los chats de Whatsapp se pudo ver que Méndez "se hacía cargo de los gastos personales de Cornejo", como la compra de un celular para su hijo, pagos de la cuota del colegio, de cuota alimentaria a la exmujer, operaciones y cirugías. "Todo ello dentro del manejo de los fondos públicos", señaló. 

En ese contexto, dijo que Cornejo tenía firma conjunta con Méndez, en los bancos Macro y Patagonia. Citó testimonios para respaldar esta afirmación. Además, resaltó la constitución de una cuenta del municipio en el banco Patagonia cuando sólo podía tenerla en el Macro, "nos guste o no", y añadió que esa cuenta servía a las maniobras que realizaron, "inclusive producir plata con las inversiones en plazos fijos y a partir de allí la discrecionalidad del manejo de los fondos".

A su turno el querellante Rodrigo Palazzo retiró la acusación de enriquecimiento ilícito contra Cornejo, entendiendo que la figura queda comprendida en la acusación por incumplimiento de deberes y peculado.

El querellante añadió que el municipio había sido intimado para la rendición de fondos del Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social por un faltante importante, que supera los 10 millones de pesos. Partidas que tenían un destino específico. Todo lo expresado en el debate, "da cuenta que los imputados", tenían "conductas penales típicas de peculado", ya que tenían la administración y custodia de los caudales públicos", argumentó. 

Refirió también que hay más de 44 plazos fijos de los que no se ha determinado el fin de su uso. "Sumado a ello, para justificar el retiro de los fondos, se ordenaba al personal de tesorería que se imputaran a gastos reservados". 

Palazzo destacó "el perjuicio por los recursos públicos desviados", ya que los fondos que no encontraron respaldo "podrían haber sido utilizados para mejorar servicios públicos, infraestructura y los programas sociales". "Confío en que se hará justicia y que se enviará un mensaje contundente contra la corrupción", dijo.