Los incendios intencionales en el Delta que el año pasado generaron masivas protestas sociales finalmente serán investigados por la justicia federal. La expectativa, señalaron fuentes judiciales, es que los responsables reciban una pena de 3 a 10 años de prisión.
Hasta el momento, hay seis personas procesadas en dos causas que se vienen tramitando en el Juzgado Federal de Victoria.
Una, que ya fue elevada a juicio oral, investiga una quema en la zona del arroyo El Tigre, en las Islas Lechiguanas, departamento de Gualeguay, frente a San Pedro-Ramallo.
La otra, que será elevada a juicio este año, es por una quema a la vera del arroyo Los Laureles, que terminó prendiendo fuego una isla que todos llaman “Del holandés”, en el departamento de Victoria, frente a Villa Constitución.
En esta última causa, se investiga un incendio que tuvo lugar en agosto cuando un hombre de origen holandés viajó a Europa y dejó el terreno al mando de su casero, que permitió a algunos apicultores instalar allí su producción.
El desastre se produjo cuando los trabajadores, al notificarse de focos ígneos en la zona, armaron un cortafuego. Pero el viento les jugó una mala pasada y rotó, transformando un foco controlado en un incendio que alcanzó unas 6.000 hectáreas.
Qué penas podrían enfrentar
El único antecedente comparable a estos juicios podría ser el que se hizo por el atentado a la fábrica militar de Río Tercero (Córdoba), ocurrido en 1995. En ese proceso, se aplicó el artículo 186 del Código Penal, que prevé penas para “el que causare incendio, explosión o inundación”.
Por haber causado la muerte de 7 personas, dañado a más de 300 y generado problemas de salud mental en la mayoría de la población circundante, a los acusados por las explosiones en Río Tercero les pesó el inciso 5° del artículo 186, o sea, penas de 8 a 20 años de prisión.
En el caso de los incendios en el Delta, al no haber víctimas fatales, los eventuales responsables podrían enfrentar una pena de 3 a 10 años (excarcelable, en el caso de recibir el mínimo), siguiendo el inciso 1° del artículo 186 del Código Penal, que castiga a quienes pongan bienes en peligro.
