El cardenal nicaraguense Leopoldo Brenes desmintió las informaciones que aseguraban que  Rolando José Álvarez Lagos, obispo católico de Matagalpa (Nicaragua), severo crítico del gobierno de Daniel Ortega y condenado por “traición a la patria” haya sido excarcelado.  "Es puro especulación" afirmó el arzobispo de Managua en declaraciones a La Corporación. Según lo afirmó Brenes, el obispo Álvarez sigue recluido en el Sistema Penitenciario Nacional, la prisión de máxima seguridad de Nicaragua, conocida como "a Modelo".

Según fuentes diplomáticas el obispo había sido excarcelado el lunes por la noche, como resultado de una negociación entre el Vaticano y el gobierno de Daniel Ortega. En ese momento el religioso fue acogido por la Conferencia Episcopal en Managua. Sin embargo, como parte del acuerdo se consideró la posibilidad de que  el obispo fuera enviado a Roma o a otro país de exilio. De no ocurrir, podría ser devuelto a la cárcel. Ante esta situación Álvarez se negó a salir de Nicaragua "salvo que el Papa Francisco lo ordenara". "Monseñor Rolando Álvarez no quiere salir de Nicaragua. Quiere ser libre, sin condiciones, en su país", sostuvo en su red social el obispo hondureño José Antonio Canales, quien ha dado seguimiento a la situación de su colega.

El obispo nicaragüense se encontraba detenido desde el pasado 9 de febrero acusado de "conspiración contra la soberanía nacional y propagación de noticias falsas". El 10 de febrero un tribunal encabezado por el juez Héctor Ochoa Andino, presidente de la Sala Penal 1 del Tribunal de Apelaciones de Nicaragua, declaró culpable a Rolando Álvarez por ser autor de los delitos de “menoscabo a la integridad nacional, propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información, obstrucción de funciones, agravada desobediencia o desacato a la autoridad, todo ello cometido en concurso real y en perjuicio de la sociedad y el Estado de la República de Nicaragua”, según consta en la sentencia.

El día anterior otras 222 personas que se encontraban detenidas y acusadas de oponerse al gobierno de Ortega habían sido deportadas hacia Estados Unidos y se sabe que, tal como lo reiteró ahora,  el obispo se negó a ser deportado.

El 7 de noviembre de 2021 Ortega fue reelegido para su quinto mandato presidencial, y cuarto consecutivo, el segundo junto a su esposa, Rosario Murillo, en el cargo de vicepresidenta. Desde entonces gran número de opositores han sido encarcelados.

El presidente Ortega mantiene un severo enfrentamiento con la Iglesia Católica, interrumpió unilateralmente las relaciones con el Vaticano y acusó de “mafia” a la jerarquía eclesiástica. Respecto de la Iglesia Católica en general la acusó de ser antidemocrática por no permitir que los católicos elijan por voto directo al papa, a los cardenales, a los obispos y a los sacerdotes.

El mandatario también dijo que la Iglesia Católica, es una "dictadura perfecta" que "usa" a sus obispos para "dar un golpe de Estado" en el país centroamericano. Señaló además que algunos sacerdotes alentaron en 2018 la ola de protestas contra el gobierno que fue fuertemente reprimida y culminó con un saldo de aproximadamente trescientas personas muertas.

Similar trato al que se le dio al obispo Álvarez han recibido del gobierno otros dirigentes opositores también privados de su nacionalidad. Por lo mismos motivos Daniel Ortega dispuso el cierre de numerosas organizaciones no gubernamentales, religiosas y medios de comunicación, procediendo a la expropiación de muchos de sus bienes

El papa Francisco se refirió públicamente en varias oportunidades el obispo detenido, pidió por su liberación y se declaró “entristecido” por lo que está ocurriendo en Nicaragua. Se sabe además que activó los mecanismos diplomáticos de la Santa Sede con participación de la Conferencia Episcopal para alcanzar su libertad. También el gobierno de Estados Unidos reclamó en el mismo sentido.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) había exigido la liberación del obispo, pidiendo a las autoridades nicaragüenses que garanticen "un trato digno" al prelado "mediante el acceso inmediato a servicios de salud, medicamentos y alimentación adecuada", así como el contacto con "familiares y abogados", entendiendo que el detenido se encontraba en situación de "extrema vulnerabilidad".

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