"Fran" Riquelme y tres de sus sicarios fueron puestos tras las rejas luego de ser imputados por las balaceras a escuelas y comisarías, la cárcel de 27 de Febrero al 7800 y un domicilio particular. Es que si bien Riquelme estaba preso en Piñero desde donde ordenó los ataques, con mensajes escritos incluidos para lograr, por ejemplo, ingresar aparatos de comunicación o mejorar las condiciones de encierro, sus tres secuaces estaban en libertad. Se trata de Alexis Álvarez, Eric Enrique y Kevin Sosa, quienes perpetraron los ataques armados contra el Complejo Educativo Nº 517 “Rosa Ziperovich” y la Escuela Nº 84 “José Mármol”, con la finalidad de generar temor y conmoción pública. “Pudimos exponer la crueldad con la que se ejecutan estos incidentes”, dijo la fiscal Valeria Haurigot y consideró que la reconstrucción de los hechos permitió entender la secuencia completa de los ataques y “el desprecio hacia la vida de los demás” con el que se manejaban. “Lo que buscaban particularmente era generar conmoción pública, infundir temor, causar intranquilidad en la población”, resumió la fiscal. En tanto su par Franco Carbone, del Equipo para el Abordaje de Delitos Cometidos con Armas de Fuego, destacó que cuando encargaban el trabajo requerían un video y la mención del hecho en medios de comunicación como requisito para que los sicarios “cobren” el trabajo. Otra de las particularidades del caso es que al menos uno de los imputados tenía un trabajo registrado, en blanco. Era a la par de ese empleo que se dedicaba a balear instituciones del Estado. Se trata de Eric Gabriel Enrique, soltero de 23 años, operario de producción en una fábrica de plástico.

Riquelme, sindicado como jefe de una banda ligada al capo narco Esteban Alvarado, fue imputado por hechos cometidos entre abril y mayo pasado. El acusado está preso, entre otros delitos, por la balacera a Mariana Ortigala, una testigo clave del juicio a Alvarado, enemigo de la banda de Los Monos y condenado el año pasado a prisión perpetua.

Los fiscales de la Unidad de Delitos Cometidos con Armas de Fuego de Rosario le imputaron a Riquelme ser el cerebro de los ataques a tiros contra las dos escuelas mencionadas, una vivienda de Arévalo al 6000, las seccionales 16° y 20°, y el Complejo Penitenciario de zona oeste. Las balaceras ocurrieron entre el 8 de abril y el 30 de mayo pasados y, según los fiscales, tuvieron por objeto conseguir una mejora en las condiciones de detención de Fran Riquelme y provocar “intimidación pública”.

“Los imputados tuvieron como finalidad amedrentamiento para que permitan el ingreso de objetos prohibidos al lugar de alojamiento de Francisco Riquelme, mediante la flexibilización de las requisas efectuadas a las personas que concurren allí en carácter de visitas”, indicó la acusación. A la vez, buscaron “infundir temor y conmoción pública, y a la comunidad educativa en particular, provocando el cese temporal de actividades escolares y movilizaciones civiles por reclamos de seguridad”.

Tras detallar la imputación por delitos de intimidación pública, amenazas, abuso de armas y daños, entre otros, los fiscales pidieron la prisión preventiva para los cuatro acusados, que fue dictada por el plazo de dos años por el juez de la audiencia, Florentino Malaponte, añadió el MPA.

Una de las pruebas es contundente. Se trata de un video, encontrado en un celular secuestrado, en el que se ve a varias personas festejando lo que informa un noticiero: una balacera contra una escuela y la suspensión de las clases. Los fiscales aseguran que el hecho de que los ataques sean noticia era uno de los requisitos para el pago por “el trabajo”. El otro requisito era filmarse a ellos mismos cometiendo el hecho. Esto, para los investigadores, significa un “cambio de conducta”. “Ya no es el video en el que se jactaban del hecho con una especie de morbo, sino que son videos cortitos donde no se ven las caras pero sí la maniobra y esto es justamente la rendición de cuentas que se hace para tener el pago. Y a eso se le suma que se haga pública la noticia. Son dos requisitos para que se haga el pago”, detallaron.

La banda -incompleta- de Riquelme fue cayendo a través del tiempo: hace un mes Flavia Fabiana Argañaraz, pareja de Riquelme, fue detenida y acusada de integrar la  banda de su novio. La mujer de 28 años fue capturada en allanamientos realizados por la Agencia de Investigación Criminal y la Tropa de Operaciones Especiales en los barrios Industrial, Ludueña y Echesortu, por pedido de la fiscal Haurigot. En su caso, le secuestraron 14 kilos de marihuana en un domicilio de Matienzo al 400, por lo que también debe rendir cuentas ante la Justicia federal. La mujer fue imputada por los fiscales Adrián Spelta y Patricio Saldutti, por haber sido la encargada del control, custodia y rendición de la venta de droga de la estructura delictiva, y de ser quien aportaba los datos a los sicarios para que cometieran balaceras. 

En torno a Argañaraz hay una fuerte sospecha de los investigadores judiciales de que ella sería la explicación de los ataques a tiros ahora imputados. La suposición radica en que la joven de 28 años se negó a ser requisada en el ingreso a la cárcel de Piñero –donde estaba alojado su novio en el pabellón de presos de alto perfil– a finales de abril. Esa situación derivó en que sea suspendida por 60 días como visita.

Después de la resolución que le impidió volver a entrar a ver a su novio ocurrieron los mencionados atentados, y en las escenas de los ataques se encontraron carteles con mensajes dirigidos al Servicio Penitenciario por “verduguear” a presos de alto perfil. De acuerdo a fuentes consultadas, fue el único recluso de esos pabellones que tuvo incidentes con su visita.

Fue tan fuerte la sospecha de que Riquelme buscó atentar contra las instituciones para enviar un mensaje al Servicio Penitenciario, que el 2 de junio pasado fue trasladado al penal federal de Ezeiza, donde también está alojado su presunto socio, el condenado jefe narco Esteban Lindor Alvarado.