La Cámara de Diputados aprobó anoche, y giró al Senado, el proyecto de ley para atender la situación de tomadores créditos hipotecarios UVA. Fueron 134 votos afirmativos, 40 negativos y 18 abstenciones. La media sanción se alcanzó con el respaldo del Frente de Todos, la UCR, Interbloque Federal, y Provincias, pero se opusieron el Pro y Evolución radical. El proyecto denominado Sistema Integral de Cobertura y Promoción de Créditos Hipotecarios (UVA) pone límites a las cuotas de los deudores hipotecarios y establece que la actualización mensual del saldo del capital se calculará en base "a la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (IAR)”. De este modo, la cuota a abonar no debe superar el 30 por ciento de los ingresos de los deudores. La iniciativa crea en paralelo el Fondo Fiduciario de Compensación y Promoción Hipotecario (FFCPH) que, con el aporte de diferentes impuestos, completará "la diferencia entre la cuota pagada por el deudor y la que debiera percibir la entidad financiera según las condiciones originales del contrato”. Además, establece la suspensión por un año de los juicios de desalojo, lanzamientos, embargos o cualquier tipo de medidas preventivas o cautelares en trámite sobre aquellas viviendas adquiridas a través de este tipo de crédito. Como contrapartida, la oposición intentó derogar la Ley de Alquileres vigente, pero no lo consiguió. 

También avanzaron otros puntos del extenso temario de la sesión en la Cámara baja. Diputados dio media sanción al proyecto de violencia digital contra las mujeres, inspirado en la “Ley Olimpia” con 191 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención. Además, se logró media sanción el proyecto de ley para la regulación del Ejercicio Profesional del Acompañamiento Terapéutico para que los trabajadores sean considerados profesionales autónomos. La iniciativa que unificó los proyectos presentados Soledad Carrizo (UCR), de Virginia Cornejo (Pro) y Daniel Gollan (FdT) --y tuvo dos modificaciones en su artículo 3 y 23— obtuvo 197 afirmativos y solo 3 en contra de los libertarios Javier Milei, Victoria Villarruel y Carolina Píparo.

“El ejercicio profesional del acompañamiento terapéutico comprende a quienes con matrícula habilitante intervienen a través de un abordaje bio-psicosocial integral, en el marco de un equipo interdisciplinario y/o por indicación de un profesional de la salud tratante a cargo, para facilitar la rehabilitación de la persona acompañada”, sostiene el texto del proyecto. Como así también para “prevenir eventuales recaídas, identificar situaciones de riesgo y promover su reinserción en el ámbito comunitario, promoviendo el ejercicio efectivo de sus derechos, bajo el paradigma de salud comunitaria y colectiva”.

Casi por unanimidad, salvo también el voto en contra de los tres libertarios, la Cámara baja dio media sanción al proyecto que declara “Monumento Histórico Nacional” al Parque de la Constitución Nacional. Una intervención urbana, al borde del Río Paraná en la Provincia de Santa Fe, que conmemora los principios de nacionalidad, ciudadanía, federalismo y república que rigen la vida de los argentinos desde la sanción de la Carta Magna en la ciudad de Santa Fe, el 1° de mayo de 1853.

Cruces por Jujuy, Chaco y alquileres

La sesión estuvo signada por diferentes cruces en oficialismo y oposición, donde Juntos por el Cambio no dudó en meter en el debate en el recinto la campaña electoral. El radical jujeño Jorge Rizzotti, fue el primero en tirar la piedra cuando en la cuestiones de privilegio y en referencia a la crisis que desató la reforma de la constitución de Jujuy que impulsó el gobernador radical y precandidato a vicepresidente por JxC, Gerardo Morales, arremetió contra el Presidente de al Nación: “Por los hechos acaecidos en la provincia de Jujuy, con acciones ilegales e ilícitas ejecutadas por violentos que no fueron hechos aislados, sino planeados, orquestados y ejecutados por personas y organizaciones sociales y/o políticas que habiendo sido rechazadas en las urnas en procesos democráticos, tratan de quebrar el estado de derecho, con un uso extremo de violencia, con delitos y oscuros métodos extorsivos y sediciosos”, fundamentó.

“So pretexto de un reclamo legítimo de los trabajadores de la educación, y la modificación de la Constitución, han salido a desestabilizar a un gobierno”, agregó Rizzotti para luego cargas culpas contra la dirigentes social Milagro Sala --encarcelada luego— y compararla comparándola con el chaqueño Emerenciano Sena, preso por un femicidio. “No vamos a tolerar los jujeños que con plata del Estado nacional se financie la violencia en nuestra provincia. Vamos por el cambio en el país”, cerró.

No fueron pocos los que salieron a responderle. La jujeña Leila Chaher (FdT) se refirió al tratamiento “exprés” de la Constitución que el gobernador Morales “adelantó la votación y entre gallos y medianoche se votó”. Habló entonces de “un rechazo masivo a una reforma inconsulta, de espaldas al pueblo”, y al que el gobernador “respondió con represión”. “Hay un pueblo que quiere ser escuchado”, dijo, y enarboló a continuación una foto donde se veía a un adolescente de 17 años que perdió un ojo “porque la policía de Gerardo Morales reprimía con órdenes de apuntar y disparar a los ojos de los manifestantes”. Concluyó pidiendo que “no dejemos que Juntos por el Cambio vuelva a gobernar nuestro país. El patrimonio de los violentos, nunca más”.

También hubo réplicas desde la izquierda. Romina del Plá (FIT-PO) celebró “la rebelión popular que está ocurriendo allí, un pueblo que se ha rebelado contra la reforma constitucional de Morales, y una docencia que se ha rebelado contra los salarios de hambre”. “En Jujuy, con la reforma constitucional, quieren prohibir que las mujeres salgamos a la calle a repudiar por los femicidios, como se hace habitualmente en Jujuy; quieren prohibir que las docentes salgan a la calle a reclamar por sus salarios; que las comunidades originarias denuncien el saqueo del litio y defiendan sus tierras”, sumó Miriam Bregman (FIT-PTS).

Natalia Sarapura (UCR-JpC), salió en defensa de su correligionario y el oficialismo jujeño: “en Jujuy se castiga a los violentos. Díganme si no es violencia tomar edificios públicos, quemar la Legislatura… El proceso de Jujuy es de respeto a la institucionalidad. De dejar la patria del caos”, se justificó. Carolina Moisés (FdT), en tanto, presentó una cuestión de privilegio contra el gobernador Morales “por amenaza personal”, contra ella y contra “todos los jujeños por expresar nuestras opiniones libremente en la provincia”.

Luego le respondió a Sarapura y señaló que lamentaba “que algunas diputadas estrenen su banca mintiendo, más si son originarias. No son 80 comunidades, sino 430 registradas por el INAI, de las cuales el 85 por ciento están en tierras fiscales y el nudo del problema en Jujuy son el agua y la tierra, que han sido declaradas de uso exclusivo de la provincia. La trampa es que las tierras que son de las comunidades que tienen personería jurídica, pasan a ser propiedad del Estado provincia. Y si alguien se queja, automáticamente el Poder Ejecutivo les saca la personería jurídica y dejan de tener derechos sobre esas tierras”. Luego calificó al gobernador Morales “violento, extorsionador y mitómano, porque hoy está mostrando su verdadero rostro, para que (Rodríguez) Larreta lo ponga de vicepresidente. Los jujeños no le tenemos miedo al gobernador… Los argentinos tendrían que tenerle miedo a Morales”.

La macrista chaqueña Marilú Quiroz (PRO), recordó a Cecilia Strzyzowski a la hora de los homenajes. “En este momento sensible que vive la Argentina y en especial nuestro querido Chaco que duele. Quiero rendir un homenaje a Cecilia, víctima de violencia de género. A ella y a todas las mujeres víctimas de violencia de género”. Recordó que Cecilia está todavía desaparecida y que el femicidio fue “en manos de César Sena y sus suegros, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, socios políticos del actual gobernador de Chaco y candidato a ser reelegido”. “Así se manejan las cosas en este Chaco. La impunidad a la orden del día, la corrupción”, continuó para finalmente, agradeció a “los medios nacionales” por visibilizar el tema.

Otra diputada chaqueña, María Lucila Masín (FdT), expresó su “respaldo, abrazo, solidaridad y respeto a Gloria (la madre de Cecilia) y su familia en un caso que por supuesto nos conmueve como sociedad”. Y planteó una cuestión de privilegio hacia “los medios de comunicación hegemónicos, y concretamente a la lista 653 de Juntos por el Cambio que participó en las elecciones de mi provincia y que ha demostrado una mediatización de un hecho tan grave como es el femicidio de Cecilia”.

Los cruces continuaron cuando el macrista Hernán Lombardi pidió la incorporación al temario la ley de alquileres y su derogación, que no tiene dictamen ni acuerdo. “Es una ley que no funcionó, nosotros decimos que también contó con la anuencia de nuestro bloque, pero es una catástrofe”, dijo y remarcó que “los inquilinos están angustiados y los propietarios están espantados”. “Por supuesto que el deterioro del salario real, al cual han llevado las erráticas políticas de este desgobierno, no tiene parangón por lo menos en la historia de la democracia argentina”, fustigó para luego desafiar y chicanear al oficialismo: “Consulten al presidente (Alberto Fernández), que no ejerce, a vuestra jefa política (Cristina Kirchner), al ministro (Sergio Massa), que además es candidato. Pero sería mejor quizás no consultar a ninguno de los jefes, escuchen a la gente que está sufriendo todos los días”.

El presidente del bloque oficialista, Germán Martínez (FdT), acusó a Lombardi de estar “en modo electoral” y recordó que estaba “proponiendo un proyecto que no tiene dictamen de comisión”. “Cuando uno trata un tema de esta sensibilidad, si no es que está en modo electoral, lo tiene que hacer con la suficiente altura para plantear el debate con la profundidad que lo reclama; y, en segundo lugar, lo tiene que hacer escuchando absolutamente a todos como sí se hizo en el plenario de comisiones”, subrayó y le apuntó a Lombardi: “Usted está representando a ese sector y nosotros vamos a seguir representando a los inquilinos que tienen que ser protegidos”.

Myriam Bregman (FIT-PTS) señaló que la propuesta de JpC “no ataca a la Ley de Alquileres por las deficiencias que tiene, sino lo que se pretende es dejarle las manos libres al mercado inmobiliario”. “La ley claramente tiene muchas críticas, pero acá se la trata de empeorar y no de mejorar para los inquilinos”, agregó.

“Hay un cinismo tan grande en el debate de este tema. ¿Qué es lo que pretendemos? ¿Hacerle creer a los inquilinos que los defendemos de un lado y del otro?”, señaló Graciela Camaño del Interbloque Federal. “Nadie tiene la fórmula mágica para la resolución de los alquileres. Ahora, si enserio queremos debatir la Ley de Alquileres, seamos democráticos, traigamos la orden del día la recinto, se vota y el que gana, gana”, aseveró al justificar su abstención en la votación que con 113 votos rechazó la incorporación al temario, contra 102 afirmativos y 9 abstenciones.

Finalmente, JxC enarboló como una bandera de campaña electoral el pedido de 13 diputados de todos los bloques que integra la alianza opositora y el Interbloque Federal, que solicitaron una sesión especial para el 23 de agosto para tratar la derogación de la Ley de Alquileres.