El último Censo Nacional Agropecuario de 2018 elaborado por el Indec muestra que en quince años se perdieron un 25 por ciento del unidades productivas de alimento. Si la comparación es con el censo de 1988, la pérdida fue del 41,5 por ciento. Un promedio de 5678 unidades por año.

De acuerdo a los datos de dicho censo, las explotaciones de menos de 500 hectáreas (unas 180.000 unidades que componen el 80 por ciento del total) ocupan apenas el 11 por ciento de la tierra. En cambio las de más de 10.000 ha (el 1 por ciento del total) ocupan el 40 por ciento de la tierra cultivada en Argentina. Más de 33 millones de hectáreas, es decir dos provincias de Buenos Aires.

Para los pequeños y medianos productores que producen entre el 40 y el 80 por ciento de los alimentos que comemos, esta tendencia se ha intensificado en los últimos años y tiene cara de jaque mate luego de la sequía y la falta de políticas públicas diferenciadas por parte del Estado. La concentración económica tanto a nivel de producción como de valor agregado y comercialización influye directamente sobre la inflación de los alimentos.

Una lucha despareja

“La situación es muy complicada. La sequía si bien es general, afecta en particular a los pequeños y medianos productores. Porque el que tiene mayor capital, el pool de siembra, el terrateniente, por lo general trabaja en distintos lugares. Hay una diversificación del riesgo. En cambio al pequeño productor lo agarra de lleno”, explica Pablo Paillole, productor del sur de Santa Fe y dirigente de las Bases Federadas, un desprendimiento de la Federación Agraria Argentina. 

“Al no haber políticas de contención por parte del Estado se está verificando un gran fenómeno de concentración de la propiedad de la tierra. Y, por ende, de la producción. Porque ese pequeño productor tiene que afrontar un nuevo ciclo productivo y no hay créditos. Entonces no tiene capital de trabajo para emprender la próxima cosecha. Ante esa situación lo que termina haciendo muchas veces es alquilando el campo. ¿A quién se lo da? Al vecino no, porque esta en la misma situación. Se lo termina dando a los pooles de siembra”, continúa.

En la zona, los rendimientos no superan los 10 quintales por hectárea (cuando en un año normal alcanza los 45 quintales). A esto se le suma el aumento de los precios dolarizados de los insumos y la tasa de interés. El Estado, lejos de atender esta situación o abordar la infinidad de leyes y políticas públicas que vienen siendo sugeridas desde la Mesa Agroalimentaria Argentina (de la que Bases Federadas forma parte), otorga beneficios a los grandes productores como el dólar soja. Además de otras ganancias que obtienen estos grupos económicos gracias a la especulación con la brecha cambiaria o los precios (producto de la concentración en grandes cadenas de comercialización donde también invierten).

“Hay que tener en cuenta que el 70 por ciento de la producción en Argentina se hace sobre la base de arrendamientos. Hay 1000 propietarios de tierra que se llevan una renta parasitaria que no vuelve a la producción, sino que ingresa al sistema especulativo. Unos 8000 millones de dólares por año de renta por el solo hecho de tener un titulo de propiedad de dudosa legitimidad en muchos casos”, se queja Paillole.

Una nueva ley de arrendamiento

“Es central que la Argentina tenga una nueva ley de arrendamiento. Tiene que redefinirse el sujeto agrario porque se ha incurrido en una forma muy heterogénea de producción y una nueva ley tiene que entender esa heterogeneidad”, cuenta Ricardo García, productor de Entre Ríos y secretario de la Federación de Cooperativas Federadas (FECOFE). “Hay que desandar de alguna manera todo este proceso donde la leche recorre centenares de kilómetros para industrializarse y vuelve a recorrer esos kilómetros para poder vender un sache de leche en el lugar donde se produce”, explica.

 “Hay ejes rectores que tienen que ser respetados, como la sustentabilidad de los bienes comunes, como suelo y agua, con sistema de rotación debidamente establecidos y controlados por el Estado. El Instituto de Suelos del INTA Castelar ha publicado que perdemos cerca de 200 mil ha anuales en la Argentina producto del modelo productivo que estamos aplicando”, agrega.

“El tema de los arrendamientos afecta de forma directa a la inflación en los alimentos. El campo que alquila el vecino se le cobra de acuerdo a los quintales de soja y no al precio de la leche que produce. Eso repercute directamente en el precio”, cuenta Pailolle. “Por otra parte hay que poner un tope a la cantidad de ha que puedas alquilar. No puede ser que un pool de siembra te esté alquilando 70 mil ha. En el proyecto de ley que presentamos dice que nadie puede alquilar mas que 5 unidades económicas. También regular el tema de los plazos y los precios”, continúa.

La actual Ley de Arrendamientos (13.246) es de 1948 y su última modificación fue en 1980. En septiembre del año pasado, en medio de un Verdurazo donde se entregaron 20.000 kilos de alimentos sanos y baratos, la MAA ya presentó en el Congreso entre otros cinco proyectos una nueva propuesta de ley. “Es necesaria alguna instancia de debate y discusión donde tengamos la parte científica, comercial, la parte estratégica, de desarrollo, donde participen las universidades, las diferentes fuerzas políticas y empecemos a darnos los argentinos una norma actualizada sobre unos de los recursos más importantes que tenemos”, concluye García. 

* Licenciado en Economía de la Universidad Torcuato Di Tella y master en Periodismo de la Universidad del País Vasco.