Las autoridades italianas entregaron a las de Uruguay al coronel retirado Hermes Mario Tarigo Giorgano, prófugo y acusado de asesinar a un militante de izquierda durante la dictadura en 1973, según confirmó el Cuerpo de Carabineros de Italia.
El militar en retiro fue descubierto en Capaccio por los carabineros de la estación local que procedieron a identificar al hombre de 82 años, también a través de las huellas dactilares, porque no tenía pasaporte, implementando luego una orden de captura emitida por la Fiscalía General de la Nación. Luego, fue escoltado al aeropuerto de Fiumicino para su extradición, donde fue detenido por las autoridades sudamericanas. Tarigo Giorgano tenía una orden de captura internacional en Interpol por "homicidio muy especialmente agravado". Según asociaciones uruguayas por la memoria histórica, que siguen la pista de miembros de la dictadura buscados por crímenes, Tarigo era capitán durante la dictadura, pero se retiró como coronel.
Días atrás, el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Perciballe, indicó que al llegar a Uruguay Tarigo iba a ser llevado al Juzgado Penal de 27º Turno de Montevideo para comparecer ante la jueza Silvia Urioste. "Una vez que llegue al país, la Fiscalía, como ya tiene los elementos y como ya él declaró, va a ratificar el pedido de procesamiento, porque ya existía, y, en ese caso, la jueza estaría en condiciones de decretar su procesamiento", detalló el fiscal en diálogo con EFE.
El caso Alter
La presunta víctima de Tarigo Giordano fue Gerardo Moisés Alter, un joven de 27 años nacido en la ciudad bonaerense de La Plata. Era un militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) en Argentina y luego en Uruguay del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN). En agosto de 1973, dos meses después del golpe militar en Uruguay, Alter fue detenido junto a otros dos guerrilleros tupamaros y llevado al Batallón Florida, un centro de detención donde murió debido a las torturas a las que fue sometido.
En octubre de 2011 fueron procesados por este crimen los militares Arturo Aguerre y Antonio Gómez Graña, que junto a Tarigo fueron reconocidos como partícipes de la detención de Alter y admitieron la existencia de torturas en el Batallón Florida. Tarigo también es investigado en la Justicia uruguaya por el asesinato del también militante del MLN-Tupamaros Walter Arteche. La Justicia italiana concedió su extradición por la causa Alter, por lo que para que sea juzgado por el homicidio de Arteche, Uruguay debe solicitar a Roma la ampliación de la extradición.
Otros antecedentes
El caso de Tarigo Giorgano no es el primero de un represor latinoamericano que se esconde en Italia. El también uruguayo Jorge Néstor Troccoli, conocido torturador del Cuerpo de Fusileros Navales (FUSNA), cumple condena por sus crímenes en Italia, donde llegó en 2007 escapando de la justicia de su país amparándose de su ciudadanía italo-uruguaya.
La Justicia italiana llevó a cabo durante años un juicio para tratar de esclarecer el asesinato de ciudadanos y activistas italo-latinoamericanos en el marco del Plan Cóndor, impulsado por Estados Unidos en América Latina en las décadas de 1970 y 1980. Se trató de una operación clandestina que coordinó las tareas de inteligencia, persecución y asesinatos de opositores a los regímenes dictatoriales de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.
El 9 de julio de 2021 el Tribunal Supremo de Italia confirmó las cadenas perpetuas a 14 militares y jerarcas de Chile y Uruguay acusados de asesinatos y desapariciones en el Plan Cóndor. La cadena perpetua solo afectó a Troccoli debido a que fue el único imputado presente en el juicio romano por vivir en Italia, mientras que el resto de criminales fueron condenados en ausencia por estar en sus países, muchos ya detenidos.
La última dictadura en Uruguay, tuvo lugar entre 1973 y 1985. Tras finalizar, en 1986 se aprobó en ese país la "Ley de Caducidad", refrendada por la ciudadanía en las urnas en 1989 y 2009, que brindó durante años una amnistía a militares y policías que violaron los derechos humanos durante la dictadura y delegaba en el Gobierno la decisión de qué casos podían ser juzgados. Con la llegada del Frente Amplio al poder en 2005, se buscaron excepciones a la ley para iniciar varios juicios a militares y políticos por su rol en esa época. Una sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de 2011 permitió ampliar los procesos, que llegaron a producir condenas de cárcel de hasta 30 años.
