La Auditoría General de Gestión del Ministerio Público de la Acusación (MPA) evalúa pedir la suspensión provisoria del fiscal Fernando Rodrigo. "El sustento de la denuncia es fuerte", reconoció una alta fuente judicial consultada por este diario, sobre el accionar del fiscal denunciado por ordenar escuchas al teléfono de su ex pareja y a la madre de ésta. De confirmarse las irregularidades, el caso podría ser el primero en llegar a juicio disciplinario, del que no hay antecedentes en el marco del nuevo sistema penal, en el país. Las sanciones, en esa instancia son dos: la suspensión por 30 días, sin goce de sueldo, o la remoción del cargo.

Para evaluar la conducta del fiscal Rodrigo hay dos canales: la fiscal de Cañada de Gómez, Natalia Benvenuto, está cargo de la investigación penal; mientras que la responsabilidad disciplinaria administrativa le compete a la Auditoría, a cargo de María Cecilia Vranicich. El sustento para ambas tiene que ver con las medidas que se pusieron en marcha desde la denuncia de otro empleado de la Fiscalía.

Según se indicó a este diario, en las próximas horas se resolverá un pedido de suspensión preventiva del funcionario que desde la semana pasada está licenciado en su puesto y le fueron quitadas todas las causas a su cargo en la Unidad Fiscal de Investigación y Juicio.

Desde el MPA no se cansan de repetir que el caso es de extrema gravedad institucional. Ahora deben seguir los canales legales antes de sancionar al funcionario que usó cuatro legajos judiciales, en los que ordenó escuchas, para agregar el teléfono de su ex pareja y de la madre de ésta, con el fin de tener un control de sus comunicaciones.

Un dato para nada menor es que Rodrigo estuvo a cargo de la oficina de Violencia de Género, entre 2014 y 2015, donde recibió críticas por parte de organizaciones de Mujeres, en cuanto a las respuestas que se les brindaba a las víctimas. 

El trámite al que se enfrenta el fiscal tiene pasos a seguir, en lo administrativo. La Auditoría tiene dos normativas que cumplir: por un lado, la ley 13.013; y por el otro, el reglamento disciplinario de la resolución de Fiscalía General. En el marco de la investigación disciplinaria se puede pedir al fiscal General, Jorge Baclini, la suspensión preventiva. Una cuestión llamativa es que esa medida preventiva es "con goce de sueldo" mientras dure el proceso, ya que "rige el principio de inocencia" hasta la sanción.

La evaluación siguiente tiene que ver con averiguar si se cometió una falta grave de mal desempeño que implique llevar al fiscal a un juicio disciplinario, que equivale al jury contra un juez. La ley 13.013 establece una etapa de admisibilidad, otra de investigación preliminar administrativa y luego la Auditoría puede acusar o archivar el caso. Si acusa, se llega a juicio disciplinario. En ese punto, no hay antecedentes. Se sabe que es un juicio muy similar a los penales, con audiencias de debate, pero aún no está establecido el criterio en cuanto a la publicidad. Quien juzga es un tribunal compuesto por un diputado y un senador, un representante del Colegio de Abogados de una circunscripción diferente a la del fiscal acusado, un fiscal regional de otra jurisdicción y el fiscal General, que votará solo en caso de empate de los otros cuatro.

En cuanto a lo penal, Benvenuto evalúa si el funcionario cometió un delito que deba ser sancionado por el Código Penal. Aunque no se indicó qué delitos estarían en juego en el caso, podrían aparecer acusaciones por incumplimiento de deberes, abuso de funciones o invasión a la privacidad.