Me dijeron que en el Reino del Revés
nadie baila con los pies
Que un ladrón es vigilante y otro es juez
Y que dos y dos son tres

María Elena Walsh

Todo vale en el reino de Morales cuando la estrategia trazada es mostrar ferocidad. Hasta salir a pedir apoyo en contra de las protestas del pueblo jujeño y en apoyo a la represión provincial... a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. No es broma y no es fake: la secretaria de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas del Gobierno de Jujuy, Marcela Infante, envió un pedido formal a la APDH para "poner en conocimiento y denunciar" "excesos en el derecho de protesta que provocan cortes de ruta nacionales y provinciales", calificarlos de "acción ilegítima", y pedir la "inmediata" intervención del organismo. La APDH respondió a lo que considera "una provocación más" señalando que viene apoyando, justamente, esos reclamos, porque "la reforma Constitucional llevada a cabo en Jujuy, implica un fortísimo retroceso en materia de derechos humanos, entre otras razones por la restricción al derecho a la protesta social, a la participación y a la manifestación y movilización pacífica". Y recordando, de paso, que el Alto Comisionado de Naciones Unidas por los Derechos Humanos se pronunció en el mismo sentido en una carta que le envió al gobernador Gerardo Morales.

Lejos de buscarbsolucionar en estas tres semanas el conflicto, el gobierno jujeño parece apostar a una escalada, tras denunciar penalmente a quienes participaron de las protestas. Muchos y muchas de los que estuvieron detenidos hoy siguen recibiendo notificaciones y se acumulan las causas, a medida que se suman las contravenciones invocadas. Un caso entre muchos al que tuvo acceso Página/12: al joven Kevin Nahuel Llanos, de 23 años, lo liberaron con dos causas abiertas; ayer se enteró que tiene seis más, que van de resistencia a la autoridad y entorpecimiento del transporte público a "estorbo funcional" y "estragos". Fue citado hoy al juzgado y no puede pagar por su defensa. 

El gobierno de Morales difunde las "más de cien causas" como propaganda, con la enumeración de multas que superan los dos millones de pesos y de las contravenciones aplicadas: Desórdenes públicos, escándalos públicos, omisión al ceder el paso a ambulancias, perjuicios a la propiedad privada o pública, reuniones públicas tumultuarias... A una "persona con retraso madurativo moderado", la multan con 42 días de trabajo comunitario. 

Mientras en la provincia se intensifican los cortes de ruta como respuesta al centenar de causas que criminalizan la protesta, Morales es repudiado cuando sale en campaña como precandidato a vice de Horacio Rodríguez Larreta: el jueves en San Luis, ambos vivieron un momento incómodo cuando un grupo de manifestantes los recibió al grito de "Morales, vos sos la dictadura". 

El jueves, por otra parte, la Multisectorial contra la reforma constitucional de Jujuy presentó un amparo colectivo ante el Superior Tribunal de Justicia para pedir la nulidad del procedimiento con el que se modificó la Constitución provincial.

Un trabajo descansado

En tierra jujeña no son pocos los que señalan, con ironía, que esta es tal vez la primera intervención pública notoria de la secretaria Marcela Infante --a la sazón, sobrina del vicegobernador de la provincia, Carlos Haquim-- en la materia de la que versa su cartera, desde que asumió en 2018 --en Jujuy hay movilidad generacional, pero todo queda en familia: entre los varios Haquim desparramados en los poderes ejecutivo, judicial y legislativo, al jurar Marcela reemplazó en este cargo a una hermana del vice, Susana Haquim, que a su vez pasó a ser diputada provincial--. 

A Haquim sobrina nunca se la vio encarando ninguna acción concreta vinculada a la causa Ledesma, la más visible de su provincia, ni a causa de lesa humanidad alguna, ni a los reclamos de los pueblos indígenas. Por el contrario, recientemente su cartera fue denunciada penalmente por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación --junto a otros estamentos de gobierno-- por la destrucción de un sitio de memoria cuando refaccionaron el Cabildo Histórico, a pesar de las advertencias judiciales previas. 

Derechos vulnerados

La nota que Infante envió institucionalmente a la APDH enumera los derechos que la secretaría considera vulnerados, al tiempo que solicita "la inmediata intervención y/o intercesión y/o mediación o colaboración activa en aras de garantizar el cumplimiento y goce de estos derechos". 

Según la nota, se ve afectado el derecho a la salud, al transporte, al abastecimiento, también "al libre acceso a la identidad" (sic), porque debido a los cortes los niños que nacen no pueden ser anotados en el Registro Civil. También se reclama por los derechos "de niños, niñas y adolescentes que no pueden tener clases", de "comerciantes, hoteleros y gastronómicos", de "negocios que atienden al turismo, como las agencias de viaje y de transporte, pues la situación no invitaba a los contingentes de turistas".

"La acción ilegítima de quienes cortan rutas nacionales y provinciales se convierten (sic) en excesivas", dice la secretaria jujeña. 

"Nos sorprende el uso en la nota que nos dirigiese, de ciertos conceptos prejuiciosos y también la descalificación de quienes se vienen manifestando en ejercicio de derechos reconocidos inequívocamente. La expresión 'excesos en el derecho de protesta' y la consideración de que se enfrentan a conductas 'ilegítimas', provenientes de una Secretaría de Estado que debe velar por la defensa irrestricta de los derechos y garantías de todos y todas, es cuanto menos inexplicable", responde la APDH. 

"Y déjenos decirle que en nada ayudan a la misión de descomprimir un conflicto de la envergadura que hoy mantiene en vilo a Jujuy y alerta a toda la sociedad argentina. Menos aún lo hacen las amenazas y la persecución penal que anuncian por estas horas", agrega. 

"Llamamos a escuchar las demandas populares, no a reprimirlas", concluye el texto.

"Es una provocación más", sintetiza Guillermo Torremare, uno de los tres presidentes de la APDH, en diálogo con Página/12. La insólita situación obliga al juego de palabras: "Entendemos que es inverosímil que, después de 40 años de democracia, una funcionaria a cargo del área de derechos humanos de una provincia le pida a una organización de derechos humanos que cumpla el rol que debe cumplir el Estado: garantizar los derechos humanos". "Todo esto se enmarca en una característica del gobierno de Gerardo Morales, la de la provocación como método", concluye. 

Eduardo Tavani, también presidente de la APDH, estuvo en Jujuy cuando se desató la represión. Junto a la delegación de organismos de derechos humanos, pidieron ver al gobernador. Como le dijeron que estaba de viaje, pidieron ver a algún funcionario. Ni él, ni el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, ni ninguno de los que viajó fueron recibidos por Infante ni por funcionario provincial alguno. 

"Queremos enfatizar que esta es una gestión deplorable del gobierno de Jujuy, que debe resolver el tema desde sus políticas públicas. En lugar de eso le pasa el problema a las fuerzas de seguridad para que repriman y al poder judicial para que criminalice. La suya es la peor de las gestiones, no resuelve sino que agrava el tema", expresa Torremare.

"También nos hemos dirigido al gobierno nacional planteándole que tiene que tener intervención en este tema, debe actuar para impedir esta escalada represiva, que creemos que va a continuar en el tiempo, se va a agravar", agrega.

"Solicitar la intervención de la APDH para que se pronuncie en contra de las comunidades originarias que con una dignidad ejemplar están defendiendo su derecho a acceder a la tierra y el agua, es desconocer lisa y llanamente la función y la historia del organismo, algo típico de la mediocridad de los funcionarios de Gerardo Morales, quien a su vez viene pisoteando los derechos a la protesta social a fuerza de balazos y terror institucionalizado", sostuvo la diputada nacional Carolina Moisés, involucrada en el reclamo que no se apaga en Jujuy a pesar de todas las amenazas y coacciones: "Abajo la reforma, arriba los salarios".