El Senado de Salta le dio sanción definitiva ayer al proyecto de ley de Incorporación de herramientas digitales en la investigación de delitos. 

En realidad es una modificación de los artículos 309 y 316 del Código Procesal Penal de la provincia, y se incorporan los artículos 309 bis, 309 ter, 309 quater, 309 quinquies, 309 sexies, y 72 bis, todos referentes a la investigación penal en el ámbito digital.

La iniciativa fue objeto de discusiones en la Comisión de Legislación General, donde hubo reuniones con la fiscala de Ciberdelitos, Sofía Cornejo; autoridades del Colegio de Magistrados, especialistas de la academia y representantes del Poder Ejecutivo provincial, lo que resaltó el senador Javier Mónico (FdT, Rosario de la Frontera) en el momento de la presentación del proyecto. 

Mónico también destacó, igual que lo hizo luego el otro legislador que se refirió al proyecto, Walter Wayar (FdT, Cachi), que "La provincia de Salta pasaría a ser pionera a nivel nacional introduciendo en su normativa procesal este medio de prueba, de evidencia digital". 

Asimismo, el representante del departamento Rosario de la Frontera sostuvo que las nuevas tecnologías "hacen necesaria una específica manera de abordar este medio de prueba que hasta la actualidad se viene abordando de manera analógica y aplicando normas que por ahí habían sido ideadas para medios de prueba físicos". Se busca, dijo, dotar al sistema de justicia de "mejores herramientas para que puedan realizar sus tareas de manera más eficiente". 

Wayar contó que en Comisión particularmente hubo un debate sobre la figura del agente encubierto, porque había posturas divididas entre quienes estaban de acuerdo el texto de la ley, que establece puede usarse un agente de incógnito "a pedido de partes", y quienes consideraban que esa debía ser una potestad solo conferida al MInisterio Público Fiscal. Sin embargo, en todos los casos decide el juez actuante, destacó el senador cacheño, y se decidió dejar el texto como estaba, porque "es mejor dar más derechos y ampliar la base que sectarizar o sectorizar". "Es una ley pionera que ha sido estudiada y construida por la interacción entre los distintos poderes", finalizó.

Entre las modificaciones, se modificó el artículo 309  de la Ley 7.690, Código Procesal Penal, y dispone, entre otras cuestiones, que la realización de las medidas previstas en los siguientes cinco artículos que se incorporan, deberán "ser ordenada(s) por el Juez de Garantías o, en los casos en los que no se requiere autorización judicial, podrá ser dispuesta por el fiscal, siempre en el marco de una investigación penal concreta, definiendo detalladamente el ámbito objetivo y subjetivo y la duración de la medida en virtud de su utilidad para la investigación".

Entre los nuevos artículos del Código Procesal Penal, el 309 bis dispone que el fiscal podrá ordenar el "aseguramiento de datos informáticos almacenados en un sistema informático o dispositivo" cuando puedan ser de utilidad a una investigacón concreta y "tenga motivos para sospechar" que podrían ser adulterados o suprimidos. 

El artículo 309 ter habilita al fiscal, o la fiscala -o el juez o jueza cuando sea necesario- a ordenar a "a todo organismo público o cualquier persona física o jurídica" de la provincia a entregar datos alojados en un dispositivo de almacenamiento o sistema informático que esté bajo su poder, siempre que esos datos se vinculen con la investigación de un delito. También podrá "solicitar a toda persona física o jurídica con asiento fuera de la provincia de Salta (pero que preste un servicio de comunicaciones en ésta) o a los proveedores de servicios de internet de cualquier tipo que allí brinden sus servicios, que presente, remita o entregue los datos de identificación de los usuarios y/o abonados, datos de conexión y los datos de facturación o pago con los que cuente en relación a dichos servicios".

El artículo 309 quater dispone que el juez o jueza de garantías actuante podrá "ordenar a requerimiento de parte y por auto fundado, el registro de un sistema informático o de una parte de éste, o de un medio de almacenamiento de datos informáticos o electrónicos". Incluso "podrá autorizar que durante la ejecución de una orden de obtención de datos se acceda en vivo a datos contenidos en memorias volátiles, cuando exista riesgo de alteración o pérdida".

El artículo 309 quinquies habilita a la jueza o juez a autorizar "investigaciones encubiertas en medios de comunicación informáticas, redes sociales, sitios informáticos de venta e intercambio de archivos, productos o servicios, juegos en línea, sitios de comercio electrónico y cualquier otro sistema informático". En ese marco podrá autorizar a que en esa investigación "se intercambien archivos o contenidos ilícitos, se compren o vendan bienes, activos digitales o servicios, se participe de foros o grupos o cualquier actividad en entornos digitales dirigida a identificar a los responsables de los hechos ilícitos investigados". 

El artículo 309 sexies dispone que el juez, o la jueza, podrá ordenar que la obtención de datos prevista en el artículo 309 quater "se realice de forma remota y sin el conocimiento del titular o usuario del dispositivo o sistema que es objeto de investigación", medida que deberá limitarse al objetivo de la investigación. 

También se modifica el artítulo 316, y autoriza la interceptación de correspondencia, intervención de comunicaciones e interceptación de datos de tráfico y contenido. 

Se incorpora además el artículo 72 bis permite que cuando el delito se extienda a otras jurisdicciones, el fiscal, o la fiscala, podrá conformar equipos conjuntos de investigación. 

Un préstamo para estudios 

El Senado también dio sanción definitiva a un proyecto de ley por el cual se autoriza al Poder Ejecutivo a suscribir un convenio de asistencia financiera y de adhesión con el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional para el financiamiento de servicios de consultoría para la "elaboración de estudios de preinversión" de la obra de pavimentación de la ruta provincial 5, en el tramo que va de Lumbreras a Pichanal. 

El préstamos es de un millón de dólares que serán destinados solo a hacer estudios de impacto ambiental de la obra y factibilidad. El monto hizo que el senador Marcelo García (Compromiso por Salta, Anta), que presentó la iniciativa pidiendo su aprobación, se sintiera obligado a explicarlo: dijo que el BID, que va a financiar la obra de la ruta, exige estos estudios, y que es oneroso porque la ruta "tiene una extensión casi de 300 kilómetros".

Asimismo, recordó que la Contadoría General de la Provincia se expidió a favor: "La deuda generada no excedería la cuarta parte de los recursos del tesoro provincial", dijo este organismo, destacó García, y añadió que la obra generará empleo, añadió, además de que el arreglo de la ruta es un viejo reclamo de su departamento, y beneficiará también a los departamentos Metán y Orán.