El juez de Paz de Cafayate, Francisco Bravo, será imputado hoy en una audiencia por incumplimiento de los deberes de funcionario público; se le reprocha haber convalidado una firma falsa en un contrato de comodato, en el marco de una causa por estafas y usurpación que ya tiene a otras cinco personas imputadas, entre las que se encuentra un abogado.

La fiscala penal de Cafayate, Sandra Rojas, dispuso la imputación del juez de Paz de esa ciudad en el marco de una investigación que lleva adelante por un caso de estafa y usurpación. El Poder Judicial informó a Salta/12 que la Secretaría de la Superintendencia de la Corte de Justicia de Salta inició este jueves un sumario al funcionario.

La investigación se inició tras la denuncia de dos personas que llevan adelante un juicio sucesorio por una propiedad heredada, quienes explicaron que el abogado que los representaba, Héctor Leccese, les retuvo la llave bajo la excusa de esperar que concluya el juicio. Sin embargo, descubrieron que la vivienda está siendo ocupada por terceros, que incluso aluden tener un contrato de comodato.

Por el hecho se imputó de forma provisional a este abogado como autor del delito de estafa por abuso de confianza, mientras que a un empresario local, su esposa, su cuñada y a una empleada de la familia se les imputó la coautoría del delito de usurpación.

La fiscala Rojas solicitó una pericia caligráfica que se realizó en el Gabinete de Documentología del Departamento de Criminalística del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, sobre una firma rubricada en el contrato de comodato esgrimido por los acusados, y que se pudo verificar que no pertenece a una de las damnificadas.

Estas firmas fueron certificadas por el juez de Paz de Cafayate, por lo que ante el resultado de la pericia, se amplió el decreto de imputación a este funcionario por la supuesta comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Leccese inicialmente representaba a la damnificada, una mujer adulta mayor, en un juicio sucesorio por la casa de la hermana fallecida, proceso que tiene 6 herederos. Después ese inmueble fue usurpado por otras personas. La mujer hizo la denuncia por usurpación y la fiscala Rojas consideró que debía restituirse el inmueble, lo que fue convalidado por la jueza interviniente, María Virginia Toranzos.

“Le dan la llave a la señora, y el abogado le pide la llave diciendo que él iba a custodiar la casa. Al poco tiempo se enteran (la adulta mayor) y su familia que en la casa había conocidos amigos de este abogado. Ante esta situación van a verlo al abogado, y les dice que la casa estaba perdida porque la señora que falleció le debía a muchas personas, algo que era falso. Le habían falsificado la firma en un pagaré a la persona que falleció. Iniciaron un juicio ejecutivo, querían rematar la casa, estuvieron a una semana de cometer esto”, explicó una fuente vinculada a la causa.

La adulta mayor se presentó con un nuevo abogado en el juicio ejecutivo y solicitaron la nulidad. El juzgado interviniente hizo lugar a ese pedido. 

Según explicó la fuente, quienes usurpaban la vivienda solicitaron el servicio de energía eléctrica y en Edesa les requerían una escritura o contrato de alquiler, papeles que no tenían, por lo que falsificaron un contrato de comodato, y la firma de la adulta mayor heredera. Mediante la pericia caligráfica se pudo comprobar la falsificación de la firma.